El Programa 287(g) es una de las herramientas más polémicas de control migratorio en Estados Unidos. Aunque existe desde 1996, su mayor uso en los últimos meses ha reactivado el debate. Cómo funciona, qué implica y por qué genera preocupación.
El programa 287(g) volvió al centro de la discusión migratoria en Estados Unidos tras una expansión acelerada de acuerdos entre el gobierno federal y agencias policiales locales. Aunque su base legal tiene casi tres décadas, su aplicación actual plantea nuevas preguntas sobre el alcance de la cooperación entre ICE y policía local.
En términos simples, el programa 287(g) permite que oficiales estatales y locales asuman ciertas funciones migratorias bajo supervisión federal.
Para comunidades inmigrantes, entender cómo opera este mecanismo es clave, especialmente en estados donde se han multiplicado las detenciones migratorias en Estados Unidos bajo este esquema.
¿Qué es el programa 287(g) y cuál es su base legal en Estados Unidos?
El programa 287(g) toma su nombre de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), modificada en 1996. Esa disposición autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a firmar acuerdos con agencias estatales o locales para delegar funciones específicas de aplicación de leyes migratorias.
A través de un convenio formal conocido como Memorandum of Agreement (MOA), el gobierno federal otorga autoridad limitada a oficiales locales previamente capacitados por ICE. Esto significa que, bajo el programa 287(g), ciertos policías pueden actuar como agentes migratorios en circunstancias definidas.
La autoridad delegada incluye verificar estatus migratorio, acceder a bases de datos federales, emitir notificaciones de comparecencia e incluso colocar detainers, que son solicitudes para retener a una persona hasta que ICE asuma custodia. Sin embargo, estos oficiales siguen bajo supervisión federal.
El programa 287(g) no convierte automáticamente a toda la policía local en agentes de inmigración. Sólo los oficiales designados y entrenados pueden ejercer esas funciones, y únicamente dentro de los límites establecidos en el acuerdo firmado con ICE.
Explicado de otra forma, el programa 287(g) es un permiso legal que el gobierno federal da a ciertos policías locales para que ayuden en temas migratorios. No todos los agentes pueden hacerlo, solo los que reciben capacitación y autorización específica.
¿Cómo funciona el programa 287(g) en la práctica entre ICE y policía local?
En la práctica, el programa 287(g) comienza cuando una agencia local solicita participar y firma un acuerdo con ICE. Después, oficiales seleccionados reciben capacitación federal sobre leyes migratorias y procedimientos administrativos.
Una vez activo el acuerdo, esos oficiales pueden revisar el estatus migratorio de personas que ya están bajo custodia local. En algunos casos, también pueden interrogar a individuos sobre su situación migratoria durante interacciones policiales, dependiendo del modelo adoptado.
El punto central del programa 287(g) es la colaboración directa entre ICE y policía local. ICE mantiene supervisión y, en teoría, revisa las actuaciones para garantizar que se cumplan estándares federales y constitucionales.
Según datos de medios como el Washington Post, el número de jurisdicciones participantes ha crecido de menos de 200 a más de 1,400 agencias en poco más de un año. En ese mismo periodo, miles de arrestos fueron atribuidos a operativos vinculados con el programa 287(g), según cifras oficiales y proyectos independientes de seguimiento.
Explicado de manera más simple, el programa 287(g) funciona así: la policía local detiene a alguien por cualquier motivo legal, revisa si tiene problemas migratorios y, si sospecha que no tiene estatus, avisa a ICE para que tome el caso.
¿Qué diferencias existen entre el modelo carcelario y el modelo task force del programa 287(g)?
Dentro del programa 287(g) existen distintos modelos de aplicación. El más común es el Jail Enforcement Model, conocido como modelo carcelario. Este se aplica dentro de cárceles o centros de detención locales.
Bajo este esquema, cuando una persona es arrestada por un delito (aunque sea menor) oficiales autorizados pueden revisar su estatus migratorio mientras permanece bajo custodia. Si detectan una posible violación migratoria, pueden emitir un detainer.
El segundo modelo es el Task Force Model, que permite a oficiales realizar funciones migratorias durante patrullajes rutinarios. Este modelo fue suspendido en 2012 por preocupaciones relacionadas con perfilamiento racial, pero recientemente ha sido reintroducido en varias jurisdicciones.
La diferencia clave es que el modelo carcelario actúa después de un arresto por otra causa, mientras que el modelo task force amplía la intervención a la calle, durante interacciones cotidianas entre policía e inmigrantes. Esa ampliación es uno de los aspectos más debatidos del programa 287(g).
Para que se entienda, el modelo carcelario revisa papeles cuando la persona ya está en la cárcel, mientras que el modelo task force permite preguntar y detener por temas migratorios durante operativos normales de la policía.
¿El programa 287(g) aumenta las detenciones migratorias en Estados Unidos?
El crecimiento del programa 287(g) coincide con un aumento en ciertas cifras de detenciones migratorias en Estados Unidos. Entre enero y octubre de 2025, más de 7,000 arrestos fueron atribuidos al uso ampliado del programa, según datos recopilados por organizaciones de análisis migratorio.
Las autoridades federales defienden que la cooperación entre ICE y policía local mejora la identificación de personas con antecedentes penales graves. En algunos estados, los funcionarios han reportado decenas de miles de arrestos vinculados a esta colaboración.
Sin embargo, los críticos sostienen que el programa 287(g) puede ampliar el alcance de detenciones más allá de personas con delitos graves, incluyendo infracciones menores o incluso simples sospechas de estatus irregular, lo que incrementa el número de transferencias a custodia federal.
Además, la expansión del modelo task force implica que oficiales locales pueden interrogar sobre estatus migratorio durante actividades policiales regulares, lo que, según especialistas, puede influir en la percepción y en la frecuencia de detenciones migratorias en Estados Unidos.
Esto es así: si más policías locales participan en el programa 287(g), hay más oportunidades de que una detención común termine convirtiéndose en un proceso migratorio.
¿Qué riesgos para los derechos civiles de inmigrantes genera el programa 287(g)?
Uno de los principales cuestionamientos al programa 287(g) se centra en los derechos civiles de los inmigrantes. Organizaciones como la American Civil Liberties Union advierten sobre riesgos de perfilamiento racial y detenciones prolongadas sin orden judicial firmada por un juez.
Exfuncionarios de oficinas de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional señalan que la expansión acelerada del programa 287(g) podría reducir mecanismos de control independientes. Según estas voces, la eliminación o debilitamiento de órganos de vigilancia aumenta el riesgo de abusos.
También existen decisiones judiciales que cuestionan la legalidad de retener a personas únicamente con base en un detainer migratorio, al considerar que podría violar la Cuarta Enmienda si no hay orden judicial adecuada.
Otro punto central es que la mayoría de las infracciones migratorias son de carácter civil, no penal. Esto alimenta el debate sobre si corresponde que policías locales participen activamente en la aplicación de normas federales civiles a través del programa 287(g).
Explicado de otra manera, la preocupación es que el programa 287(g) permita detener a personas solo por sospecha de no tener papeles, lo que puede afectar sus derechos si no existen controles claros y supervisión efectiva.
El debate sobre el programa 287(g) refleja tensiones más amplias en la política migratoria de Estados Unidos: seguridad pública, federalismo, derechos civiles y confianza comunitaria. Mientras algunos estados amplían su participación, otros limitan la cooperación con ICE bajo políticas de “ciudades santuario”.
Para los inmigrantes, comprender qué es el programa 287(g), cómo opera en su condado y cuáles son sus derechos ante ICE y policía local resulta fundamental.
La información clara y precisa puede marcar la diferencia en un contexto donde las detenciones migratorias en Estados Unidos siguen siendo un tema de alta sensibilidad política y social.
Ante cualquier situación vinculada con el programa 287(g), resulta conveniente buscar asesoría de abogados de inmigración con experiencia en detenciones migratorias en Estados Unidos.
Un profesional puede revisar si la intervención de ICE y policía local fue legal, evaluar si existe algún alivio migratorio disponible y orientar sobre los pasos a seguir.
Contar con asesoría temprana puede marcar la diferencia entre enfrentar un proceso sin defensa adecuada o ejercer plenamente los derechos que la ley reconoce, especialmente en contextos donde las decisiones deben tomarse con rapidez y con información precisa.
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