La cifra de cierre de casos administrativos de deportación por parte de cortes de inmigración llegó a niveles récord en lo que va del año fiscal 2023.
Así lo revela un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
Cortes de inmigración dan respiro a miles de inmigrantes con récord de cierre de casos de deportación
Desde octubre pasado, cuando comenzó el año fiscal 2023, hasta el 31 de enero de 2023, la Corte de Inmigración ha cerrado 172 mil 180 casos, lo que representa un aumento de 85 por ciento con respecto al periodo del año fiscal 2019, el cual es el último reciente comparable debido a la pandemia por Covid-19.
De esta forma, indican los investigadores, durante los primeros cuatro meses del año fiscal, los cierres de casos están “en camino de crecer a casi medio millón”.
“El reporte agrega que las cortes migratorias han estado muy activas con el cierre de casos en forma administrativa, una de las estrategias impulsadas por el Gobierno del presidente Joe Biden para despresurizar esos tribunales”, indica la información de Jesús García publicada en La Opinión.
“Cabe destacar que el cierre de casos significa un respiro para los inmigrantes en proceso, ya que no enfrentarán la deportación inmediata, pero eso no les otorga una protección migratoria, por lo que siguen siendo indocumentados y deberán hallar alguna forma de cambiar su estatus en EE.UU.”, añade García.
Se acumulan también avisos de comparecencia
“Si bien el incremento en el número de cierres administrativos presagia un descongestionamiento en la Corte de Inmigración, el TRAC advierte que durante los mismos cuatro meses del año fiscal 2023, “se registraron un total de 329,380 Notificaciones (avisos) de Comparecencia (NTA) emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los registros caso por caso de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR)”, indica el reporte de Univision firmado por Jorge Cancino.
Por lo tanto –agrega Cancino en Univision–, la Corte de Inmigración, “está en camino este año para recibir casi un millón de nuevas NTA que buscan deportar inmigrantes”, una crisis que se viene gestando desde el 2013, cuando un informe de la Universidad de California entregado a las Naciones Unidas y luego al gobierno de Barack Obama advirtió la crisis migratoria procedente de Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos.
“El TRAC dijo además que, si continúa el ritmo de las nuevas NTA emitidas por el DHS, al término del año fiscal 2023 la EOIR ‘también puede alcanzar un récord para los casos entrantes’”, señala también.
En este contexto, cabe recordar que hoy por hoy las cortes enfrentan más de dos millones de casos en rezago.
Sugieren duplicar el total de jueces de inmigración
El Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales hace hincapié en que convendría duplicar los jueces y el personal de la EOIR para que pueda conseguir sus metas anuales.
Los analistas de TRAC indican que “a fines del año pasado, la Oficina Ejecutiva de Inmigración (EOIR) informa que había 634 jueces de inmigración”.
“Aunque se contrató una cantidad récord de 104 jueces durante el año fiscal 2022 todavía hay necesidad de más manos. En el actual año fiscal se han sumado a 66 jueces”, apunta el reporte de Garcia en La Opinión.
A su vez, TRAC subraya que “a pesar de esta contratación récord, las nuevas contrataciones son solo una fracción del número de jueces que realmente se necesitan para mantenerse al día con las nuevas presentaciones (de casos) y comenzar a reducir el retraso existente”.
La inmigración, solución a déficit de personal de salud en hogares de ancianos
De acuerdo con un reciente artículo de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), un incremento en la inmigración hacia EU podría ayudar a resolver la persistente escasez de mano de obra en los hogares de ancianos y mejorar la calidad de la atención en los entornos de salud comunales.
La administración del presidente Biden podría emitir en los próximos meses una regla sobre los requisitos mínimos de personal en estos hogares, que han sido los más afectados por la escasez de personal posterior a la pandemia.
Datos de la American Health Care Association indican que el 87 por ciento de los asilos de ancianos en Estados Unidos tienen una escasez de personal de moderada a alta; y según NBER, los inmigrantes representan alrededor del 19 por ciento de los trabajadores en hogares de ancianos.
Los analistas calculan que cada aumento del 10 por ciento en la inmigración femenina produciría un 0.7 por ciento más de horas de auxiliar de enfermería por residente de un asilo de ancianos, y un 1.1 por ciento más de horas de enfermera registrada.
En el año fiscal 2022, el Departamento de Estado emitió un 145 por ciento más de visas de inmigrantes basadas en el empleo para trabajadores de la salud en comparación con el año fiscal 2019, según un portavoz del departamento.
En Minnesota, ¡licencias de conducir para todos!
“Licencias de conducir para todos” es el proyecto de ley firmado esta semana por el gobernador de Minnesota, Tim Walz; éste elimina el requisito de que los solicitantes de licencias entreguen alguna prueba de ciudadanía o presencia legal en el país.
Dicha ley, que entra en vigor el próximo 1 de octubre, beneficiará a unos 80 mil residentes de Minnesota que no cuentan con papeles migratorios.
“Tratar a cada individuo con dignidad nos hace a todos más seguros y hace que nuestro estado sea aún más fuerte. Poseer una licencia de conducir es en muchos casos una necesidad absoluta. El transporte público no existe, especialmente en gran parte de las zonas rurales de Minnesota. Tener acceso a la capacidad de conducir es muchas veces la clave para una economía estable, para asegurarse de tener una casa para vivir, asegurándose de que haya un cheque de pago allí”, señaló Walz.
Fue con el gobernador republicano Tim Pawlenty que los inmigrantes radicados en Minnesota se quedaron sin la posibilidad de tramitar una licencia de conducir, pues en 2003 instituyó una regla de prueba de admisión legal para las licencias.
Pero tal restricción, vigente durante los últimos 20 años, no detuvo a miles de exiliados, que aún con miedo, conducían sus vehículos; es decir, la política de Pawlenty no estaba funcionando mucho.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que aunque no puedan obtener una licencia de manejo, los exiliados de todas maneras conducirán, por lo que no deberían verse obligados a vivir con miedo mientras van al trabajo, a las citas médicas o al llevar a sus hijos a la escuela.
La nueva ley no aplica a las licencias de conducir mejoradas o Real ID, que requieren prueba de ciudadanía estadounidense. El tipo de licencia que un inmigrante sin documentos podría obtener sería una licencia de conducir estatal Clase D.
Actualmente, menos de la mitad de los estados de la Unión Americana permiten que las personas sin estatus legal logren obtener una licencia de manejo, pues son 18 además de Washington, DC y Puerto Rico.
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