¿ICE detendrá su embestida contra los inmigrantes latinos en California? Una jueza federal en California emitió la semana pasada una orden judicial que, al menos de forma momentánea, es un freno a las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles.
La decisión responde a múltiples denuncias de discriminación racial y negación del derecho a contar con representación legal para las personas detenidas.
Esta orden judicial, dictada por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, exige a los agentes federales detener estas prácticas y garantizar el acceso a visitas legales y llamadas confidenciales para los inmigrantes afectados.
La orden judicial cobra especial relevancia por el contexto en el que se produce: una ofensiva migratoria encabezada por la administración de Donald Trump que está sembrando temor entre las comunidades latinas, muy en especial en California.
La medida se centra particularmente en proteger a los inmigrantes latinos de la región de Los Ángeles, quienes han sido objeto de redadas y detenciones en condiciones que, según los demandantes, violan la Constitución de los Estados Unidos.
Una medida con fundamentos constitucionales
De acuerdo con el fallo de la jueza Frimpong, las “patrullas itinerantes sin sospecha razonable” implementadas por ICE infringen la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones arbitrarias.
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Asimismo, la negativa a permitir el acceso a abogados viola la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso. “Lo que el gobierno federal pretende hacer creer a este Tribunal, ante la montaña de pruebas presentadas en este caso, es que nada de esto está sucediendo realmente”, escribió la jueza en su orden.
La orden judicial fue emitida luego de una demanda interpuesta por personas detenidas junto con organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes. En ella se detalla cómo los agentes de ICE han detenido personas sin justificación legal válida, muchas veces basándose únicamente en su apariencia o en el idioma que hablan.
También se denuncia que los detenidos fueron privados del derecho a comunicarse con abogados, una situación especialmente preocupante para quienes enfrentan procesos de deportación.
El documento judicial también prohíbe a ICE realizar detenciones con base en criterios como la raza, el acento al hablar inglés o español, el lugar en donde se encuentren (como sitios de recogida de trabajadores) o el tipo de trabajo que desempeñen. Este tipo de prácticas, advierte la orden judicial, no pueden considerarse razones válidas para iniciar una detención.
Reacciones políticas y sociales al fallo
El gobierno federal, sin embargo, rechazó las acusaciones. Bill Essayli, fiscal del Distrito Central de California designado por Donald Trump, dijo que los agentes de ICE “nunca han detenido a personas sin una justificación legal adecuada” y aseguró que seguirán haciendo cumplir la ley y respetando la Constitución.
A pesar de estas declaraciones, la orden judicial se mantiene vigente mientras continúa el proceso legal.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró públicamente el fallo, considerándolo una victoria no solo para la ciudad sino también para otras localidades del país que enfrentan situaciones similares. “Sabemos que todo esto ha sido un intento por crear miedo y terror en nuestra comunidad, pero espero que esta orden judicial le dé algo de paz a nuestra gente”, expresó.
La decisión judicial también destaca por los detalles incluidos en el fallo. Se describen situaciones en las que agentes armados, enmascarados y con chalecos genéricos de “policía” irrumpieron en sitios de trabajo sin identificarse adecuadamente, deteniendo a personas sin verificar su identidad.
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Según los demandantes, estos operativos apuntan principalmente a trabajadores latinos en lavaderos de autos, empacadoras, granjas y otras industrias donde ICE ha enfocado sus esfuerzos.
Un operativo federal bajo la lupa
Este patrón de redadas ocurre en paralelo con la orden del presidente Trump al ICE para llevar adelante lo que ha llamado “el mayor programa de deportación masiva de la historia”. Como te contamos en este blog, en junio, comenzaron redadas a gran escala en la zona de Los Ángeles, lo que ha generado protestas y enfrentamientos, tanto en California como en otros estados. En algunos casos, estas protestas derivaron en choques directos entre manifestantes y oficiales federales, como ocurrió recientemente durante una redada en una granja de cannabis en el sur de California.
A pesar de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, aseguró que los operativos se enfocan en “los peores de los peores”, diversos reportes indican que ICE ha estado deteniendo a inmigrantes sin antecedentes penales, lo que refuerza las preocupaciones sobre el uso de criterios discriminatorios.
Organizaciones civiles han advertido que la presión sobre comunidades vulnerables continúa creciendo, al tiempo que la administración justifica sus acciones como parte del cumplimiento de la ley federal.
¿Qué sigue para los inmigrantes protegidos por la orden judicial?
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, esta orden judicial representa un avance importante, aunque todavía insuficiente. Subrayan que es una medida temporal que puede revertirse si no se mantiene la presión pública y legal. Sin embargo, también reconocen que establece un precedente legal importante al reconocer la inconstitucionalidad de varias tácticas utilizadas por ICE.
En términos legales, la orden judicial indica que la administración Trump no puede basar sus operativos únicamente en criterios como la etnicidad, el idioma o el lugar donde se encuentra una persona. Estos elementos, por sí solos, no constituyen una sospecha razonable que justifique una detención. La jueza Frimpong calificó la solicitud de los demandantes como “bastante modesta”, argumentando que pedir que cesen las patrullas sin justificación es un reclamo legítimo y necesario, dice el Washington Post.
A medida que la demanda avanza, la comunidad inmigrante en California espera que la orden judicial se convierta en una herramienta efectiva para limitar los abusos de ICE. Mientras tanto, las organizaciones que presentaron la demanda continúan recolectando testimonios y evidencia que sustenten su caso ante el tribunal. También buscan que esta experiencia motive a otras comunidades a presentar demandas similares en distintas jurisdicciones.
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El fallo también es interpretado como una advertencia a la administración federal sobre los límites legales de las políticas migratorias. Aunque ICE sigue operando, lo hará bajo una mayor supervisión judicial, al menos en California. El alcance de esta orden judicial podría expandirse si se presentan demandas similares en otros estados.
En definitiva, esta orden judicial no solo detiene momentáneamente ciertas prácticas de ICE en Los Ángeles, sino que también pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre el respeto a los derechos constitucionales de los inmigrantes. En un clima político cada vez más tenso, donde la migración ha sido utilizada como bandera electoral, decisiones como esta adquieren una relevancia que trasciende los tribunales.
La orden judicial emitida en California contra el ICE es, por ahora, un alivio temporal. Pero su importancia radica en lo que representa: un recordatorio de que ni siquiera las agencias federales están por encima de la Constitución y de que los derechos de los inmigrantes, incluso en contextos difíciles, merecen ser defendidos con firmeza y con base en la ley.
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