Cientos o miles de inmigrantes se vieron afectados con las nuevas reglas de carga pública durante la administración de Donald Trump pues se vieron obligados, para cuidar sus trámites migratorios, a no solicitar apoyos sociales que les corresponden y son un derecho para ellos.
El gobierno del ex presidente Donald Trump anunció en agosto de 2019 una nueva regla de carga pública enfocada en padres de familia inmigrantes sin estatus legal que buscaran entrar o que vivieran en el país de forma ilegal, la cual entró en vigor en octubre de ese mismo año.
De esa forma, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó una nueva norma en la que estableció que aquellos inmigrantes legales que pudieran convertirse en una “carga pública” no podrían obtener una visa, ni la residencia permanente (greencard) y tampoco la ciudadanía estadounidense.
¿Cuál fue el argumento? La normativa se basó en la idea de que los migrantes que quieran residir en la Unión Americana deben ser capaces de mantenerse por sí mismos y que las ayudas del Estado deben reservarse a los nacionales del país.
La “carga” pública de Trump comenzó a hacerse menos
Fueron más de dos años los que estuvo aplicándose esta normativa, pero ese panorama adverso para los inmigrantes comenzó a revertirse en noviembre de 2020, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois anuló la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública.
Aunque, “esa decisión fue suspendida por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito”, informa USCIS en su portal.
Sin embargo, “el 9 de marzo de 2021, el Séptimo Circuito levantó su suspensión y entró en efecto la orden de anulación de la Regla Final de Carga Pública emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos”, agrega.
Y finalmente en febrero de 2022 el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer una nueva propuesta de norma de carga pública. Y esta es información que tiene que tomar muy en cuenta la gente que quiere aplicar a través de una petición familiar.
Aquí te decimos cuáles reglas están vigentes en lo que respecta a los motivos para considerar a un inmigrante como carga pública y cuáles son las últimas propuestas del presidente Joe Biden.
¡Aguas con agarrar beneficios públicos!
En tiempos de Trump, señaló la abogada Erika Jurado en febrero pasado, “hablábamos en ese entonces de que había que tener cuidado porque si su hijo agarraba beneficios públicos y tú estabas tratando de agarrar papeles, el gobierno iba a pensar que tú no podías sostener a tus hijos y simplemente te negaban el caso”.
“Y entonces se dijo que la regla no era consistente con los valores estadounidenses, porque excluía a bastantes personas”, afirmó en febrero pasado.
La propuesta de Biden incorpora la solicitud de algunas personas que pedían o decían que se deberían de considerar beneficios en efectivo, que es el TANF (Temporary Assistance to Needy Families), y también que se debería de considerar el SSI (Beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario) al momento de que excluye otros beneficios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
Excluye el SNAP para considerar la carga pública y excluye beneficios de transporte, y otro tipo de medicare temporal. Cuando una persona de repente necesita una operación, o se alivia de un parto, por ejemplo. Pero lo que sí incluye es la hospitalización de largo plazo.
“Así que si tú vas a estar hospitalizado de largo plazo o institucionalizado ahí sí podría ser determinado carga pública. Si está solicitando SSI, también podrían considerarlo carga pública”, dijo la abogada de inmigración.
¿Se incluyen beneficios recibidos por la pandemia en la nueva definición de carga pública?
La propuesta excluye beneficios que son prohibidos en conexión con emergencias públicas como la pandemia.
“Esto va a ser respirar a muchas personas que ya no querían ni siquiera meter sus papeles que en algún momento solicitaron beneficios. Y por esto mucha gente se desanimaba y no quería meter sus casos de inmigración.
“Esta nueva regla de la carga pública vuelve a convertir en humana la regla de la carga pública y vuelve a revivir el espíritu de la ley de inmigración cuando se trata de la ley de la carga pública”, dijo la abogada.
Por lo pronto, USCIS aplica lo siguiente:
“Aplicamos el estatuto de inadmisibilidad por motivos de carga pública, (sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)), conforme a la Guía Provisional de Campo de 1999 para determinar si un no ciudadano es inadmisible por motivos de carga pública. La Guía Provisional de Campo de 1999 es la política que estuvo vigente antes de la Regla Final de Carga Pública de 2019. La Regla Final de Carga Pública de 2019 ya no está en efecto”, informa en su página de internet.
A continuación te damos la información sobre los beneficios públicos que USCIS toma en consideración cuando hace determinaciones de inadmisibilidad por motivos de carga pública.
Para empezar, no considera las vacunas o beneficios público relacionados con la pandemia por el Covid-19.
“Puede buscar los beneficios y servicios necesarios relacionados con la pandemia (cuidado médico, asistencia alimentaria, programas de vivienda, y otros) para los que es elegible – sin temor de que esto tenga consecuencias negativas en su estatus de inmigración”, detalla la oficina.
Tampoco aplica la “‘condición de beneficios públicos’, que está separada, pero relacionada, a las solicitudes y peticiones de extensión de estadía de no inmigrante y cambio de estatus de no inmigrante debido a que esa condición formaba parte de la Regla Final de Carga Pública de 2019 ahora anulada”, expone.
Lo que sí considera, y como ya se había mencionado, es recibir “cuidado institucional prolongado de un no ciudadano (por ejemplo, en un hogar de ancianos o institución de salud mental a expensas del gobierno)”, indica.
¿Qué significa ser carga pública bajo la Guía Provisional de Campo de 1999?
“La Guía Provisional de Campo de 1999 define una carga pública como un no ciudadano ‘que se ha convertido (para propósitos de deportación) o que es probable que se convierta (para propósitos de admisión o ajuste) en un dependiente primordialmente del gobierno para propósitos de subsistencia, según demostrado ya sea a través de dinero en efectivo para ingresos, o institucionalización para cuidado a largo plazo a expensas del gobierno. La institucionalización por periodos breves para rehabilitación no constituye una dependencia primordial’”, detalla USCIS.
¿A quiénes le aplica la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública?
“La causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública aplica a los solicitantes de admisión o ajuste de estatus. Sin embargo, existen excepciones – ciertos no ciudadanos están exentos”, informa.
¿Quiénes están exentos de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública?
Algunos no ciudadanos están exentos de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública, entre los que se incluyen:
- Solicitantes que buscan obtener estatus de refugiado o asilado;
- Ciertos no ciudadanos que buscan obtener estatus de no inmigrante T (víctimas de trata de personas);
- Ciertos no ciudadanos que buscan obtener estatus de no inmigrante U (víctimas de actividad criminal);
- Solicitantes de Estatus de Protección Temporal;
- Solicitantes de registro;
- Ciertos solicitantes que buscan reconocimiento como indios estadounidenses nacidos en Canadá; y Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer.
Para información detallada sobre cuáles categorías de no ciudadanos están sujetas y exentas de la inadmisibilidad por motivos de carga pública, vea las tablas correspondientes en los apéndices del Manual de Políticas de USCIS, Volumen 8, Admisibilidad, Parte G, Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública.
¿Cuáles beneficios públicos considera USCIS cuando determina si un solicitante es inadmisible bajo la causal de carga pública?
Bajo la Guía Provisional de Campo de 1999, USCIS considera los beneficios de asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos que recibió, recibe o recibirá el no ciudadano. La asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos incluye:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI),
- Asistencia en efectivo bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y
- Los programas estatales y locales de asistencia en efectivo que proporcionan beneficios para mantenimiento de ingresos (comúnmente llamados programas de “asistencia general”).
- También consideramos la institucionalización para cuidado a largo plazo a expensas del gobierno, por ejemplo, en un hogar de ancianos o una institución de salud mental.
¿Qué programas de beneficios públicos no considera USCIS?
Por lo general, no considera los beneficios no monetarios al hacer las determinaciones de carga pública. El único beneficio no monetario que considera es la institucionalización para cuidado a largo plazo a expensas del gobierno. Tampoco considera asistencia en efectivo para propósitos especiales que no están destinados a mantenimiento de ingresos.
Algunos ejemplos comunes de beneficios no monetarios incluyen:
- Medicaid y otros servicios de salud y seguros de salud (que no sea apoyo para cuidado institucionalizado a largo plazo), incluida la asistencia pública para inmunizaciones y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisibles, clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo);
- El Programa de Seguro Médico para Niños;
- Programas de nutrición, que incluyen cupones de alimentos, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar, y otros programas de asistencia alimentaria suplementaria y de emergencia;
- Beneficios de vivienda;
- Servicios de cuidado de niños;
- Asistencia energética, como el Programa de Asistencia de Energía para El Hogar de Bajos Ingresos;
- Ayuda en caso de desastre de emergencia;
- Ayuda en la crianza y asistencia para la adopción;
- Asistencia educativa, incluidos los beneficios bajo la ley Head Start y la ayuda para la educación primaria, secundaria o superior;
- Programas de capacitación laboral; y
- Programas, servicios o asistencia en especie basados en la comunidad (como comedores sociales, asesoramiento e intervención en crisis y refugio a corto plazo).
- Tampoco consideraremos los programas estatales y locales que son similares a los programas federales listados arriba. Además, no consideraremos pagos en efectivo devengados (como beneficios de Seguro Social Título II), pensiones gubernamentales, beneficios de veteranos, entre otras formas de beneficios devengados.
¿Qué sucede si un familiar que vive en el mismo hogar del solicitante utiliza un beneficio público? ¿Contará esto contra el estatus de inmigración o elegibilidad para beneficios de inmigración del solicitante?
“Como regla general, no. No consideraremos el beneficio que un familiar recibe, a menos que ese beneficio sea el único medio de apoyo financiero de la familia y el solicitante viva en el mismo hogar. En ese caso, podríamos considerar tal beneficio al tomar la determinación de carga pública del solicitante”, explica USCIS en su web.
¿Qué sucede si USCIS denegó mi caso bajo la Regla Final de Carga Pública de 2019 antes de que la revocación de la regla entrara en efecto?
No te readjudicarán peticiones de beneficios denegados bajo la Regla Final de Carga Pública de Trump, pero puedes presentar una nueva solicitud o petición para ver si eres elegible.
Esa nueva solicitud o petición se adjudicará bajo la Regla Provisional de Campo de 1999 “(si es una solicitud para admisión o ajuste de estatus) o bajo las regulaciones que existían antes de la Regla Final de Carga Pública de 2019 (si es una solicitud o petición para extensión de estadía o cambio de estatus)”, detalla USCIS.
Si presentaste el Formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia, ¿cómo afectará dicha información a la decisión de USCIS sobre tu solicitud de ajuste de estatus?
Si presentaste el Formulario I-944 con el Formulario I-485, y USCIS adjudicó el Formulario I-485 en o después del 9 de marzo de 2021, no considerará ninguna información proporcionada que se relacione únicamente con la Regla Final de Carga Pública de 2019, incluida la información proporcionada en el Formulario I-944.
“Si necesitamos información adicional para hacer una determinación de inadmisibilidad por carga pública, le enviaremos un nuevo Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID) para solicitar dicha información”, dice la oficina de inmigración.
¿Cómo determina DHS si un no ciudadano es sujeto a deportación como carga pública?
Los estándares que definen quién está sujeto a deportación por motivos de carga pública –dice USCIS– son limitados y los cargos de deportabilidad basados en la causal de carga pública son raros.
“Bajo la INA, un no ciudadano está sujeto a la deportación si se convierte en una carga pública dentro de cinco años después de su entrada a Estados Unidos por las razones no demostradas afirmativamente que hayan surgido desde su entrada”, detalla.
Pero apunta que “el simple recibo de beneficios públicos dentro de los cinco años siguientes a su entrada no hace que un ciudadano sujeto a deportación se considere una carga pública”.
Además, un no ciudadano está sujeto a deportación sólo si:
- La agencia que otorga el beneficio tiene el derecho legal de solicitar el repago de parte del no ciudadano, o de otra parte que tenga la obligación (por ejemplo, un patrocinador bajo una declaración jurada de patrocinio económico);
- La agencia otorgante de beneficios demanda el repago; y
- El no ciudadano u otra parte que tenga la obligación, como el patrocinador del no ciudadano, no hace el repago.
La agencia que otorga los beneficios –agrega– debe solicitar el repago dentro de los cinco años siguientes a la entrada del no ciudadano a Estados Unidos, obtener una sentencia definitiva, tomar todas las medidas necesarias para cobrar esa sentencia y no tener éxito en esos intentos.
Incluso si se cumplen estas condiciones, abunda USCIS, el no ciudadano todavía puede demostrar que la razón por la que se ha convertido en una carga pública surgió después de su entrada a Estados Unidos. Un no ciudadano que puede demostrar esto no está sujeto a deportación por motivos de carga pública.
Así, para que los inmigrantes se quiten el temor de solicitar sus apoyos sociales, USCIS también los exhorta a pedirlos.
“Estamos comprometidos a restaurar la confianza en nuestro sistema de inmigración legal e identificar barreras administrativas excesivas o injustificadas, así como otras barreras que impidan el acceso a los beneficios de inmigración y la adjudicación justa y eficiente de esos beneficios.
“Uno de los objetivos de esta orden ejecutiva es reducir la confusión y el temor que podrían haber impedido que los inmigrantes y sus familias, incluso sus hijos, obtuvieran acceso a los servicios fundamentales del gobierno que están disponibles para ellos.
“Debemos asegurarnos de que la confusión y el temor no disuadan a los inmigrantes y sus familias, quienes muchos son trabajadores esenciales y de primera línea de ayuda, de obtener acceso a servicios importantes del gobierno a los que son elegibles para mantener sus familias seguras y saludables.
“Uno de los objetivos principales de nuestros esfuerzos es aumentar la equidad y evitar la injusticia”, expone USCIS en su portal.
A esperar la aprobación de la propuesta de Biden
En tanto, “esperamos ya con ansias que esta ley (la propuesta de Biden presentada en febrero pasado) pase por todo el procedimiento hasta que sea publicada. Porque ¿imaginense que sale Biden y entre otro presidente como el anterior, que nomás no quiera a los inmigrantes y que se le ocurra de nuevo redefinir la carga pública? No lo va a poder hacer tan fácilmente”, dijo la abogada Erika Jurado.
“Porque va a tener que pasar por el proceso de regulación, por eso Biden lo quiere asentar en una regulación para que otro a futuro no vaya a querer venir a cambiarlo así porque sí, y excluir a un gran número de personas que pueden emigrar legalmente a Estados Unidos”, señaló también la abogada.
Tener ya aprobada por el Congreso estadounidense esta propuesta de ley de Biden en materia de carga pública, representará el cerrar la última ventana a todo lo que tenía que ver con las reglas de carga pública de Trump y se acabará el temor de los inmigrantes cuando se trate de solicitar apoyos sociales al país que vienen a aportar tanto.
Esta es la segunda parte de este artículo. Te invitamos a leer la primera parte aquí.
Si tienes una situación migratoria complicada y quieres resolverla con alguien de confianza, con experiencia y paciencia, no dudes en agendar una cita con el equipo de la abogada Erika Jurado. ¡Nos enfocamos en todo tipo de casos migratorios y tenemos licencia para trabajar en todos los Estados Unidos!
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