Nuevamente Texas da de qué hablar, pero sobre todo otra vez se lanza contra los inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos para darles a sus familias una vida mejor. Ahora, los legisladores republicanos de Texas propusieron un proyecto de ley que convertiría en delito estatal grave cruzar ilegalmente la frontera desde México y crearía una nueva fuerza policial fronteriza que podría reclutar a ciudadanos particulares.
Republicanos de Texas proponen policía estatal de inmigración
Se trata de la más reciente de las continuas presiones del estado para poner a prueba los límites de la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración, asegura información de la agencia de noticias AP.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, activistas por los derechos de los migrantes y demócratas criticaron inmediatamente la propuesta, que empezó a llamar la atención después de que el viernes pasado venciera el plazo para presentar proyectos de ley en la actual sesión legislativa bienal de Texas.
Al respecto, Victoria Neave Criado, representante estatal de Texas y presidenta de la bancada legislativa mexicano-estadounidense, señaló que “el hecho subyacente de que va a permitirle a la gente cuestionar nuestros (valores) de ser estadounidenses en nuestras comunidades fronterizas y en todo Texas es inaceptable”.
“Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, los cruces ilegales se han disparado. Muchos migrantes se han entregado a los agentes de la Patrulla Fronteriza y han sido puestos en libertad en Estados Unidos para que den seguimiento a sus casos ante los tribunales federales de inmigración”, indica el reporte de AP.
Juez ordena detener liberaciones rápidas en frontera de EU con México
A propósito de este último punto, la semana pasada, un juez federal ordenó al gobierno demócrata de Biden que “ponga fin a las liberaciones aceleradas de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México, lo que podría poner a prueba las instalaciones de detención que ya están sobrecargadas”, señala también información de AP.
Al declarar ilegal una herramienta administrativa clave, el juez federal de distrito T. Kent Wetherell II consideró que el gobierno de Biden “ha convertido efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que inundan el país”.
“Wetherell, designado por el presidente Donald Trump, criticó la decisión de detener la construcción de un muro fronterizo, poner fin a una política para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México para las audiencias en la corte de inmigración de EE. UU. y cambiar las prioridades de aplicación. También criticó a la administración por poner fin a la detención de familias en la frontera, una decisión que los funcionarios han comenzado a reconsiderar”, apunta la agencia AP.
“En conjunto, estas acciones fueron similares a colocar un letrero parpadeante de ‘Adelante, estamos abiertos’ en la frontera sur”, escribió Wetherell.
“En conjunto, estas acciones fueron similares a colocar un letrero parpadeante de ‘Adelante, estamos abiertos’ en la frontera sur”, escribió Wetherell en una opinión de 109 páginas sobre el caso.
“El problema es el uso cada vez mayor de la libertad condicional por parte de la administración para sacar rápidamente a los migrantes de la custodia de la Patrulla Fronteriza para continuar con sus casos de inmigración. Por lo general, se les dice que se presenten ante las autoridades de inmigración en dos meses y se les rastrea con un dispositivo móvil”, indica igualmente la agencia AP.
Y agrega que “la Patrulla Fronteriza otorgó libertad condicional a 572,575 inmigrantes el año pasado, incluido un récord de 130,563 en diciembre. La libertad condicional se desplomó un 96% a 5,225 migrantes en enero después de que la administración anunciara medidas destinadas a disuadir a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos de cruzar la frontera ilegalmente y, en cambio, buscar protección solicitando en línea, encontrando un patrocinador financiero e ingresando a los EE. UU. en un aeropuerto”.
“La libertad condicional es mucho más rápida que el trabajo lento de los agentes que emiten avisos para comparecer ante la corte de inmigración. Ha aliviado drásticamente el hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, que rondaba los 12,000 hacia fines del año pasado, pero cayó por debajo de los 5,000 en enero”, resalta AP
Añade igualmente que los defensores de la inmigración advirtieron que el fallo de Wetherell podría exacerbar las condiciones.
Jennie Murray, presidenta del Foro Nacional de Inmigración, alertó que “si entra en vigencia, esta decisión significará mayores riesgos para la salud y la seguridad de los migrantes detenidos y una mayor presión sobre nuestros agentes en la frontera”.
Operación Estrella Solitaria
Retomando el tema de la propuesta de los legisladores republicanos de Texas, ésta impulsaría a su vez “la misión fronteriza masiva de 4,000 millones de dólares del gobernador Greg Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria. Esto ha incluido que el gobernador aumente fuertemente la presencia policial cerca de la frontera con México, obstaculice el tráfico al implementar un incremento en las inspecciones de camiones comerciales, y construya más barreras a lo largo de la frontera internacional, en un reflejo de la promesa de campaña inconclusa del ex presidente Donald Trump”, resalta AP.
“Las medidas también han incluido ordenarle a los agentes que detengan a los migrantes que invaden propiedad privada y transportar en autobús a miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, incluidas Nueva York y Washington D.C. Dichas iniciativas han atraído la atención hacia Abbott, que está sopesando postularse a la presidencia, según dicen algunos asesores suyos”, indica la agencia también.
De aprobarse esta propuesta de ley, “le permitiría a una unidad de policía estatal de nueva creación arrestar, detener y disuadir a las personas que crucen ilegalmente a Texas, construir más barreras y mantener las existentes entre Texas y México, y devolver a los inmigrantes a México si se les detecta ingresando al estado”, indica AP.
Además, los agentes fronterizos estatales prestarían servicio bajo la dirección de un jefe, que sería nombrado por el gobernador, en este caso Abbott.
“Ciudadanos respetuosos de la ley” podrían ser parte de este nuevo cuerpo policial de Texas
“Según el proyecto de ley, que está sujeto a la aprobación de las dos cámaras legislativas del estado —controladas por los republicanos— antes de finales de mayo, el jefe podrá emplear a policías estatales y locales con licencia para que presten servicio en la fuerza fronteriza, al igual que a ‘ciudadanos respetuosos de la ley’ que no tengan antecedentes de delitos graves”, destaca el reporte de la agencia.
“A los ciudadanos particulares empleados en esa fuerza policial se les permitiría participar en ‘operaciones y funciones de la unidad’ y gozarían de la misma inmunidad penal y de responsabilidad civil en el trabajo que los agentes con licencia. Pero no estarían autorizados a realizar arrestos, a menos que estén entrenados para ello y tengan autorización del gobernador, según la forma actual del proyecto de ley”, agrega el reporte.
Los inmigrantes detenidos por cruzar sin documentos a Texas se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 10 mil dólares por infracción.
“La propuesta cita una cláusula de la Constitución federal sobre los poderes estatales cuando se enfrentan a una invasión y peligro inminente, y sigue a numerosas exhortaciones de exfuncionarios del gobierno del expresidente Donald Trump y jefes policiales de varios condados del sur de Texas para que Abbott declare lo que han llamado una ‘invasión’ bajo esta cláusula”, señala AP.
Afirman que abordar la crisis fronteriza en Texas es una prioridad
“Abordar la crisis fronteriza y humanitaria de nuestro estado” es una prioridad, afirmó en un comunicado el republicano Dade Phelan, quien es presidente de la Cámara de Representantes de Texas.
“Phelan dijo que la policía fronteriza propuesta, así como una propuesta para crear una Comisión Legislativa de Supervisión de Seguridad Fronteriza —que proporcionaría recomendaciones de política de seguridad fronteriza, supervisaría a la nueva unidad de policía y trabajaría para resolver problemas del sur de Texas, eran una ‘cuestión que debe ser aprobada’”, dice la información de la agencia.
“Organizaciones defensoras de los derechos civiles y demócratas del estado denunciaron rápidamente la iniciativa. La propuesta también atrajo comparaciones con una ‘prohibición a las ciudades santuario’ de 2017 que le permitía a la policía preguntarle a las personas cuál era su estatus migratorio, y amenazaba a los alguaciles y jefes de policía con penas de cárcel si se negaban a cooperar con las autoridades federales para hacer cumplir la ley de inmigración”, resalta.
“Esa propuesta se convirtió en ley, pero más tarde fue impugnada en los tribunales y está pendiente de resolución, según Alexis Bay, coordinador legislativo del programa Beyond Borders en el grupo activista Texas Civil Rights Project. Bay dijo que los poderes y la inmunidad que se otorgarían a los ciudadanos privados que sirvieran en la fuerza fronteriza propuesta no se parecen a nada visto en la historia reciente de Texas”, indica AP.
Gilberto Hinojosa, presidente del Partido Demócrata en Texas declaró a AP que la actual propuesta de ley que se discute en el estado de la estrella solitaria “está diseñada para generar actitudes racistas” y que “es algo simplemente horrendo”.
¿Debemos renunciar a la fantasía de resolver la crisis fronteriza?
Conociendo todo lo anterior, incluidas las posturas de republicanos y demócratas y la visión que cada grupo tiene en cuanto a las reglas para la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos, surge la pregunta: ¿debemos renunciar a la fantasía de resolver la crisis fronteriza?
La analista Dara Lind ya se contestó esa interrogante, pues opina que Biden pasó de denunciar las políticas de inmigración de su predecesor (Donald Trump) a seguir sus pasos al proponer una regulación que haría que la gran mayoría de los solicitantes de asilo actuales no fueran elegibles. Y que también pasó de denunciar la detención de familias inmigrantes a contemplar su uso masivo.
En un artículo publicado el pasado 14 de marzo en el New York Times, Lind argumenta sus afirmaciones diciendo que “la política fronteriza actual de los EE. UU., bajo una hoja de parra conocida como Título 42, un estatuto activado bajo una orden de salud pública de Covid que casi todos están de acuerdo con franqueza que no se trata de salud pública, pone a la mayoría de los que cruzan la frontera en riesgo de expulsión sumaria sin ninguna posibilidad de buscar asilo. A pesar de eso, los niveles de detención del año pasado alcanzaron máximos de 20 años.
“Con la expiración prevista de la orden del Título 42 esta primavera, la administración de Biden se encuentra preventivamente en pie de crisis, apresurándose para asegurarse de que tendrá una ofensiva lista para una oleada anticipada de solicitantes de asilo”.
Y ese es exactamente el problema –añade Lind–: “Estados Unidos ha estado intermitentemente en situación de crisis en la frontera durante la última década. Cada administración sigue recorriendo incansablemente las mismas pocas ideas. Bajo Barack Obama se construyó un centro de detención familiar que Biden podría reabrir . La regulación propuesta recientemente, que esencialmente negaría el asilo a cualquier persona que cruce ilegalmente a los Estados Unidos, es una variación de una propuesta de Donald Trump”.
“El gobierno federal evidentemente no tiene ideas. Lo que hace que esto sea tan frustrante es que no es difícil imaginar otras formas mejores de evaluar la salud de nuestro sistema de inmigración y mejorarlo”, afirma.
“Pero ahora estamos atrapados en una versión de crisis fronteriza del “Día de la marmota”. Aumentan las detenciones en la frontera; la administración entra en pánico y promulga una aplicación más dura; disminuyen las aprensiones; la administración declara la victoria; las detenciones fronterizas vuelven a aumentar”, señala.
Y apunta que “sería tentador suponer que el problema es que la aplicación no se mantiene, pero la evidencia no lo respalda: por ejemplo, la era del Título 42 ha tenido mínimos históricos en cruces fronterizos no autorizados y máximos del siglo XXI. Hay otros determinantes de la migración fuera del control de los Estados Unidos y fuera del alcance de nuestras políticas”.
Cuando bajan los temores –subraya Lind– en lugar de prepararse para el siguiente aumento inevitable, cualquier administración que esté a cargo declara que la crisis ha terminado y sigue adelante con un alivio palpable. (Incluso mientras la Casa Blanca de Biden se prepara para el final del Título 42, ha estado dando una vuelta de victoria sobre una disminución en el número de detenciones desde el otoño).
“El estado de crisis se define por las cifras de detención, la cantidad de personas atrapadas o entregadas a la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, ese número es incapaz por sí solo de decir nada acerca de la capacidad del gobierno de los EE. UU. para lidiar con los que cruzan la frontera o lo que les sucede después de la detención. Además, es imposible proteger la frontera contra la crisis porque ninguna inversión en sí misma, incluso un muro, impedirá que las personas puedan poner un pie en suelo estadounidense”, destaca igualmente.
Para Lind, “la única forma de reducir la cantidad de personas atrapadas por la Patrulla Fronteriza es tratar de intimidarlos para que no vengan. Esa es la estrategia de disuasión que Estados Unidos ha estado utilizando desde 2014: decirle a la gente que no venga y tratar de asegurarse de que las personas que ya vienen sean tratadas lo suficientemente mal como para que el mismo mensaje se propague de boca en boca”.
Múltiples intereses en la política de inmigración
“También hay múltiples intereses en la política de inmigración: el compromiso humanitario histórico de los Estados Unidos de no deportar a las personas a un país donde serán perseguidos, por ejemplo, y una sensibilidad hacia las condiciones en las que los niños y las familias se encuentran bajo custodia del gobierno”, opina.
En su análisis, advierte que “los funcionarios de la Casa Blanca se ofenden al comparar su prohibición de tránsito con la de Trump, porque enfatizan que hay excepciones significativas a la prohibición. Prometen que esta vez no terminarán reteniendo a las familias en condiciones de cárcel durante meses”.
“Sin embargo, la disuasión envía solo un mensaje contundente: no. Si el mensaje es ‘probablemente no’ o ‘espera, vamos a comprobar’, la política fallará en sus propios términos”, acota.
Puntualiza que “una de dos cosas será cierta en nuestra política fronteriza posterior al Título 42. La prohibición funcionará como una prohibición, y las familias se verán obligadas a pasar por un proceso de varios pasos para determinar su inelegibilidad para el asilo dentro de los 20 días (el punto en el que los tribunales han dicho que, en general, Estados Unidos debe liberarlos)”.
Lind también resalta lo siguiente: “O las excepciones serán reales, y un gran número de personas permanecerán aquí para continuar con sus casos, lo que requerirá su liberación de la detención y enturbiará el mensaje enviado a sus países de origen. O la administración Biden se retractará de sus promesas humanitarias o socavará la brutal eficacia disuasoria de su política. De cualquier manera, se está saboteando a sí mismo”.
Opina a su vez que “hay otras formas de medir la salud de nuestro sistema de inmigración. Un sistema que se preocupara por maximizar las solicitudes de asilo ordenadas se centraría en ampliar la capacidad en los puertos de entrada para realizar entrevistas de asilo ordenadas en lugar de obligar a las personas a usar la aplicación CBP One de Aduanas y Protección Fronteriza, notoriamente defectuosa, con la esperanza de establecer citas escasas”.
Asimismo, subraya que “un sistema que se preocupara principalmente por procesar a las personas de manera rápida y segura invertiría en instalaciones para albergarlas que no fueran cárceles efectivas. Un sistema que se preocupara por garantizar que nadie se salte una cita en el tribunal garantizaría una comunicación clara de los tribunales, y tal vez incluso abogados para ayudar a los inmigrantes a navegar por el sistema. Un sistema que se preocupara por ejecutar órdenes de deportación colocaría agentes de Inmigración y Control de Aduanas en los tribunales”.
Y añade que “algunos de estos son más atractivos que otros para mí y quizás para usted, pero eso es parte del punto: hay muchas otras formas en que los halcones o las palomas pueden obtener lo que quieren, y hablar abiertamente sobre lo que quieren que el sistema logre puede reenfocar la discusión en cosas que realmente están bajo el control del gobierno”
Por último, Lind asevera que “es hora de dejar de lado la fantasía de resolver una crisis fronteriza, con la implicación incómoda y sin fundamento de que la única política fronteriza exitosa es la menos humana”.
Y por supuesto ya no hay mucho que agregar a lo planteado por la analista del New York Times Dara Lind, ojalá tanto la administración Biden como Abbott y los republicanos no sólo en el congreso local de Texas, sino en el Congreso federal sean más humanos y tomen en cuenta, todos, lo que Lind analiza del problema fronterizo en el sur de Estados Unidos.
Con información de dos reportes de la agencia AP y The New York Times.
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