Una orden de la administración Trump había determinado que los jueces de la Corte de Inmigración no tenían derecho a agremiarse. Biden les podría devolver este beneficio
La situación en la frontera de México y Estados Unidos es cada vez más crítica y el sistema migratorio se muestra cada vez más colapsado e ineficiente. Los jueces de la Corte de Inmigración están colapsados de trabajo y la gente tiene que esperar muchísimos años para que se procesen sus solicitudes. En este difícil contexto, los jueces ven con alivio que el gobierno de Biden no se oponga a que vuelvan a tener representación colectiva mediante su gremio.
La decisión se informó la semana pasada cuando el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos anunció que dejará de oponerse al pedido de los jueces de la Corte de Inmigración para organizarse colectivamente en un gremio. Esto permitiría impugnar un fallo de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que, desestimando los precedentes legales, dictaminó que los jueces de la Corte de Inmigración son funcionarios oficiales y por lo tanto no tienen derecho a agremiarse legalmente.
¿Por qué es importante que los Jueces de la Corte de Inmigración tengan un gremio?
Los jueces de la Corte de Inmigración tienen en sus manos importantes decisiones sobre el futuro de los inmigrantes. Por ejemplo, son quienes deciden finalmente si alguien es deportado o no. Como consecuencia, se trata de una labor crucial que se ve empantanada cuando afloran las presiones políticas y la escasez de personal. Esta situación se acentúa en los momentos de crisis en la frontera de México y Estados Unidos.
Actualmente, hay solo 500 jueces de inmigración aproximadamente. Ellos deben ocuparse de una larga lista de espera que cuenta con más de 1.3 millones de casos y va en aumento. Considerando este panorama, la administración Biden prometió contratar como mínimo 100 jueces de inmigración más para así ayudar a descongestionar la abrumada Corte de Inmigración.
Como si este estado de colapso fuera poco, la libertad de asociación y representación colectiva de los jueces se vio coartada durante la administración Trump. Un fallo en contra de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) impulsado por William Barr, fiscal general del gobierno republicano, fue el responsable. Este fallo anuló todos los certificados legales de la NAIJ y con ello negó el derecho de asociación de los jueces, abandonándolos a ser víctimas de las presiones políticas y poniendo en riesgo la independencia de la Corte.
Alrededor de 470 jueces de la Corte de Inmigración son miembros de la NAIJ. Actualmente, bajo la representación de la firma Latham & Watkins, la asociación puja por recuperar su estatus legal mediante peticiones y solicitudes legales. El argumento para respaldar el fallo contra la NAIJ se ha basado en la premisa de que los jueces de inmigración sientan precedentes y crean importantes políticas al emitir sus decisiones.
En contraposición, los jueces sostienen que la Corte de Inmigración no tiene facultades para sentar precedentes de ningún tipo y que solamente se limitan a aplicar la ley y las directivas que establece el Departamento de Justicia.
Los demócratas apoyan a los jueces de la Corte de Inmigración
Tanto el fiscal general Merrick Garland como el Departamento de Justicia recibieron presiones por parte de los demócratas en el Congreso y algunos otros gremios. El objetivo es apoyar el reclamo de los jueces y allanar el camino para que puedan volver a contar con su gremio.
Dana Marks, jueza de inmigración de San Francisco, señaló que sin la oposición del Departamento de Justicia es probable que la FLRA reconsidere su dictamen dado que ya no existe apoyo para la medida. Además, recordó que se trata de una decisión profundamente errada que debe ser rápidamente revertida.
Esperamos que Dana Marks esté en lo cierto y que pronto los jueces de la Corte de Inmigración puedan recuperar su gremio y su autonomía para que así todo el sistema migratorio funcione de manera eficiente y justa.
Si estás atravesando un problema de inmigración y necesitas asesoramiento legal, no dudes en ponerte en contacto con el equipo de la abogada Erika Jurado. Llámanos al 1-855-910-8244 y cuéntanos tu caso. ¡Atendemos casos en todo el país!
