Cientos o miles de inmigrantes se vieron afectados con las nuevas reglas de carga pública durante la administración de Donald Trump pues se vieron obligados, para cuidar sus trámites migratorios, a no solicitar apoyos sociales que les corresponden y son un derecho para ellos.
El gobierno del ex presidente Donald Trump anunció en agosto de 2019 una nueva regla de carga pública enfocada en padres de familia inmigrantes sin estatus legal que buscaran entrar o que vivieran en el país de forma ilegal, la cual entró en vigor en octubre de ese mismo año.
De esa forma, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó una nueva norma en la que estableció que aquellos inmigrantes legales que pudieran convertirse en una “carga pública” no podrían obtener una visa, ni la residencia permanente (greencard) y tampoco la ciudadanía estadounidense.
¿Cuál fue el argumento? La normativa se basó en la idea de que los inmigrantes que quisieran residir en la Unión Americana debían ser capaces de mantenerse por sí mismos y que las ayudas del Estado debían reservarse a los nacionales del país.
¿Cómo afectó la norma de carga pública impulsada por Trump?
Activistas en favor de los derechos de los inmigrantes señalaron en su momento el hecho de que los funcionarios de migración podrían negar la residencia permanente o la ciudadanía a aquellas personas que consideraran que tenían probabilidad de necesitar ayudas públicas en el futuro.
Lo anterior, a pesar de que estos, son apoyos que también están disponibles para ellos, y aquí algunos ejemplos:
Dicha reglamentación afectaba a quienes recibían ayudas públicas como los cupones para alimentos (llamados food stamps) o los subsidios para el pago de alquiler, proporcionados a personas que viven por debajo del umbral de pobreza.
Pero también cerraba las puertas de Estados Unidos a quienes hubieran recibido atención sanitaria a través del Medicare, entre otros programas públicos.
Factores para aplicar la normativa de carga pública de Trump
A continuación una tabla hecha por el portal de la BBC que enumera cinco factores relevantes que las autoridades tomaban en consideración para aplicar esta normativa impulsada por el ex presidente Donald Trump.
- 1.- Si el inmigrante ha recibido o, incluso, si ha obtenido aprobación para obtener ayudas públicas (aunque no las haya utilizado).
- 2.- Si la persona ha pedido que le exoneren del pago de las tasas para los trámites migratorios, pues esto demostraría que su situación financiera no es sólida.
- 3.- El historial crediticio. En Estados Unidos cada ciudadano recibe un puntaje de crédito según su solvencia y el gobierno espera que los inmigrantes tengan una puntuación similar o superior al del estadounidense promedio.
- 4.- La disponibilidad de recursos económicos. USCIS evaluará si el inmigrante parece estar en capacidad de hacer frente a una emergencia médica en el futuro, para lo cual tomará en cuenta si dispone de un seguro médico privado.
- 5.- La educación y las habilidades profesionales. El gobierno de EU evaluará si la persona cuenta con una formación que le permita obtener y mantener un empleo. El conocimiento del inglés es uno de los elementos a considerar en este punto.
“Con esta nueva regulación, los inmigrantes que no cumplan con estos requisitos o que tengan probabilidad de depender de ayudas públicas como el seguro de salud público Medicare en el futuro podrán verse impedidos de entrar en Estados Unidos. En el caso de aquellos que ya se encuentran en territorio estadounidense, no podrán obtener la residencia permanente o adquirir la ciudadanía”, indicaba la nota de BBC del 12 de agosto de 2019.
Califican la norma de Trump como racista
Y precisamente por estos motivos, la norma fue tachada de racista.
“La nueva regla de carga pública del presidente Trump es un ejemplo más de cómo este gobierno le da la espalda a la gente que pelea para lograr una vida mejor para ellos y para sus familias”, dijo la entonces fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la misma nota de la BBC.
Y además agregó que “bajo esta norma, los niños pasarán hambre, las familias se quedarán sin atención sanitaria”.
“Nosotros entendemos muy bien que estas son leyes racistas que están intentando reducir el número de personas que vienen a los Estados Unidos de países de Latinoamérica y otros lugares que no se consideran deseables por esta administración y también que quieren dañar la salud de estas comunidades de manera económica”, señaló en esas fechas Raúl Preciado Méndez, portavoz de Latino Network para Univisión.
Y dos años después…
Más de dos años se aplicó esta normativa promovida por el republicano Trump hasta que “el 2 de noviembre de 2020, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois anuló la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública (84 Fed. Reg. 41,292 (14 ago. 2019), modificada por la Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública; Corrección, 84 Fed. Reg. 52,357 (2 oct. 2019) (Regla Final de Carga Pública) en todo el país”, indica la USCIS en su portal.
Aunque, “esa decisión fue suspendida por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito”, acota.
Sin embargo, “el 9 de marzo de 2021, el Séptimo Circuito levantó su suspensión y entró en efecto la orden de anulación de la Regla Final de Carga Pública emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Cuando la orden de anulación del fallo entró en efecto, USCIS detuvo inmediatamente la aplicación de la Regla Final de Carga Pública a todas las solicitudes y peticiones pendientes que pudieran haber estado sujetas a la regla”, detalla USCIS.
“Además, USCIS ya no aplicará la “condición de beneficios públicos” separada, pero relacionada, a las solicitudes y peticiones de extensión de estadía de no inmigrante y cambio de estatus de no inmigrante”, señala Inmigración.
“En otras palabras, USCIS no considerará la recepción de Medicaid por parte de un solicitante (excepto la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno), la vivienda pública o los beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) como parte de la determinación de inadmisibilidad por carga pública”, afirma.
“Esto significa que los solicitantes de ajuste de estatus no deben proporcionar el Formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia, o cualquier evidencia o documentación requerida en ese formulario con su Formulario I-485. Los solicitantes y peticionarios de una extensión de estadía de no inmigrante y cambio de estatus de no inmigrante no deben proporcionar información relacionada con la recepción de beneficios públicos en el Formulario I-129 (Parte 6), Formulario I-129CW (Parte 6), Formulario I-539 (Parte 5) y Formulario I-539A (Parte 3)”, informa USCIS.
Y finalmente, en febrero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer una nueva propuesta de norma de carga pública.
Pero, los inmigrantes siguieron teniendo temor
Pero a pesar de que esta normativa fue cesada, los inmigrantes siguieron teniendo temor de solicitar estos apoyos pues no estaban seguros de que pudiera afectarles o no, en sus trámites para lograr un estatus migratorio en Estados Unidos.
“Sí, mucha gente dejó de venir a pedir ayuda por esa regla. Aunque ahora parece que ya está pasando el miedo”, le dijo Carolina Rivera, abogada en Caridades Católicas en Dallas a DallasNews apenas en marzo de este año.
La nota de Imelda García, fechada el 28 de marzo pasado, agrega que “un estudio realizado por la organización No Kid Hungry mostró que, actualmente, el 41 por ciento de las personas todavía piensa que solicitar programas de asistencia puede causarle problemas con migración”.
“De acuerdo con el Urban Institute, en el 2020 una de cada siete familias inmigrantes reportaron que alguno de sus miembros rechazó algún beneficio del gobierno, como Medicaid, CHIP SNAP o asistencia para vivienda para evitar algún problema con sus trámites de migración”, indica la nota de García.
La autora de la nota del DallasNews detalla que gran parte de esto se debe a la desinformación que causa miedo entre los inmigrantes sobre los alcances de la nueva aplicación de la regla de carga pública.
“‘Si bien las agencias gubernamentales, los hospitales y las organizaciones comunitarias han tomado medidas para minimizar las brechas en la prestación de servicios y mitigar el miedo de los inmigrantes, se puede y se debe hacer más’, dijo Donald Kerwin, director ejecutivo del Centro de Estudios de Migración (CMS) en la presentación de un informe sobre los efectos de la regla de carga pública”, expone la nota.
Durante la pandemia esta normativa tuvo un efecto directo sobre quienes fueron afectados directa o indirectamente por este nuevo coronavirus, al grado de que muchos inmigrantes, aunque se quedaron sin empleo por la crisis económica causada por el Covid-19, no solicitaron apoyos sociales. De esa magnitud fue el miedo. Esta es la primera de dos partes del artículo sobre este tema.
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