El gobernador de Texas, Greg Abbott, busca cerrar las escuelas públicas a niños indocumentados.
El camino que quiere seguir para este propósito es tratar de revocar una decisión judicial de 1982 que obligaba a las escuelas públicas a educar todos los niños, incluidos los inmigrantes.
Lo que argumenta Abbott, quien busca su reelección para un tercer mandato como gobernador, es que la gran cantidad de niños inmigrantes que llegan supone una carga “extraordinaria” a las escuelas de Texas.
Gobernador de Texas, Greg Abbott, afirma que educar a niños indocumentados pronto se volvería “insostenible e inasequible”
“El gobernador dijo que educar a los niños indocumentados pronto se volvería “insostenible e inasequible” si el gobierno federal levanta su política pandémica de rechazar a muchos inmigrantes en la frontera, conocida como Título 42”, refiere un artículo de J. David Goodman publicado el 5 de mayo pasado en The New York Times.
“La oficina del gobernador ha dicho que el costo de cada estudiante adicional inscrito en las escuelas públicas de Texas es de aproximadamente $6,100 por año, sin incluir el costo de brindar servicios bilingües y de educación especial, que suman más de $2,000 en gastos adicionales”, indica el texto.
Hasta junio del 2021, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) que atiende a menores que viajan sin compañía de un adulto, reportaba 15 mil menores bajo su cuidado y menos de 3 mil en instalaciones de emergencia.
Proteger a niños, niñas y adolescentes indocumentados es el reto
“La violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica, en particular de México y algunos países de Centroamérica. Esto los obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus países”, dice el informe Migración de niñas, niños y adolescentes de la UNICEF publicado en 2017.
“La violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica, en particular de México y algunos países de Centroamérica. Esto los obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus países”, expone el documento.
“En muchos casos, los niños transitan solos por México hacia la frontera con Estados Unidos para reunirse con sus familiares que viven en aquel país o buscando una vida mejor”, explica.
“En 2017, casi 9,000 niños, niñas y adolescentes mexicanos que llegaron a Estados Unidos sin documentos fueron repatriados; la mayoría viajaban sin la compañía de un adulto”, detalla el informe.
“En el mismo año, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, las autoridades migratorias detectaron 18 mil 300 niñas y niños extranjeros (provenientes de países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador) en territorio mexicano. De ellos, 16 mil 162 fueron retornados a sus países de origen”, refiere el documento de UNICEF.
“Los niños y niñas migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar”, apunta.
Abbott busca su reelección para un tercer mandato como gobernador de Texas
Cabe resaltar que Abbott es un republicano que se postula para un tercer mandato como gobernador de Texas, quien dijo que “‘resucitaría el caso Plyler y ‘desafiaría este tema nuevamente’, aunque no dio un plazo para hacerlo”, indica el artículo del Times.
“‘El verdadero quid del desafío sería decir, escuchen, estamos lidiando con miles de millones más al año sólo en gastos de educación, entonces usted, el gobierno federal, es solo gracias a usted, y es su responsabilidad pagar eso’, dijo Abbott”, señala el artículo.
“No estaba claro por qué medios planeaba seguir adelante con un desafío legal, ni si el fiscal general de Texas, Ken Paxton, estaría de acuerdo”, agrega el texto de Goodman.
“Pero adoptar una postura dura sobre la inmigración ha sido un lugar políticamente cómodo para Abbott. Usó el tema para hacer retroceder a los retadores en las primarias republicanas, y ha vuelto a él en su contienda por las elecciones generales contra Beto O’Rourke, el demócrata y excongresista de El Paso”, indica el artículo de The New York Times.
“‘No considero que esto sea un frente nuevo’, dijo Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense. ‘Considero que sus comentarios son un silbato desesperado para reforzar sus perspectivas de reelección’”, expone el artículo.
¿Qué es el caso conocido como Plyler v. Doe?
En 1982 la corte emitió una decisión de cinco a cuatro para derogar una ley de Texas que permitía a las escuelas negar la admisión a niños inmigrantes sin papeles migratorios, refiere Goodman.
“En una opinión del juez asociado William J. Brennan Jr., la Corte anuló el estatuto, que cortó los fondos estatales de los distritos escolares locales para educar a los niños que no habían sido ‘admitidos legalmente’ en los Estados Unidos. Bajo esa ley, los distritos locales podrían cobrarles matrícula a los niños o prohibirles la escuela”, señala el artículo de Linda Greenhouse publicado el 16 de junio de 1982.
“La decisión marcó la primera vez que la Corte Suprema sostuvo explícitamente que la garantía de protección igualitaria de la Enmienda 14 ‘se extiende a cualquier persona, ciudadano o extranjero’, que se encuentre dentro de los límites de un estado, independientemente de su estatus migratorio”, indica.
“El Tribunal rechazó unánimemente el argumento de Texas de que la cláusula de igual protección no se aplicaba a los extranjeros ilegales. Pero si bien era esencial para el resultado, ese problema era solo preliminar en el caso. Los jueces discreparon fuertemente sobre el tema final ante la Corte: si el derecho de los niños extranjeros a ‘igualdad de protección’ abarcaba el derecho a la misma educación ofrecida a todos los demás niños en Texas”, refiere.
“Al concluir que sí, el juez Brennan escribió sobre el papel fundamental de la educación ‘en el mantenimiento de la estructura de nuestra sociedad’, del ‘inestimable precio’ que se cobra por la falta de alfabetización básica y de la injusticia de penalizar a los niños por situación ilegal de sus padres. ‘’La legislación que dirige la responsabilidad de la mala conducta de un padre contra sus hijos no concuerda con las concepciones fundamentales de la justicia’, dijo el juez Brennan”, explica el documento.
“La ley de Texas, la única que corta los fondos escolares para extranjeros ilegales en la nación, había sido impugnada en demandas separadas por el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense y por un grupo de abogados de asistencia legal”, detallaba sobre el contexto de la ley impugnada en aquel 1982.
“Tuvo éxito al argumentar que, si bien la educación no es un derecho fundamental en abstracto, la ley de Texas debe someterse a un mayor escrutinio porque “impone dificultades de por vida a una clase discreta de niños que no son responsables de su estado de discapacidad.
”Al negarles a estos niños una educación básica”, dijo, ‘les negamos la capacidad de vivir dentro de la estructura de nuestras instituciones cívicas, y cerramos cualquier posibilidad realista de que contribuyan, incluso en la forma más pequeña, al progreso de la sociedad. nuestra nación’. Al revisar la ley, dijo, ‘podemos tomar en cuenta apropiadamente sus costos para la nación y para los niños inocentes que son sus víctimas’”, expone.
“’Es difícil de entender’, dijo (el juez Brennan(, ‘precisamente lo que el estado espera lograr al prometer la perpetuación de una subclase de analfabetos dentro de nuestras fronteras, seguramente aumentando los problemas y costos del desempleo, el bienestar y el crimen’”, señala.
“Cualquier ahorro fiscal, dijo el juez, ‘son totalmente insustanciales a la luz de los costos involucrados para estos niños, el estado y la nación’”, apunta.
“Varios intentos a lo largo de los años para socavar la decisión en el caso conocido como Plyler v. Doe no han tenido éxito, incluido un esfuerzo de Alabama hace más de una década y en California en la década de 1990”, apunta Goodman en el artículo de este 2022.
¿Se impondrá el conservadurismo?
Veremos qué es lo que los jueces de la Suprema Corte tendrían que decir al respecto en caso de que Abbot lleve esta impugnación hasta las últimas instancias judiciales todo para buscar su reelección como gobernador de Texas.
Quizá, como refiere Goodman, Abbott sienta que este es un buen momento para enviar su impugnación al caso Plyler v. Doe, “después de que se filtrara esta semana un borrador de opinión que anularía Roe v. Wade, la atención se centró principalmente en otros derechos que podrían vincularse legalmente a la decisión de 1973, como el acceso a la anticoncepción y el matrimonio entre personas del mismo sexo”, pero veremos si la Corte mantiene esta postura conservadora, lo que implicaría retrocedecer en los derechos de los inmigrantes, en este caso de los niños, más allá de 1973.
