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ACLU se adelanta a Trump: primera batalla legal por los inmigrantes

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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con la Fundación ACLU del Sur de California, presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

El objetivo de la acción legal es obtener información sobre cómo ICE Air Operations, la red de vuelos de deportación a cargo de ICE, podría ser utilizada para llevar a cabo deportaciones masivas bajo el mandato del presidente electo, Donald Trump. 

La demanda, la primera de su tipo, se produce mucho antes de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero de 2025, y es un claro indicio de la determinación de la ACLU para defender los derechos de los inmigrantes en los cuatro años en los que el magnate está en la Casa Blanca.

ACLU: La solicitud ignorada y la necesidad de transparencia

La ACLU había presentado la solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA) en agosto pasado, buscando obtener registros sobre el funcionamiento de ICE Air Operations. 

Sin embargo, ICE no respondió. La falta de respuesta por parte de ICE fue la causa que disparó la demanda de ahora. 

La organización busca entender cómo se podrían utilizar los recursos del gobierno para deportar a inmigrantes. La ACLU argumenta que el público tiene el derecho de saber cómo se están utilizando sus impuestos, especialmente en un tema tan sensible como la deportación.

La amenaza de deportaciones masivas

Trump ha reiterado su compromiso de implementar un programa de deportación a gran escala, lo que está generando miedo e incertidumbre en las comunidades de inmigrantes. 

En 2023, los aviones fletados por ICE Air Operations deportaron a más de 140,000 personas. Además, estos vuelos se utilizan para trasladar a personas entre los centros de detención de ICE en todo el país. 

Los defensores de los derechos de los inmigrantes temen que la infraestructura de ICE, incluyendo ICE Air Operations, sea utilizada para ejecutar la deportación de millones de personas de los Estados Unidos.

La ACLU: preparada para la lucha

La ACLU está preparándose para la posibilidad de deportaciones masivas y el litigio bajo la FOIA es una parte fundamental de su estrategia. Kyle Virgien, abogado principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, declaró que la segunda administración de Trump hace necesaria la urgencia del comienzo de las acciones legales. Así es, la ACLU no se quedará de brazos cruzados mientras la administración Trump intenta implementar políticas antiinmigrantes.

La demanda: buscando respuestas 

La demanda, ACLU of Southern California Foundation v. ICE, se presentó en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. Exige que ICE entregue de inmediato los registros solicitados a la ACLU del Sur de California.

Los registros solicitados incluyen:

1. Todos los contratos y registros de ICE relacionados con el transporte aéreo para llevar a cabo deportaciones, incluyendo vuelos internacionales y domésticos.

2. Información sobre el transporte terrestre utilizado para trasladar a personas no ciudadanas a los aeropuertos para vuelos de deportación.

3. Datos sobre los aeródromos que ICE utiliza o a los que tiene acceso para las deportaciones.

4. Memorandos y directrices sobre los procedimientos de ICE para preparar a personas no ciudadanas, incluyendo a menores no acompañados, para la deportación.

Eva Bitran, directora de derechos de los inmigrantes en la ACLU SoCal, ha expresado la preocupación de la organización por la falta de transparencia en la agenda de deportación masiva de Trump. La ACLU considera que el público tiene derecho a saber cómo se podrían utilizar sus impuestos para financiar vuelos de deportación.

El uso de la FOIA: un arma poderosa para la transparencia

La ACLU ya ha presentado tres demandas contra agencias federales de inmigración que no cumplieron con las solicitudes de información bajo la FOIA. 

Estas acciones legales han obligado a ICE a comenzar a publicar información sobre su infraestructura actual y cómo podría utilizarse para implementar políticas antiinmigrantes. 

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Además de la lucha por la transparencia, la ACLU también está preocupada por las condiciones en los vuelos de deportación. La organización ya ha documentado casos de abusos y negligencia médica durante estos vuelos. 

La demanda busca obtener información sobre las políticas y procedimientos de ICE para garantizar la seguridad y el trato humano de las personas deportadas.

Un plan radical para restringir la inmigración

El plan de inmigración de Trump para 2025 no se limita a la expansión de las deportaciones. Busca restringir drásticamente la inmigración legal e ilegal. Trump planea retomar las políticas de su primer mandato, incluyendo la prohibición de entrada a personas de ciertos países y la negativa a procesar solicitudes de asilo. 

También buscará la cooperación de otros países para detener la inmigración, incluyendo la renegociación de acuerdos con México para que los solicitantes de asilo permanezcan allí mientras se procesan sus casos.

Deportaciones aceleradas y campamentos de detención

Para acelerar las deportaciones masivas, Trump planea ampliar el uso de la “deportación acelerada”. Este proceso niega a los inmigrantes indocumentados las audiencias y apelaciones habituales, lo que les permite ser deportados rápidamente. 

También se ha planteado la posibilidad de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de cárteles de la droga y pandillas criminales sin el debido proceso. 

Para alojar a los inmigrantes detenidos mientras se procesan sus casos, Trump propone la construcción de grandes campamentos de detención. 

Stephen Miller (foto), ex asesor de Trump y arquitecto de las políticas de inmigración del primer mandato, ha descrito estos planes como una “ofensiva relámpago” diseñada para abrumar a los abogados de derechos de los inmigrantes.

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Además, se especula que la nueva administración revisará los permisos temporales otorgados por razones humanitarias. Esto afectaría a miles de personas, incluidos afganos evacuados tras la toma de poder de los talibanes en 2021. También buscaría eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados, una medida que podría terminar en la Corte Suprema debido a su controversial legalidad.

Cambios en las visas y políticas migratorias

Otra medida sería cancelar las visas de estudiantes extranjeros que participen en protestas consideradas antiestadounidenses. Los consulados estadounidenses endurecerían la revisión ideológica de solicitantes para evitar la entrada de personas con “actitudes indeseables”.

El uso de poderes de emergencia en salud pública sería otra herramienta fundamental. Basándose en leyes como el Título 42, la administración de Trump podría rechazar solicitudes de asilo alegando riesgos de contagio de enfermedades infecciosas, más allá del covid.

Contexto político y judicial

Además, a diferencia de su anterior mandato, la estructura judicial es ahora más conservadora. Durante sus primeros cuatro años, Trump nombró a numerosos jueces federales y a tres magistrados de la Corte Suprema, inclinando las decisiones legales hacia la derecha. Esto aumenta las probabilidades de que sus políticas sean respaldadas en los tribunales.

Un ejemplo es el programa DACA, que protege de la deportación a personas traídas al país siendo niños. Aunque el intento de Trump por eliminarlo fue bloqueado en 2020, el cambio en la composición de la Corte Suprema favorece su revocación.

Impacto económico y social de las deportaciones masivas

Las deportaciones masivas tendrían un impacto importante en la economía y la sociedad de Estados Unidos, de hecho, ese costo sería uno de los principales impedimentos. 

Se estima que millones de inmigrantes indocumentados serían expulsados del país, lo que afectaría al mercado laboral, la vivienda y sectores clave como la agricultura y los servicios. 

Si bien algunos argumentan que esto beneficiaría a los trabajadores estadounidenses al aumentar los salarios, otros advierten sobre las consecuencias negativas para la economía en general.

Una batalla por el futuro

La demanda de la ACLU es solo el primer paso en una batalla legal que se anticipa larga y compleja. 

La organización está decidida a utilizar todas las herramientas a su disposición, incluyendo la FOIA y los tribunales, para proteger los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos. 

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Las políticas migratorias de la administración Trump seguramente serán objeto de críticas y debate, y la ACLU se posiciona como un defensor importante de los derechos de los inmigrantes en este proceso.

Con información de Daily Camera, NYT, Axios y ACLU.

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