Hoy, cuando estamos cada vez más cerca de 2024, y de las elecciones presidenciales de ese año en Estados Unidos, qué tan posible es una nueva candidatura del ex presidente republicano Donald Trump.
Es importante señalar que una comité selecto de la Cámara de Representantes se encarga de indagar los hechos ocurridos el 6 de enero del 2021 en los que seguidores de Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio para “defender” el supuesto triunfo de su líder en los comicios de noviembre de 2020.
Si bien aún no está claro si podrían acusarlo de algún delito, el simple hecho de que se demuestre que: alentó esos actos violentos, que no hizo nada para impedirlos, y que todo ello se debió a ese reclamo de fraude en los resultados electorales –que finalmente le dieron la victoria a Joe Biden–, desacreditaría por completo unas nuevas aspiraciones presidenciales del magnate.
Pero incluso eso no sería lo más grave, pues también buscan pruebas que demuestren que el ex presidente y sus principales asesores fueron parte de una conspiración criminal que tenía la intención de anular las elecciones de 2020.
Un punto destacable de esta investigación realizada por legisladores federales y que sin duda hay que seguir de cerca para saber si Trump tiene siquiera algún derecho de volver a postularse, es que en los registros de la Casa Blanca de ese 6 de enero hay más de siete horas de vacío de información, por lo que también se indaga si los colaboradores cercanos de Trump, y en aquel momento funcionarios, tratan de esconder algo que pueda ser perjudicial para Trump o para todo el grupo ante la justicia.
Y a propósito de justicia, el Departamento de Justicia también lleva su propia investigación y se verá en los próximos meses qué resuelven y sobre quién fincan responsabilidades. Eso quedará en manos del fiscal general, Merrick Garland.
Trump y ‘Salvemos Estados Unidos’
La investigación del Departamento de Justicia sobre los hechos del 6 de enero de 2020 había sido criticada de centrarse sólo en manifestantes descontentos de la base de simpatizantes de Trump, pero no en autoridades o funcionarios de alto nivel, hasta finales de marzo, cuando “los fiscales emitieron citaciones a varias personas involucradas en la planificación, financiación y ejecución de la manifestación ‘Salvemos Estados Unidos’, incluidas personas cercanas al entonces presidente Donald Trump”, dice Randall D. Eliason en The Washington Post el pasado 1 de abril.
“Un juez federal dijo el lunes que el entonces presidente Donald Trump ‘probablemente’ cometió delitos federales al tratar de obstruir el conteo de votos del colegio electoral en el Congreso el 6 de enero de 2021, una afirmación que probablemente aumente la presión pública sobre el juez para investigar al ex comandante en jefe”, señala una nota del Washington Post del pasado 28 de marzo firmada por Matt Zapotoskyy y Juan Wagner.
“La determinación del juez de distrito de EE. UU. David O. Carter se produjo en un fallo que aborda decenas de correos electrónicos confidenciales que el aliado de Trump y el abogado conservador John Eastman se habían resistido a entregar al comité selecto de la Cámara que investigaba los disturbios del 6 de enero y los esfuerzos relacionados para anular la elección presidencial de 2020”, expone la nota.
“Eastman escribió memorandos legales clave destinados a negar la victoria del demócrata Joe Biden. El juez estaba evaluando si las comunicaciones de Eastman estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente y estaba analizando en parte si Eastman, Trump y otros habían consultado sobre la comisión de un delito”, detalla.
“‘Con base en la evidencia, el Tribunal considera que es más probable que el presidente Trump haya intentado obstruir de manera corrupta la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021’, escribió Carter, quien tiene su sede en California y tiene jurisdicción porque ahí es donde Eastman presentó el caso”, indica la nota.
“Carter basó sus afirmaciones en una revisión de las comunicaciones por correo electrónico de Eastman, sólo una de las cuales el juez determinó que podría ser evidencia de la promoción de un crimen, así como en hechos conocidos públicamente sobre las acciones de Trump en el período previo a los disturbios del 6 de enero”, explica.
Aumentará la presión sobre el Departamento de Justicia
Lo anterior –explican Zapotoskyy y Juan Wagner– “aumentará la presión sobre el Departamento de Justicia para que intensifique su investigación de los disturbios del 6 de enero y, potencialmente, examine la conducta del propio Trump. Si bien el fiscal general Merrick Garland ha prometido responsabilizar a los responsables de la violación violenta del Capitolio ‘en cualquier nivel’, ha habido pocas señales de que el Departamento de Justicia esté investigando directamente la conducta de Trump”.
Pero desde febrero de este año comenzaron los reveses para el presidente número 45 de Estados Unidos:
“El mes pasado, un juez federal en DC rechazó el reclamo de inmunidad de Trump de las demandas que lo acusan de incitar a los disturbios y encontró que había evidencia que sugería plausiblemente que participó en una conspiración con grupos organizados para intimidar al Congreso”, dice la nota de TWP.
“En su fallo, Carter señaló que estaba evaluando los argumentos legales sobre si se podría obligar a Eastman a entregar documentos al comité del 6 de enero, no tomando una decisión sobre cómo debería responder el sistema legal a las acciones de Trump. Pero sugirió que alguien más debería responsabilizar a Trump y sus aliados”, indica.
¿Fraude de Trump?
“‘Más de un año después del ataque a nuestro Capitolio, el público sigue buscando responsabilidades. Este caso no puede brindarlo’, escribió Carter, quien fue nombrado juez por el presidente Bill Clinton en 1998. ‘La corte solo tiene la tarea de decidir una disputa sobre un puñado de correos electrónicos. Esto no es un proceso penal; esto ni siquiera es una demanda de responsabilidad civil’”, apunta.
“Carter concluye que los legisladores tienen derecho a tener 101 de los 111 documentos que solicitó el comité. La opinión evalúa los materiales en lotes, examinando si el comité debería poder acceder a ellos o si deberían estar protegidos por el privilegio abogado-cliente”, informa.
“Lo más significativo es que el fallo evalúa si 11 de los documentos deben ser entregados debido a lo que se conoce como la ‘excepción de fraude por delito’. Esa excepción le permite al comité eludir el secreto de la confidencialidad entre abogado y cliente si los legisladores pueden demostrar que las comunicaciones que buscan fomentan un delito”, explica la nota.
“Solo uno de esos 11 documentos calificados, dictaminó el juez: ‘una cadena de envío al Dr. Eastman de un borrador de memorando escrito para el abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani’. Carter escribió que el memorando recomendaba que el vicepresidente Mike Pence rechazara a los electores de los estados en disputa el 6 de enero”, expone.
“‘Esta puede haber sido la primera vez que los miembros del equipo del presidente Trump transformaron una interpretación legal de la Ley de Conteo Electoral en un plan de acción diario’, dice el fallo. ‘El borrador del memorando impulsó una estrategia que violó a sabiendas la Ley de Conteo Electoral, y los memorandos posteriores del Dr. Eastman siguen de cerca su análisis y propuesta. El memorando está íntimamente relacionado y claramente avanza el plan para obstruir la Sesión Conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021’”, señala.
Cargos potenciales
“Carter estaba respondiendo a una presentación judicial a principios de este mes en la que los abogados del comité alegaron que Trump y aliados clave se involucraron en posibles delitos durante su esfuerzo por anular las elecciones. Citaron específicamente la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso: el conteo de votos electorales”, indica.
“Carter desglosó cada cargo potencial, detallando la presión de Trump para que Pence ‘determinara por sí solo los resultados de las elecciones de 2020’”, explica.
“El 4 de enero, escribió el juez, Trump y Eastman organizaron una reunión en la Oficina Oval con Pence y sus asesores, y Eastman presentó un plan ‘centrado en rechazar a los electores o retrasar el conteo’. Cuando Pence no fue persuadido, escribió el juez, Trump envió a Eastman a revisar el plan con el abogado de Pence. En esa reunión, escribió el juez, Eastman fue directo sobre sus intenciones y dijo: ‘Estoy aquí pidiéndoles que rechacen a los electores’”, afirma.
“El 6 de enero, escribió el juez, Trump publicó mensajes en Twitter suplicando a Pence que actuara y llamó a Pence directamente, instándolo a ‘hacer la llamada’ y promulgar el plan’. Trump luego pronunció un discurso ante una gran multitud en el Ellipse. Trump advirtió: ‘Mike Pence, espero que defiendas el bien de nuestra Constitución y el bien de nuestro país. Y si no lo eres, me decepcionaré mucho de ti. Te lo diré ahora mismo’”, apunta.
“Trump terminó el discurso pidiendo a sus partidarios que caminaran por Pennsylvania Avenue para darle a Pence y al Congreso ‘el tipo de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país’, escribió el juez”, detalla.
“‘Juntas, es más probable que estas acciones constituyan intentos de obstruir un procedimiento oficial’, afirma su fallo”, informa la nota.
¿Un plan ilegal?
“Carter escribió que Eastman y Trump ‘justificaron el plan con acusaciones de fraude electoral, pero el presidente Trump probablemente sabía que la justificación no tenía fundamento y, por lo tanto, que todo el plan era ilegal’”, indica.
“El juez señaló, como lo había hecho el comité del 6 de enero, que los funcionarios del poder ejecutivo habían ‘declarado públicamente y recalcado en privado al presidente Trump que no había evidencia de fraude’ y que, a principios de enero, ‘más de sesenta tribunales desestimaron casos alegando fraude’. por falta de legitimación o falta de pruebas”, detalla.
“’Dr. Eastman y el presidente Trump lanzaron una campaña para anular una elección democrática, una acción sin precedentes en la historia de Estados Unidos’”, concluyó el juez. ‘Su campaña no se limitó a la torre de marfil, fue un golpe en busca de una teoría legal. El plan provocó ataques violentos en la sede del gobierno de nuestra nación, provocó la muerte de varios agentes de la ley y profundizó la desconfianza pública en nuestro proceso político’”, expone la nota del Washington Post.
¿Está Trump cada vez más en riesgo?
Más recientemente, el lunes 11 de abril, la republicana Liz Cheney expuso que la comisión especial de la Cámara tiene información suficiente para poder presentar cargos contra el ex presidente Trump.
Cheney, quien es vicepresidenta de la comisión que investiga estos actos, afirmó que “queda absolutamente claro lo que estaba haciendo el presidente Trump (y) varias personas de su entorno. Sabían que era ilegal (y) lo hicieron de todos modos”.
Agregó que aunque hay “una gran cantidad de testimonios y documentos que demuestran muy claramente el alcance de la planificación, la organización y el objetivo” (detener el recuento de los votos electorales que confirmaban el triunfo de Biden), aún no hay un acuerdo sobre la posibilidad de presentar cargos contra el ex mandatario republicano.
Oscuridad por más de siete horas
Además de todo lo turbio por parte de Trump y su grupo que ya se mencionó, un editorial de The Washington Post del pasado 29 de marzo informa que “Bob Woodward de The Post y Robert Costa de CBS News revelaron el martes que los registros de llamadas de la Casa Blanca entregados al comité de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 están increíblemente incompletos y no muestran llamadas entre las 11:17 am y las 6:54 pm, es decir, cuando una turba pro-Trump irrumpió en el Capitolio”.
¿Pero esto se debió solamente a que Trump no tuvo comunicaciones?
“Pero Trump no estaba incomunicado. Informes voluminosos establecieron hace mucho tiempo que se acercó al senador Tommy Tuberville (R-Ala.) y habló con el líder de la minoría de la Cámara Kevin McCarthy (R-Calif.) durante este período”, detalla el editorial.
“¿Esperaba que la violencia intimidara al entonces vicepresidente Mike Pence para que intentara anular ilegalmente los resultados de las elecciones presidenciales de 2020? ¿Esperaba que esto ocurriera cuando le dijo a su multitud que ‘demostraran fuerza’ esa mañana, o dio la bienvenida a la violencia después de que comenzó?”, cuestiona la publicación.
“El público necesita respuestas. Incluso si el Sr. Trump o uno de sus facilitadores no se presenta a la presidencia en 2024, la historia requiere un registro completo del horror del 6 de enero. La invasión del Capitolio fue en sí misma espantosa; la aparente indiferencia, o tal vez incluso la aprobación, del comandante en jefe, quien debería haber actuado con rapidez para proteger al Congreso, fue otra tragedia nacional que nunca podrá repetirse”, opina.
Aquí los argumentos que juegan en contra de Trump y su grupo, veremos que tan bien librado sale de todo esto y si le queda capital político para volver a postularse a la presidencia de EU después de que estas indagatorias del Departamento de Justicia y los legisladores concluyan.
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