Deportaciones: no sólo verificación de estatus, también cazarrecompensas en estados “rojos”

Las deportaciones y redadas son una realidad. Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero pasado, el panorama para los inmigrantes en Estados Unidos ha cambiado drásticamente.

Redadas y deportaciones se han convertido en un verdadero problema, y una serie de órdenes ejecutivas (de las que te hemos estado contando en este blog) apuntan a complicar la situación tanto para aquellos que buscan un estatus legal como para quienes desean ingresar al país.

La incertidumbre y el temor se han instalado en las comunidades migrantes, quienes ven cómo las leyes se endurecen cada vez más.

El enfoque principal de la administración Trump no es solo detener la inmigración ilegal, sino también desacelerar la inmigración legal.

Algunos analistas sugieren que se busca equiparar a los criminales con los inmigrantes, creando un ambiente de temor e inseguridad.

Este esfuerzo se manifiesta en un intento de desmantelar los procesos de inmigración legal, con casos de consulados donde se solicitan documentos o información adicional a personas que ya habían presentado sus papeles, lo que resulta en mayores retrasos. Sobre todo esto habla un muy interesante artículo del Washington Post.

Medidas antiinmigrantes en estados republicanos

En este contexto, varios estados liderados por el Partido Republicano, conocidos como estados “rojos”, han tomado la iniciativa de implementar medidas que van más allá de la política federal, buscando un mayor control sobre la inmigración y endureciendo las condiciones de vida para los migrantes.

Estas acciones, en algunos casos, han sido descritas como intentos de “aterrorizar” a las comunidades inmigrantes.

Estas son algunas de las medidas más controvertidas:

Cazarrecompensas de inmigrantes: Estados como Misuri y Misisipi han propuesto autorizar a cazarrecompensas para detener y llevar adelante deportaciones con inmigrantes indocumentados, dice el Washington Post, ofreciendo recompensas de hasta 1,000 dólares por pistas que conduzcan a arrestos.

Esta medida, que recuerda a prácticas del pasado en relación con deportaciones, están generando una fuerte oposición por su potencial de abuso y discriminación.

Verificación obligatoria del estatus migratorio: En el Medio Oeste, estados como Iowa y Dakota del Sur buscan incluir en las licencias de conducir una indicación sobre si el conductor es ciudadano estadounidense.

En Montana, se pretende hacer obligatoria la verificación del estatus migratorio en cada parada de tráfico y también que los empleadores verifiquen la condición migratoria de sus empleados, con alto riesgo de deportaciones.

Estas medidas aumentan el riesgo de perfilamiento racial y discriminación, y generan un ambiente de temor en las comunidades migrantes.

Facturación por educación: En Tennessee, un legislador propone facturar a los padres por la inscripción de sus hijos indocumentados en escuelas públicas.

Este intento, denominado TRUMP Act, busca disuadir a las familias migrantes de buscar educación para sus hijos, a pesar de que la Corte Suprema ha dictaminado que los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a la educación pública.

Fingerprinting de niños: Texas está liderando estas iniciativas en favor de las deportaciones. Los legisladores buscan tomar las huellas dactilares de niños migrantes indocumentados, además de prohibir a los migrantes el acceso a asistencia legal con fondos públicos y crear una Unidad de Protección Fronteriza de Texas que tenga el poder de deportar a los migrantes cerca de la frontera.

Creación de “Zares” de inmigración: Florida ha creado un “zar” de inmigración estatal con 150 empleados y un presupuesto de 500 millones de dólares, con la intención de aumentar las sanciones para los migrantes que cometan crímenes, obligar a las fuerzas del orden a unirse a los esfuerzos de detención, ofrecer bonificaciones a la policía que participe en redadas y bloquear las tarifas de matrícula estatal para estudiantes indocumentados.

Seguimiento de costos: Tanto en Texas como en Luisiana, los gobernadores han ordenado a las agencias estatales que rastreen los costos asociados con los inmigrantes indocumentados.

Esta acción busca justificar los gastos relacionados con la inmigración y legitimar nuevas restricciones, impulsando la falsa teoría de Trump de impulsar las deportaciones porque los inmigrantes son una carga para el estado.

El impacto legal y social

Estas iniciativas, según los expertos legales, desafían precedentes legales que garantizan a los inmigrantes el acceso a servicios legales, médicos y educativos, dice el Washington Post.

Algunas cortes ya han bloqueado algunas de estas medidas, argumentando que usurpan la autoridad federal en materia migratoria.

A pesar de ello, los estados siguen buscando formas de “trabajar alrededor” de las limitaciones constitucionales, usando estrategias como la contabilización de costos o la certificación de cazarrecompensas.

La motivación principal, de acuerdo con expertos, es crear un efecto paralizante que desaliente a los migrantes.

El mensaje es: “Aquí no son bienvenidos”. Este esfuerzo coincide con la retórica de la Casa Blanca, que insiste en la deportación de “millones y millones” de personas a sus países de origen, la revocación del estatus protegido para algunos grupos y el fin de la ciudadanía por nacimiento.

Deportaciones y “guerra” contra la inmigración

La situación migratoria actual se asemeja a una guerra, donde el gobierno usa “tanques y granadas” y los migrantes responden con “piedritas”. Las deportaciones se han convertido en el arma principal, y se están usando tácticas que intentan minar el sistema de inmigración, desde retrasos en procesos hasta redadas.

Lee: Nueva orden busca hacer más difíciles los casos de inmigración: no entres en crisis

No se puede pensar que con simples papeles o trámites sencillos se va a lograr el mismo resultado que con una estrategia legal.

Es importante tener expedientes sin errores, donde las fechas y el historial migratorio sean coherentes, ya que inconsistencias pueden generar sospechas.

La meta de algunos legisladores es llevar la cuestión migratoria ante la Corte Suprema, buscando anular el caso Plyler v. Doe, que garantiza el acceso a la educación a los niños indocumentados.

El argumento es que la composición más conservadora de la Corte podría cambiar el resultado. Estas acciones envían el mensaje de que las deportaciones son una prioridad.

Los migrantes en la mira: miedo y resistencia

Las comunidades migrantes están viviendo momentos de gran tensión. Algunas familias prefieren no inscribir a sus hijos en la escuela por temor. La preocupación y la ansiedad son sentimientos comunes ante la incertidumbre y las posibles deportaciones.

Es clave no dejarse desanimar por los retrasos y la hostilidad. El sistema de inmigración aún existe y hay recursos legales disponibles. Las deportaciones no son el único camino.

Esta situación exige acción, preparación y búsqueda de ayuda profesional. Cada caso es único y requiere una estrategia personalizada.

Es vital no caer en soluciones fáciles que a la larga pueden resultar más costosas. Las deportaciones son una amenaza constante, pero la preparación puede hacer la diferencia.

Es importante mencionar que estas medidas se suman a otras que se esperan en el futuro, como cambios en la política de “carga pública” que definirían qué se considera ser una carga para el estado, aunque por el momento las condiciones actuales permiten a las personas aplicar sin cambios en ese aspecto.

Es clave estar un paso adelante de estos cambios y tomar control de su futuro migratorio.

Recomendaciones para la comunidad inmigrante

Ante este panorama, la comunidad migrante debe estar alerta y tomar las siguientes precauciones:

Buscar asesoría legal: Consulte a un abogado especialista en inmigración. Un profesional puede evaluar su caso, ofrecer una estrategia personalizada y ayudarle a navegar el complejo sistema migratorio. No confíe en notarios o personas sin la capacitación adecuada.

Mantener la calma, pero estar atento: Es importante no dejarse llevar por el miedo. Si bien el ambiente es hostil, existen mecanismos legales para defender sus derechos. Manténgase informado sobre los cambios en la ley y no dude en buscar ayuda si lo necesita.

Construir estrategias sólidas: No se conforme con soluciones fáciles. Cada caso requiere un análisis minucioso y una estrategia bien planificada. Es fundamental que los expedientes estén impecables y sin errores.

Es cierto que los cambios de Trump buscan dificultar los casos de inmigración, pero no los hacen imposibles. Las deportaciones son una preocupación, pero no deben ser el único foco.

Con la preparación adecuada, el asesoramiento legal correcto y una actitud proactiva, los inmigrantes aún pueden lograr regularizar su estatus en Estados Unidos.

Recuerde que el miedo no debe paralizarlo, la clave es estar informado, actuar con inteligencia y buscar el apoyo adecuado.

Las deportaciones no son una sentencia final. Con preparación, asesoría y determinación, es posible enfrentar este difícil panorama y seguir luchando por una vida digna en Estados Unidos. Mantener la calma, pero no bajar la guardia.

Las deportaciones son el resultado de un sistema que busca intimidar, pero la comunidad migrante puede resistir con inteligencia y organización.

La clave es la acción. Las deportaciones no deben ser la última palabra, son la herramienta de un gobierno que no entiende el valor de la migración.

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