El gobierno del presidente Joe Biden dio a conocer que pronto emitirá la regla final de carga pública, pues el período de comentarios públicos de 60 días para la medida propuesta finalizó el 25 de abril y se espera que esta nueva regla se emita en julio o agosto.
Tras ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisó y consideró los comentarios del público, lo que es requisito para desarrollar cualquier regla final.
La regla de carga pública que Trump promulgó en 2019, permitió que a las personas que dependen de los beneficios públicos se les negara la residencia permanente o la ciudadanía.
También ha estado sujeta a retos presentados contra la administración de Biden, quien dijo en marzo pasado que la regla ya no aplicaría.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a un grupo de estados republicanos encabezados por Arizona que no podían intervenir en una demanda para defender la regla.
“Aplaudo a la administración por incluir la regla de carga pública en la agenda regulatoria. Aprendimos una lección dolorosa durante la administración de Trump de que la carga puede cambiarse injustamente de una manera que prive a los inmigrantes, particularmente a los inmigrantes de color, la oportunidad de emigrar a los EE. UU. y reunirse con sus familias”, comentó David W. Leopold, presidente del grupo de leyes de inmigración de Ulmer & Berne LLP a Law360 el miércoles pasado.
Inmigrantes ya no deben tener miedo a represalias por pedir asistencia social
Los inmigrantes sin documentos ya no deben tener miedo a represalias en su caso migratorio por pedir asistencia social, informaron los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) a inicios de este mes.
USCIS actualizó sus reglas para reducir la confusión sobre carga pública y la ayuda que recibieron los inmigrantes durante la pandemia por Covid-19 para evitar el temor a obtener acceso a servicios o recursos del gobierno que están disponibles para aquellos que califiquen.
En 1999 la agencia definió carga pública como la situación en la cual una persona es “primariamente dependiente del gobierno para subsistir” al recibir asistencia pública en efectivo o apoyo financiado por el gobierno a largo plazo.
“El miedo a recibir algún tipo de beneficio por parte del estado o solicitar ayuda federal creció durante la presidencia de Donald Trump, debido a la llamada norma de carga pública que implementó en el sistema de migración de Estados Unidos. Hoy, la regla ya no se aplica con tantas restricciones”, señala una nota de María Ramos en dallasnews.com.
“Los inmigrantes que han solicitado asistencia alimentaria, apoyo médico y ayuda para sus gastos de vivienda durante la pandemia de coronavirus no tendrán ‘consecuencias negativas’ en su estado migratorio o ajuste de estatus, indicó la agencia el 3 de junio de 2022”, agrega la nota.
“Queremos asegurarnos de que los inmigrantes y sus familias, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y de primera línea, no se vean disuadidos por la confusión o el miedo de obtener acceso a servicios gubernamentales importantes a los que son elegibles para mantener a sus familias seguras y saludables”, señaló USCIS.
La Orden Ejecutiva 14012 del presidente Joe Biden emitida en febrero de 2021, es el fundamento de esta decisión de la agencia. Dicha orden tiene como finalidad establecer un sistema migratorio más “justo y humano”.
Corte no permitirá que estados revivan regla de “carga pública” de Trump
La Corte Suprema de Justicia falló el pasado miércoles en contra de una solicitud de varios gobernadores republicanos de revivir la regla conocida como “carga pública”, ampliada por Donald Trump, que es con la que se negaba la residencia a inmigrantes que hubieran usado ciertos beneficios del gobierno.
Cientos o miles de inmigrantes se vieron afectados con las nuevas reglas de carga pública durante la administración de Trump pues se vieron obligados, para cuidar sus trámites migratorios, a no solicitar apoyos sociales que les corresponden y son un derecho para ellos.
El gobierno del ex presidente Trump anunció en agosto de 2019 una nueva regla de carga pública enfocada en padres de familia inmigrantes sin estatus legal que buscaran entrar o que vivieran en el país de forma ilegal, la cual entró en vigor en octubre de ese mismo año.
De esa forma, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó una nueva norma en la que estableció que aquellos inmigrantes legales que pudieran convertirse en una “carga pública” no podrían obtener una visa, ni la residencia permanente (greencard) y tampoco la ciudadanía estadounidense.
¿Cuál fue el argumento? La normativa se basó en la idea de que los migrantes que quieran residir en la Unión Americana deben ser capaces de mantenerse por sí mismos y que las ayudas del Estado deben reservarse a los nacionales del país.
Fueron más de dos años los que estuvo aplicándose esta normativa, pero ese panorama adverso para los inmigrantes comenzó a revertirse en noviembre de 2020, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois anuló la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública.
Aunque, “esa decisión fue suspendida por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito”, informa USCIS en su portal.
Sin embargo, “el 9 de marzo de 2021, el Séptimo Circuito levantó su suspensión y entró en efecto la orden de anulación de la Regla Final de Carga Pública emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos”, agrega.
Y finalmente en febrero de 2022 el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer una nueva propuesta de norma de carga pública. Y esta es información que tiene que tomar muy en cuenta la gente que quiere aplicar a través de una petición familiar.
