ICE deporta estos 2 grupos de inmigrantes (a donde van, no hay plan para ellos)

El ICE y su estrategia. La vuelta de la administración de Donald Trump a la Casa Blanca es un problema para muchos, generando temor sobre millones de inmigrantes en Estados Unidos.

La preocupación no se limita únicamente a aquellos que han llegado hace poco tiempo, en general a partir de haber solicitado asilo, sino que se extiende a comunidades latinas con profundas raíces, trabajo estable e hijos nacidos en suelo estadounidense, con décadas construyendo sus vidas en el país.

Como hace décadas no pasaba con tanta crudeza, estos grupos se encuentran nuevamente en la mira de las autoridades migratorias, específicamente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Todo indica que la estrategia de “tolerancia cero” promovida por Trump no hace distinciones entre los recién llegados y aquellos con una larga trayectoria de residencia. Esta política ha puesto bajo el escrutinio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a dos grandes grupos de migrantes latinos, ambos sujetos a la acción del ICE.

Los grupos en la mira del ICE

Un primer grupo bajo la atención del ICE lo constituyen los migrantes que han ingresado al país en los últimos tiempos. Entre octubre de 2022 y enero de 2023, por ejemplo, más de medio millón de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses entraron a Estados Unidos.

A ellos se suman cerca de un millón de personas procesadas a través de la aplicación CBP One.

Su situación legal pende de decisiones judiciales, especialmente después de que se eliminaran protecciones como el parole humanitario, dejándolos expuestos a procesos de deportación liderados por el ICE.

Pero el lado más complejo de esta ofensiva del ICE apunta al segundo grupo: inmigrantes con décadas de residencia en el país, que a pesar de tener lazos comunitarios sólidos, empleos estables e incluso hijos nacidos en Estados Unidos, enfrentan órdenes de deportación.

El DHS los clasifica en categorías que el ICE persigue activamente: aquellos con órdenes de deportación ya vigentes, aquellos con antecedentes criminales, y aquellos que han violado leyes de inmigración, como permanecer en el país sin autorización legal.

Este último punto es particularmente delicado, ya que bajo la administración Trump, esta falta, que es de carácter civil, es tratada como un crimen, ampliando el espectro de personas susceptibles de ser blanco del ICE.

El perfil de los deportados por el ICE

Un estudio del Migration Policy Institute (MPI), titulado “El lado olvidado de la deportación”, publicado en abril de 2025, advierte sobre un cambio profundo en el perfil de las personas deportadas desde Estados Unidos por el ICE y otras agencias.

Según el informe, la mayoría de los expulsados ya no son migrantes detenidos al cruzar la frontera o recién llegados. En contraste, la mayor parte de los deportados por el ICE son ahora personas que vivieron durante años en Estados Unidos, consolidando vidas con hijos estadounidenses, empleos estables y vínculos comunitarios fuertes.

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Este cambio en el patrón migratorio, explicado por los autores de la investigación, María Jesús Mora y Ariel Ruiz Soto, pone de manifiesto las carencias en las políticas de retorno y las acciones del ICE.

La expulsión sin un plan de reintegración es una receta para la re-emigración irregular, advierten los autores de “El lado olvidado de la deportación”. Estos procesos llevado a cabo a la fuerza, impulsados por la política de deportación del ICE, generan ciclos migratorios muy forzados que tienen un impacto negativo tanto en los países de origen como en los de destino.

El retorno forzado sin un plan claro detrás

Al regresar a sus países, a menudo después de ser deportados por el ICE, los migrantes llegan desinformados y en un estado de alta vulnerabilidad. La angustia y el trauma sufridos dificultan que retengan la poca información que se les ofrece en los centros de recepción.

Estos centros, con recursos limitados, apenas pueden ofrecer servicios básicos como vales por montos mínimos, atención médica elemental y ayuda para el traslado final.

Por ejemplo, en México, los deportados reciben aproximadamente 2,000 pesos mexicanos (no mucho más de US$ 100) y un boleto de autobús, dice Univisión. Una ayuda que es claramente insuficiente. El informe del MPI critica que la asistencia a mediano y largo plazo prioriza lo económico, pero descuida el fundamental bienestar psicosocial de quienes el ICE ha obligado a regresar.

Además, quienes optan por regresar voluntariamente, fuera del proceso formal de deportación del ICE, no acceden a ningún servicio de apoyo. La situación se agrava para aquellos que enfrentan barreras lingüísticas o carecen de redes sociales y laborales en su país de origen.

Los programas de reintegración son limitados

Ante la realidad de recibir a miles de retornados, muchos de ellos con décadas en Estados Unidos y deportados por el ICE, países como México, El Salvador, Guatemala y Honduras han ampliado o relanzado sus programas de recepción y reintegración, en parte anticipando un mayor número de expulsiones. Solo en 2024, el MPI estima que estos países recibieron 319,000 repatriados.

El proceso de reintegración comienza en los centros de recepción, donde los retornados, a menudo estresados y desorientados tras ser procesados por el ICE, son registrados y reciben servicios básicos.

Sin embargo, la falta de coordinación entre agencias gubernamentales puede llevar a duplicación de entrevistas, aumentando la angustia.

Los programas de reintegración, a diferencia de la breve fase de recepción, buscan ofrecer asistencia a mediano y largo plazo. Históricamente, han priorizado la integración económica, enfocándose en formación profesional, asistencia empresarial y búsqueda de empleo.

El estudio menciona ejemplos como los Centros de Formación Quédate en Guatemala, que ofrecen capacitación técnica; el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional con formación en diversas áreas; y el plan de Honduras que incluye un programa de empleo en manufactura y centros de llamadas. México ha impulsado la coordinación interinstitucional y creado una base de datos con 60,000 vacantes para repatriados, muchos de ellos deportados por el ICE.

A pesar de estos esfuerzos, el informe del MPI subraya que estos programas han sido en gran medida ineficaces para mejorar las condiciones a largo plazo de los retornados, enfrentando los mismos problemas que a menudo los llevaron a emigrar en primer lugar.

Estos programas dejan de lado la estabilidad social y el bienestar psicosocial, aspectos clave para que un retornado considere establecerse y renunciar a futuros intentos de migración irregular, una consecuencia no deseada de las políticas del ICE.

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Explicado de otra manera: los que son echados por la fuerza es muy probable que si no obtienen ayuda para reintegrarse en sus países, intenten volver a los Estados Unidos.

El impacto de los recortes de financiación

Los principales obstáculos que enfrentan los programas de recepción y reintegración en México y Centroamérica son la escasez de financiación sostenible y la limitada capacidad institucional de los gobiernos para cubrir las diversas necesidades de los retornados.

Históricamente, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil han sido vitales para suplir estas carencias, dependiendo en gran medida de la financiación estadounidense.

Sin embargo, la situación se agrava drásticamente, dice el estudio del MPI. La congelación y los recortes a los recursos de ayuda exterior por parte de Estados Unidos, incluyendo una reducción del 85% de la ayuda ofrecida por USAID, amenaza la continuidad de estas iniciativas. Esto significa menos fondos para los programas que buscan ayudar a quienes el ICE ha deportado a rehacer sus vidas.

El documento del MPI es contundente: no se puede reintegrar sin fondos ni estrategias interinstitucionales. Para el MPI, Estados Unidos debe asumir su parte de responsabilidad.

Los gobiernos receptores no pueden cargar solos con la reintegración de personas que el ICE ha expulsado después de décadas en el país. Esta falta de apoyo y planificación a largo plazo por parte de Estados Unidos podría aumentar la pobreza entre los retornados y, paradójicamente, fomentar nuevos intentos de migración irregular.

El riesgo es que, si el gobierno estadounidense aumenta las deportaciones, como es el objetivo del ICE, los programas simplemente no podrán satisfacer las necesidades, lo que resultaría contraproducente.

Inmigrantes deportados y olvidados

Uno de los retos fundamentales para mejorar la reintegración es la escasa calidad y los limitados datos que se disponen. La información recopilada en los centros de recepción, donde llegan quienes han sido procesados por el ICE, a menudo queda aislada en bases de datos institucionales, con poco acceso para quienes proveen servicios en las comunidades de destino.

Garantizar la recopilación de datos detallados y desarrollar protocolos de intercambio transparentes es crucial para que los gobiernos y proveedores puedan adaptar sus servicios a las necesidades reales.

Dice el estudio que es esencial comprender que los inmigrantes que llevan décadas en Estados Unidos, y que ahora son cada vez más el blanco de las políticas de deportación del ICE, tienen necesidades distintas a las de los migrantes detenidos en la frontera.

Desarraigados de sus hogares, muchos enfrentan dificultades para superar barreras lingüísticas, crear redes sociales y profesionales, y se sienten desconectados. Es vital encontrar y apoyar a estos retornados, documentar sus necesidades y ofrecer asesoramiento personalizado.

Mirando más allá del momento de la deportación del ICE

¿Cómo les va a los retornados meses o años después de haber sido expulsados por el ICE? La investigación dice que se enfrentan a múltiples desafíos. Los programas de inclusión económica suelen llevarlos a trabajos en la economía informal que no aprovechan las habilidades que adquirieron en Estados Unidos. Los problemas de salud mental son recurrentes y afectan su capacidad para mantener un empleo. Incluso la matriculación de niños y jóvenes en escuelas puede ser difícil meses después del regreso.

Una vía para abordar estos retos es una mayor colaboración entre gobiernos y el sector privado para identificar y cubrir las brechas de mano de obra con empleos que valoren las capacidades de los retornados.

Lo que está claro en la investigación es que la estrategia actual del ICE y las políticas de deportación carecen de una visión a largo plazo. Se necesita un replanteamiento que reconozca la complejidad humana y económica de la reintegración, con una responsabilidad compartida entre Estados Unidos y los países receptores.

De lo contrario, la costosa maquinaria de deportación del ICE solo estará garantizando un flujo continuo de re-migración irregular.

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