En una decisión judicial de impacto para el sistema migratorio de Estados Unidos, un tribunal federal dictaminó que ICE (Inmigración y Control de Aduanas) no podrá trasladar automáticamente a menores no acompañados a centros de detención para adultos al llegar a los 18 años.
Esta práctica (conocida como “age-outs”) había sido propuesta por la administración federal como parte de sus políticas de endurecimiento migratorio, pero ahora quedó suspendida temporalmente en respuesta a demandas legales de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La política en cuestión planteaba que los menores migrantes que ingresaron sin acompañantes (unaccompanied minors) serían transferidos directamente a instalaciones de detención de adultos una vez que cumplieran los 18 años, con muy pocas evaluaciones o condiciones intermedias.
Sin embargo, esa estrategia chocaba con una orden judicial emitida en 2021, que obliga a ICE y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a tratar a esos jóvenes con el “entorno menos restrictivo posible” cuando alcancen los 18 años, salvo que representen un riesgo de fuga o peligro. Grupos de defensa de inmigrantes denunciaron que la nueva política de ICE violaba esa orden previa, lo que motivó la demanda que culminó en esta decisión judicial.
Veamos en detalle qué implican el fallo y la política, quién está involucrado, cuáles son las consecuencias prácticas para los jóvenes migrantes y cuáles podrían ser los próximos pasos.
Qué ordenó el juez y por qué
La orden fue emitida por el juez Rudolph Contreras, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia (Washington, D.C.). El juez concedió una orden de restricción temporal (temporary restraining order) que impide que ICE lleve a cabo cualquier cambio en la política de “age-outs” que viole la decisión de 2021. Según el fallo, ICE no podrá transferir de forma automática e inmediata a jóvenes que recién cumplen 18 años a centros de detención para adultos.
Contreras dijo en su fallo que la orden de 2021 ya obliga a las agencias federales a mantener un estándar de “menor restricción” al tratar estos casos, salvo evidencia concreta de peligro o fuga. En otras palabras, no basta con que alguien cumpla 18 años para ser automáticamente encarcelado.
Además, la demanda señalaba que ICE estaba instruyendo a sus oficinas de campo que detuvieran a estos jóvenes de 18 años indefinidamente en instalaciones de adultos, incluso si ya tenían planes aprobados de liberación con patrocinadores o familiares. Esa instrucción iba directamente en contra de la orden de 2021, de acuerdo con los demandantes.
La orden judicial prohíbe que ICE implemente esos cambios mientras el litigio siga activo, asegurando que los jóvenes que cumplen 18 no sean victimizados por modificaciones recientes en la normativa.
Antecedentes legales: la orden de 2021 y la protección de menores
Para comprender lo que sucede ahora, es esencial remontarse al 2021, momento en que ya existía un fallo que estableció límites al trato de menores que envejecen dentro del sistema migratorio. Esa orden judicial dictaminaba que los menores no acompañados que cumplen 18 deben ser tratados en el entorno menos restrictivo posible, a menos que haya razones fundamentadas para imponer mayor reclusión por riesgo de fuga o por seguridad.
Ese fallo busca evitar que el mero hecho de alcanzar la mayoría de edad sea excusa para trasladarlos automáticamente a cárceles de adultos, sin considerar su historial, situación personal o posibilidades de liberación mediante patrocinio. Grupos legales y organizaciones de defensa han sostenido que ese estándar es una salvaguarda crítica contra abusos.
Los defensores argumentaron que la nueva política de ICE representaba un intento de contravenir esa orden previa, al buscar una aplicación casi automática: “si cumples 18, adiós, a la cárcel”, sin importar el contexto del caso.
Ya en el anuncio de la política, ICE planeaba ofrecer 2,500 dólares a jóvenes de 17 años para que aceptaran abandonar EE. UU. voluntariamente y retiraran sus reclamos legales, lo cual fue motivo de críticas como forma de coacción y presión.
Ese programa se sumaba a las propuestas de traslado automático al cumplir 18. Los demandantes alegaron que esa combinación de incentivos económicos con amenaza de detención vulneraba derechos básicos.
Vale destacar que los menores no acompañados están bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), no de ICE, mientras están en refugios o bajo patrocinio. Pero al cumplir 18, ICE pretendía tomar control total si consideraba que el joven estaba “age-out”.
Qué significa esta decisión para quienes cumplen 18 años
Para muchos jóvenes inmigrantes, este fallo representa una protección inmediata: ya no pueden ser trasladados automáticamente a prisiones de adultos solo por cumplir 18. Ahora el juicio debe evaluarse caso por caso, considerando riesgo, historial migratorio, discapacidad, condiciones personales, entre otros factores.
El fallo obliga a ICE a replegar su intención de aplicar la política unilateral, al menos mientras el litigio siga su curso. Esto da margen para que los abogados defensores interpongan argumentos, denuncien abusos y busquen que los tribunales concreten estándares adecuados.
Además, para quienes estén cercanos a cumplir 18, la determinación de su situación migratoria (solicitudes de asilo, permisos familiares, patrocinio) toma mayor relevancia: contar con trámites ya en curso puede reforzar argumentos frente a ICE de que no deben ser puestos en detención adulta. La posibilidad de liberación bajo condiciones menos restrictivas cobra peso.
Otra consecuencia práctica: ICE ya no podrá usar la amenaza de cárcel automática al cumplir 18 como mecanismo de presión para que los jóvenes acepten ofertas de deportación voluntaria (como los 2,500 dólares ofrecidos) al menos hasta que la corte resuelva el fondo del asunto.
No obstante, la orden es temporal. No se pronuncia aún sobre el asunto definitivo de si ICE puede, bajo ciertas condiciones, aplicar detención al cumplir 18 en casos particulares. Eso queda para el desarrollo del juicio.
Críticas y riesgos
Organizaciones como el American Immigration Council y el National Immigrant Justice Center fueron quienes presentaron la demanda de emergencia. Alegan que la política de ICE habría violado la orden de 2021 y que la oferta de dinero generaba coerción sobre jóvenes vulnerables.
Líderes en derechos humanos señalaron que la combinación de amenaza implícita (encierro al cumplir 18) más incentivo monetario buscaban inducir decisiones rápidas en detrimento de garantías legales.
Por otro lado, defensores del endurecimiento migratorio sostienen que una frontera débil fomenta cruces ilegales y que las reglas deben aplicarse con firmeza incluso si alguien llega como menor. Pero ese enfoque choca con el principio de dignidad humana y el derecho procesal mínimo.
Algunos críticos advierten que ICE podría intentar modificar o matizar esta práctica, apelando el fallo, proponiendo criterios más estrictos para determinar riesgo, o intentando nuevas versiones del mecanismo de detención al cumplir 18. En ese sentido, este fallo puede ser solo un freno temporal.
También hay preocupación de que ICE o el gobierno recurran a otros mecanismos (por ejemplo, retrasar las decisiones de liberación antes de que cumplan 18 años, o negar patrocinio para jóvenes cercanos a esa edad) para forzar decisiones. El litigio deberá considerar esas tácticas.
Por último, existe un riesgo de que el fallo no llegue a aplicarse de manera uniforme en todos los distritos del país. ICE podría argumentar diferencias locales o alegar que algunos casos no entran en la restricción. Esa variabilidad es común en litigios federales.
Comparación con otros precedentes legales
En el ámbito de la protección de menores migrantes, han existido precedentes que establecen límites al encierro y establecen estándares de trato justo. Por ejemplo, el caso Flores v. Reno (años 90) y su acuerdo derivado fijaron reglas sobre cómo deben ser tratados los menores no acompañados en detención y su liberación.
Aunque esos precedentes no hablan explícitamente del momento de cumplir 18, sí respaldan la idea de que los menores deben recibir trato diferenciado y centrado en protección, no penalización automática.
Este fallo contra ICE puede verse como una extensión moderada de esa lógica: no basta convertirse en adulto para perder todas las salvaguardas legales. Si bien el contexto legal es distinto, el principio de que las políticas migratorias deben respetar los derechos humanos es transversal.
Qué pueden hacer los jóvenes migrantes y sus familias
- Revisar y mantener al día sus trámites migratorios (solicitudes de asilo, peticiones familiares, visas especiales) antes de cumplir 18 para tener base sólida ante ICE.
- Conseguir representación legal con experiencia en casos de menores migrantes y “age-outs” para presentar defensas bien argumentadas.
- Si ICE actúa de forma coercitiva (por ejemplo, prometiendo dinero o amenazas de detención al cumplir 18), reportar ese abuso ante organizaciones de derechos humanos o los jueces del caso.
- Estar atentos al desarrollo del litigio: este fallo es temporal, y el resultado final dependerá de los argumentos jurídicos que se presenten en las etapas subsiguientes.
- Colaborar con organizaciones que monitorean políticas migratorias para documentar casos en los que ICE intente aplicar métodos alternativos de presión.
ICE y los 18 años: riesgos que aún persisten
Aunque este fallo es una victoria momentánea para quienes temían el traslado automático al cumplir 18, no garantiza que esa práctica quede definitivamente prohibida en todos los casos. ICE podría apelar, presentar nuevas versiones de políticas o diseñar excepciones.
Además, algunos jóvenes con problemas penales, antecedentes o acusaciones graves podrían seguir siendo considerados candidatos válidos para la detención al cumplir 18 si ICE logra justificar riesgo. En esos casos, la evaluación individual será determinante.
También existe la posibilidad de que ICE retrase decisiones de liberación antes de que alguien cumpla 18, con el fin de llegar al momento del “age-out” con los jóvenes aún bajo custodia, lo cual complicaría su defensa.
Finalmente, en algunos distritos del país que no queden claramente bajo la jurisdicción de este fallo, podría haber interpretaciones distintas. La uniformidad del fallo dependerá de cómo lo interpreten otros tribunales y del alcance que le dé la Corte de Apelaciones o incluso la Suprema Corte.
Un respiro, no la batalla final
Con esta decisión, ICE no podrá encarcelar automáticamente a inmigrantes al cumplir 18 años, al menos por ahora. Los jóvenes migrantes que entraron solos tienen un derecho respaldado por la corte a que su caso sea evaluado con criterios de menor restricción, no encarcelamiento automático. Gracias al fallo del juez Contreras, se detiene una política potencialmente cruel que buscaba criminalizar la transición a la mayoría de edad en el sistema migratorio.
Sin embargo, este es solo un paso parcial: la batalla legal continúa mientras los abogados y defensores preparan los argumentos para que esa protección no sea temporal. Para los jóvenes migrantes, este fallo brinda un espacio de defensa, de esperanza y de exigir que su paso a los 18 no sea sinónimo de cárcel automática.
Con información de AP News y Politico.
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