Una nueva ola de redadas migratorias se está desplegando en distintas ciudades de Estados Unidos, marcando un cambio más agresivo en las políticas de control migratorio del gobierno de Donald Trump.
Esta serie de operativos está colocando a comunidades enteras en estado de alerta, particularmente en zonas como New Orleans, Louisiana y Minneapolis, donde la presencia de agentes migratorios se ha intensificado.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estas redadas están enfocadas en detener a inmigrantes que hayan sido arrestados anteriormente por delitos graves como invasión de domicilio, robo a mano armada o agresión sexual, y que luego fueron liberados bajo custodia local.
Las autoridades federales argumentan que estas personas representan una amenaza para la seguridad pública y critican a las ciudades que aplican políticas de santuario, las cuales impiden la cooperación entre la policía local y los agentes de inmigración.
Igualmente, numerosas organizaciones denuncian que las redadas y detenciones apuntan a grupos mucho más amplios que esos.
De manera más simple, lo que está ocurriendo es que el gobierno está mandando agentes para arrestar a personas que ya habían sido detenidas por la policía en el pasado, pero que fueron liberadas por decisiones locales. Aunque hay ONG que dicen que detienen a gente que no tiene antecedentes. Esto está sucediendo en ciudades que normalmente no colaboran con Migración, y eso está generando tensiones.
Redadas como herramienta política
Los operativos han sido promovidos por funcionarios cercanos a la administración Trump, quienes insisten en que las políticas de santuario “ponen en peligro a las comunidades estadounidenses”.
Sin embargo, detrás de estos operativos hay también un evidente componente político. En estados como Luisiana, donde el gobernador Jeff Landry alineó sus decisiones con la Casa Blanca, las redadas no sólo son bienvenidas, sino que se presentan como una respuesta “necesaria” ante la “crisis migratoria”.
Activistas, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el uso de las redadas en tiempos de campaña electoral puede tener motivaciones políticas más que de seguridad. Denuncian que se trata de una estrategia para reforzar el discurso antiinmigrante y movilizar a ciertos sectores del electorado.
Las redadas se están usando no sólo como una herramienta de control, sino también como un mensaje electoral.
Explicado mejor: estas redadas no sólo se están haciendo porque el gobierno cree que hay personas peligrosas, sino también porque algunos políticos quieren mostrarse “duros” con los inmigrantes para ganar votos.
Demandas legales y el rol de los tribunales
Frente al aumento de las redadas, abogados de inmigración y organizaciones civiles han intensificado sus acciones legales. En Texas, por ejemplo, se han presentado cientos de demandas de habeas corpus para liberar a personas detenidas por ICE sin que se les haya dado una audiencia justa.
Las cortes han empezado a intervenir, en algunos casos ordenando la liberación inmediata de los detenidos y cuestionando la legalidad de los procedimientos aplicados por las autoridades federales.
Una de las decisiones más resonantes provino de un juez federal que calificó como “ilegal” la deportación de un migrante a su país de origen, donde enfrentaba riesgo de tortura.
En su fallo, el juez advirtió sobre una “flagrante violación del estado de derecho” y ordenó que la persona fuera retornada a Estados Unidos.
En California, una jueza dictaminó que ICE no podía negar audiencias de fianza a personas que llevaban años viviendo en el país, abriendo la puerta a una demanda colectiva nacional.
Esto es así: están peleando caso por caso para que los jueces intervengan. Muchas veces logran frenar deportaciones o cambiar decisiones de ICE que afectaban a miles de personas.
El auge de las demandas de habeas corpus en Texas
Sólo en ese estado, más de 675 peticiones de habeas corpus relacionadas con inmigración fueron presentadas entre enero y noviembre de este año, superando la cantidad total de todo el primer mandato de Trump.
Más del 70% de esas demandas se interpusieron en los últimos tres meses. Esto muestra cómo se está usando a los tribunales federales como un último recurso frente a la negativa de ICE de otorgar audiencias de fianza.
La situación es crítica porque desde julio ICE cambió su interpretación de la ley y niega automáticamente la posibilidad de fianza a cualquier persona que haya entrado sin autorización, sin importar cuánto tiempo haya vivido en el país.
Antes, esta política sólo se aplicaba a recién llegados. El resultado: miles de personas detenidas sin derecho a audiencia, lo que ha desatado una avalancha de demandas.
De otra manera: antes, si alguien estaba detenido por Migración, podía pedir una audiencia para salir bajo fianza. Ahora eso se volvió mucho más difícil, y los abogados tienen que presentar demandas ante jueces federales para tratar de liberar a sus clientes.
La paradoja de las ciudades santuario
Las ciudades que se han declarado “santuarios” son blanco directo de estas redadas. Aunque estas jurisdicciones buscan proteger a sus comunidades inmigrantes, en los hechos fueron forzadas a enfrentar las consecuencias de no colaborar con Migración. New Orleans, por ejemplo, donde comenzó uno de los operativos más recientes, es criticada por las autoridades federales por liberar a personas sin entregarlas a ICE.
Esta tensión pone en evidencia la contradicción entre las decisiones locales y la política federal. Mientras algunas ciudades intentan ofrecer un entorno más seguro y humano para los inmigrantes, el gobierno central responde con acciones cada vez más duras.
De manera más simple: aunque una ciudad decida proteger a los inmigrantes, el gobierno federal puede igual mandar agentes a hacer redadas. Las autoridades locales no siempre pueden impedirlo, y eso crea conflictos.
Redadas, protestas y polarización
La reacción ciudadana a las redadas fue inmediata. En diversas ciudades hubo protestas, vigilias y campañas de información para advertir a la comunidad inmigrante sobre sus derechos. Las imágenes de manifestantes bajo la lluvia en New Orleans, ondeando banderas y carteles, reflejan el nivel de preocupación que estas medidas han generado.
En paralelo, grupos políticos conservadores celebran los operativos y presionan para que se amplíen aún más. Así, el país se ve dividido entre dos narrativas opuestas: una que ve a las redadas como una defensa legítima del orden público, y otra que las percibe como actos de persecución injusta.
Explicado más simple: mientras mucha gente protesta contra estas redadas y trata de ayudar a los inmigrantes, otros grupos las apoyan y piden que se hagan más. Por eso se dice que el país está dividido.
El impacto internacional y el doble discurso
Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva etapa en la política migratoria es el contraste entre la imagen que Estados Unidos quiere proyectar hacia el exterior y las políticas que aplica internamente.
Con la Copa Mundial de Fútbol 2026 a la vista, el país busca mostrarse como un lugar acogedor y diverso, capaz de recibir visitantes de todo el mundo. Sin embargo, la realidad que viven muchas comunidades inmigrantes es muy distinta.
Las redadas, las demandas y las deportaciones masivas generan una imagen de hostilidad que choca con ese discurso internacional.
Organismos como Naciones Unidas expresaron la semana pasada su preocupación por el trato a los migrantes y han pedido a EE.UU. que respete los convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Explicado mejor: mientras el país se prepara para recibir turistas y mostrarse amigable, a muchas personas que ya viven aquí se les está tratando con dureza. Esa contradicción es lo que critican desde otros países y organizaciones.
Una tendencia que se intensifica
Todo indica que esta política de redadas masivas y endurecimiento de controles migratorios no se detendrá pronto.
La administración actual parece decidida a profundizar esta línea, especialmente en un año donde la agenda migratoria está en el centro del debate político. Las demandas judiciales seguirán creciendo, y la tensión entre los diferentes niveles de gobierno probablemente se mantendrá.
Para las comunidades inmigrantes, es un momento crítico. La necesidad de estar informados, organizados y acompañados legalmente nunca fue tan importante como ahora. Las redadas y las demandas son hoy las caras más visibles de una lucha más amplia por los derechos y la dignidad de millones de personas que viven en Estados Unidos.
Lo que estamos viendo ahora puede ser solo el comienzo. Es posible que haya más redadas, más personas detenidas, y más necesidad de que los inmigrantes busquen ayuda legal. Estar informado puede marcar la diferencia.
Con información de ABC News, The Texas Tribune y Politico.
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