La jueza federal de Nevada Miranda Du determinó que la sección de la ley que prohíbe el reingreso luego de una expulsión es inconstitucional por racista.
Una jueza federal de la corte de Nevada ha dictaminado que la sección de la ley de casi 70 años que convierte en delito volver a ingresar a los Estados Unidos luego de haber sido deportado es inconstitucional. Su argumento se basa en que fue promulgada con intención discriminatoria contra los latinos y, por lo tanto, viola la Cláusula de Protección Igualitaria.
El fallo de la jueza Miranda Du emitido el miércoles desestima el caso contra Gustavo Carrillo-López, quien fue acusado el verano pasado por estar en los Estados Unidos a pesar de haber sido deportado en 1999 y 2012. Parece ser la primera vez que un tribunal dicta una sentencia de este tipo a pesar de que el estatuto conocido como Sección 1326 ha sido examinado por varios tribunales de distrito.
“Porque el caso Carrillo-López ha establecido que la Sección 1326 fue promulgada con un propósito discriminatorio y que la ley tiene un impacto desigual en las personas latinas, y el gobierno no demuestra que la Sección 1326 se hubiera promulgado sin animus racial… la Corte otorgará la Moción”, escribió Miranda Du.
Julián Castro, ex candidato presidencial demócrata y secretario de la Administración de Vivienda y Desarrollo Urbano, comunicó vía Twitter que “Esta ley tiene una historia increíblemente racista. Dudo que el Departamento de Justicia de Biden quiera defenderlo en la corte de apelaciones.” Habrá que esperar la decisión de los funcionarios judiciales para saber qué alcance y qué consecuencias tiene el fallo de Du.
¿Qué establece la ley sobre el reingreso luego de un proceso de deportación?
La Sección 1326 tipifica como delito que las personas ingresen, reingresen o intenten ingresar a los Estados Unidos si previamente se les ha negado la admisión o fueron expulsados bajo una orden de deportación. En el año fiscal 2019, más de 25,000 personas fueron acusadas bajo el estatuto de reingreso, lo que significa aproximadamente el 30% de todos los casos penales federales.
En la mayoría de los casos, el reingreso ilegal se castiga con una multa y hasta dos años en una prisión federal, con penas más severas para las personas condenadas por delitos graves o tres o más delitos menores relacionados con drogas o violencia contra otra persona. La sección de la ley fue enmendada cinco veces en las décadas de 1980 y 1990 para aumentar las penas por violarla.
¿Cuál es el argumento más fuerte del fallo de la jueza Miranda Du?
El fallo de Miranda Du señala que la ley tiene un impacto desigual en los latinos, y señala que el 87% de las personas detenidas en la frontera de México y Estados Unidos en 2010 eran de ascendencia mexicana. Si bien el gobierno federal argumentó que esas estadísticas son una función de la geografía y la proximidad de México a los Estados Unidos en lugar de la discriminación, Du dijo que el argumento no era convincente.
“El poder plenario del gobierno federal sobre la inmigración no le da licencia para promulgar leyes de discriminación racial en violación de la protección igualitaria”, escribió Du.
Citó los argumentos de Kelly Lytle Hernández, profesora de historia en UCLA, quien trazó la historia legislativa de la ley hasta la década de 1920, cuando el gobierno estableció cuotas basadas en el origen nacional. Las audiencias sobre los proyectos de ley durante ese tiempo incluyeron argumentos de los defensores de la eugenesia y compararon a los que elaboran las leyes del proceso de deportación con los “criadores exitosos de caballos de pura sangre”.
“La evidencia indica claramente, como ambos partidos y otros tribunales de distrito están de acuerdo, que la Ley de 1929 se aprobó en un momento en que el nativismo y la eugenesia eran ampliamente aceptados, tanto en el país en general como en el Congreso, y que estas teorías racistas finalmente alimentaron el pasaje de la Ley ”, escribió Miranda Du.
Si bien la ley en cuestión fue promulgada en 1952, la jueza de Nevada afirma que muchas de las disposiciones de la ley anterior de 1929 persistieron en la medida aprobada dos décadas después, sin esfuerzos sustanciales del Congreso para investigar los orígenes. Es más, Du dice que el Congreso en 1952 anuló un veto del presidente Harry Truman en el que el presidente dijo que le preocupaba que la última ley de inmigración perpetuara las injusticias del pasado.
También señaló la correspondencia de los partidarios en el proyecto de ley a principios de la década de 1950 (incluida la del fiscal general adjunto en ese momento que usaba el epíteto racial “espalda mojada”) al rechazar los argumentos de que la ley tenía sus raíces en preocupaciones económicas o de seguridad nacional.
“Los argumentos alternativos del gobierno de que un motivo no discriminatorio era claro o que las enmiendas posteriores implican de alguna manera que se eliminó la mancha racial no están respaldados por la jurisprudencia ni por el expediente probatorio”, escribió convencida Miranda Du.
En el equipo de la abogada Erika Jurado luchamos para que todos los inmigrantes tengan un mejor futuro, con las mismas oportunidades que los ciudadanos de Estados Unidos y libre de discriminación. Si deseas obtener asesoramiento legal personalizado sobre tu caso, puedes agendar una cita llamando al 1-855-910-8244 ¡Estaremos honrados de poder ayudarte!
