El retraso en cada corte de inmigración de los Estados Unidos experimentó un aumento sin precedentes en 2023, triplicando los tiempos de espera desde 2019.
Este incremento tiene varias explicaciones, pero la principal se relaciona con un aumento récord en el número de migrantes que están solicitando asilo tras ser detenidos por ingresar ilegalmente al país.
Los datos pertenecen al Centro de Información sobre Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.
El temor entre jueces y abogados de inmigrantes es que este crecimiento exponencial vuelva inviable un sistema que ya está muy tensionado, prolongando por varios años la resolución de solicitudes de visa (DACA, Vawa, etc…) y asilo y la deportación de aquellos que no califican para permanecer en el país.
Testimonios
En un artículo publicado por AP, la agencia rescata dos testimonios que evidencian esta situación en los tribunales de inmigración de los Estados Unidos, en especial en Florida..
En un tribunal de inmigración en Miami, por ejemplo, una joven pareja que cruzó el Río Grande hacia Estados Unidos se encontró en abril de 2023 frente a la jueza Christina Martyak, dice la agencia. A través de un intérprete, solicitaron más tiempo para encontrar un abogado que les ayude a buscar asilo, evitando así ser deportados a Honduras, donde dicen que enfrentan amenazas de las pandillas, agrega.
Si bien la jueza de la corte de inmigración le concedió una prórroga de tres meses, ya pasaron más de ocho y siguen esperando por una solución que no llega.
Su caso se suma a los 3 millones de expedientes pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Otro ejemplo es el de Mayra Cruz, una inmigrante peruana que le contó a la agencia estadounidense que está desanimada después de que la misma jueza le concedió una prórroga a su caso, pero los días siguen corriendo y sigue esperando que se resuelva el caso.
Cruz tuvo que huir solo con la ropa que llevaba puesta junto a su familia, tras las amenazas en su país natal.
Corte de inmigración: Miami, la más complicada
El tribunal de Miami no fue elegido al azar: es, precisamente, el que encabeza la lista con aproximadamente 261 mil casos de migrantes sometidos a procedimientos de deportación pendientes en una corte de inmigración, según el estudio de la Universidad de Syracuse.
Para tomar una dimensión del tema, esos 261 mil casos es un número comparable al total de Estados Unidos de hace una década, señala el informe.
El retraso afecta tanto a inmigrantes con décadas en el país y que buscan solucionar su estatus migratorio, como a nuevos solicitantes de asilo.
Explicado de otra forma, la estrategia en la frontera sur llevada adelante por la actual administración, más laxa con los ingresos por asilo, está convirtiendo a los tribunales de inmigración en verdaderos cuellos de botella en los que quedan “atrapados” también aquellos que viven hace años en el país y buscan una solución a su estatus migratorio.
A pesar de la magnitud de esta situación, los problemas en los tribunales de inmigración, administrados por el Departamento de Justicia, a menudo pasan desapercibidos en los debates sobre el tema en las actuales negociaciones del Senado (hablamos de estas negociaciones antes en este blog).
Así es, mientras se discute la propuesta de 110 mil millones de dólares de la administración Biden para cambios en las políticas fronterizas y de asilo –vinculando la ayuda a Ucrania e Israel–, cada corte de inmigración sigue atestada.
La importancia de buscar un abogado de inmigración familiarizado con el sistema resalta en este contexto. Estos profesionales son los más capacitados para analizar cada caso de manera particular, aconsejando sobre las mejores acciones a tomar en cada circunstancia.
Muchos de los afectados son personas que solicitaron, o a quienes se les ha otorgado, ayuda o protección contra su remoción mientras están en procedimientos en una corte de inmigración o ante la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración (BIA).
Los tribunales de inmigración y la BIA son parte de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Corte de inmigración: se necesitan cambios
Cuando las autoridades estadounidenses detienen a migrantes en la frontera, muchos son liberados con instrucciones precisas de comparecer ante una corte de inmigración en la ciudad de destino.
Esta información se transmite al Departamento de Justicia para programar audiencias iniciales en los tribunales de inmigración.
El problema es que muchos de los migrantes, una vez en la ciudad, no comprenden con precisión cómo deben actuar y qué deben decir, incluso no saben con exactitud cuáles son los pasos que tienen que seguir en cada corte de inmigración. Hay incertidumbre.
Según le dijo a AP Randy McGrorty, director ejecutivo de Servicios Legales Católicos de la Arquidiócesis de Miami, muchos de estos migrantes son liberados sin entender las etapas siguientes del proceso.
Esta organización ha adaptado su funcionamiento en los últimos años, enfocando su accionar en la orientación a inmigrantes sobre cómo representarse a sí mismos ante los jueces. Una vez más, hay que recordar la importancia de consultar a abogados de inmigración.
Asilo, dudas y permisos de trabajo
Miguel Mora, abogado supervisor de Catholic Legal Services en Miami, le dijo a AP que la mayoría de los inmigrantes buscan representación legal individual, una tarea cada vez más difícil debido al abrumador número de casos. Además, habló de la importancia de obtener permisos de trabajo, que pueden solicitarse hasta 150 días después de presentar la solicitud de asilo.
Este dilema crea una especie de círculo vicioso, ya que sin empleo estable, la mayoría de los migrantes no pueden costear una vivienda, aunque sea de muy bajo costo, y cada vez se complica más su situación migratoria.
La necesidad de abordar estos problemas se vuelve clave. Es por esto que es imprescindible una revisión integral del sistema de tribunales de inmigración en Estados Unidos. No puede haber este grado de demora en una corte de inmigración.
La demora actual no sólo afecta a los recién llegados, sino también a aquellos que han vivido en el país durante décadas, profundizando las preocupaciones sobre la eficacia y la justicia del sistema.
Con información de AP y del Centro de Información sobre Acceso a Registros Transaccionales.
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