El regreso de Donald Trump al poder genera incertidumbre en las comunidades inmigrantes de Estados Unidos. Un conjunto entre los que más dudas genera es en las comunidades escolares.
La administración Trump ya anunció que endurecerá la aplicación de leyes migratorias, lo que genera temor en muchas familias que tienen miedo por su futuro y el de sus hijos en el sistema educativo.
Ante esta situación, expertos en derechos civiles instan a los padres a conocer sus derechos y a las escuelas a proteger el acceso a la educación sin importar el estatus migratorio de los inmigrantes.
El derecho a la educación no debería verse afectado
Nicholas Espíritu, subdirector legal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, dijo en una entrevista con el Houston Landing que las escuelas no están obligadas a hacer cumplir leyes migratorias. Esta responsabilidad recae en otras agencias, no en las instituciones educativas.
Desde hace más de 40 años, la Corte Suprema estableció que ningún estudiante debe ser excluido de la educación pública debido a su estatus migratorio, en base a la Cláusula de Igual Protección de la Enmienda 14.
Según Espíritu, los educadores tienen la responsabilidad de garantizar un entorno seguro y acogedor para todos los estudiantes, incluídos los inmigrantes e hijos de inmigrantes.
Cuando las escuelas piden información sobre el estatus migratorio o colaboran con las autoridades migratorias, crean un ambiente de miedo que afecta directamente la disposición de los niños a asistir a clases y de los padres a participar en la comunidad escolar.
Durante la administración Trump anterior, se reportaron casos de disminución en la asistencia escolar después de operativos migratorios en algunas comunidades. Lo que sucede es que los inmigrantes tienen miedo.
La sola posibilidad de redadas en lugares públicos ha hecho que muchas familias de inmigrantes prefieran mantenerse alejadas de instituciones como escuelas, hospitales y centros comunitarios, aunque estas sean consideradas “zonas sensibles” por las autoridades.
Zonas sensibles y detenciones de inmigrantes en escuelas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha mantenido durante años una política que limita los operativos migratorios en escuelas y otros lugares esenciales, conocidos como “zonas sensibles”.
Estas pautas buscan proteger el acceso a servicios básicos, como la educación y la salud, sin el riesgo de detenciones o deportaciones de inmigrantes.
No obstante, el temor de los inmigrantes a que estas políticas cambien bajo una administración más estricta en materia migratoria sigue latente. “Modificar esta guía sería un error y dañaría gravemente el derecho de los niños a recibir educación”, advirtió Espíritu. Por eso, aconsejó a los padres no dejarse intimidar y mantener a sus hijos inscritos en las escuelas públicas, independientemente de su situación migratoria.
El impacto en los estudiantes
El aumento de operativos migratorios no solo afecta a los adultos, sino también a los niños. Aunque los más pequeños suelen preocuparse por cosas como jugar con sus amigos o entender las clases, la ansiedad y el miedo pueden aparecer cuando perciben que sus padres o familiares corren peligro.
La posibilidad de deportaciones masivas de inmigrantes genera un ambiente de incertidumbre que afecta el rendimiento escolar. Los expertos coinciden en que los niños deben concentrarse en sus estudios y no en preocupaciones sobre su estatus migratorio.
“Los padres deben asegurarse de que sus hijos comprendan que las escuelas no pueden negarles el acceso a la educación”, afirmó Espíritu. Además, insistió en que las escuelas no deben pedir información migratoria ni de los estudiantes ni de sus padres.
El DACA, los maestros y la comunidad educativa
En cuanto a los maestros, la ley exige que cuenten con permisos de trabajo válidos para ejercer su profesión en escuelas públicas. Aunque los docentes indocumentados no pueden trabajar en estas instituciones, existen miles de maestros protegidos por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que desempeñan un papel fundamental en la educación.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Educación, alrededor de 15,000 maestros con DACA trabajan actualmente en Estados Unidos.
Estos educadores no solo cubren la falta de personal en un momento crítico para el sistema educativo, sino que también son un ejemplo para muchos estudiantes inmigrantes que ven en ellos un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones.
La posibilidad de que el programa DACA sea eliminado o modificado preocupa a las comunidades educativas. La pérdida de estos docentes representaría un retroceso tanto para los estudiantes como para las escuelas que dependen de su trabajo.
Cómo hablar con los hijos sobre el estatus migratorio
El estatus migratorio es un tema complicado de abordar, especialmente con niños pequeños. Muchos padres temen que hablar de la situación legal de la familia pueda aumentar la ansiedad de sus hijos o distraerlos de sus estudios.
Sin embargo, Espíritu recomendó que los padres eduquen a sus hijos sobre sus derechos y les aseguren que las escuelas no pueden negarles el acceso a la educación.
“Los niños no deberían preocuparse por algo tan complejo como su estatus migratorio”, señaló. Las escuelas deben enfocarse en el aprendizaje de los estudiantes y no en cuestiones que puedan inhibir su participación en la comunidad educativa.
Además, recordó que organizaciones como el Centro Nacional de Derecho de Inmigración ofrecen recursos y apoyo a las familias que enfrentan problemas relacionados con la inscripción escolar o el acceso a la educación. “Si una escuela hace preguntas sobre el estatus migratorio, los padres inmigrantes deben saber que tienen derecho a inscribir a sus hijos sin restricciones”, añadió.
Inmigrantes: el papel de las escuelas en tiempos de incertidumbre
Ante el posible regreso de políticas migratorias estrictas de la mano de Donald Trump, las escuelas tienen la responsabilidad de proteger a los estudiantes y a sus familias. Mantener las aulas como espacios seguros es fundamental para el bienestar de los niños y para el desarrollo de comunidades más fuertes y unidas.
Espíritu subrayó la importancia de que las instituciones educativas actúen como aliados de las familias inmigrantes. Esto incluye evitar cualquier acción que pueda interpretarse como discriminatoria o intimidante, como pedir documentos relacionados con el estatus migratorio.
Además, pidió a los educadores y administradores escolares que se enfoquen en garantizar que todos los estudiantes reciban una educación de calidad, sin importar su origen o situación legal. “Las escuelas son un lugar donde los niños aprenden no solo materias básicas, sino también valores cívicos y la importancia de la inclusión”, concluyó.
Las escuelas deben ser sitios seguros
El regreso de Donald Trump a la presidencia representa un desafío para las comunidades inmigrantes y las instituciones educativas que las sirven. Sin embargo, el derecho a la educación de los niños está protegido por la ley estadounidense, y ni las escuelas ni las autoridades deberían actuar en contra de ese principio fundamental.
Las familias inmigrantes deben conocer sus derechos y no dejar que el miedo las aleje de las aulas. Por su parte, las escuelas de todo el país tienen el deber de garantizar que todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, puedan aprender en un ambiente seguro y acogedor. En tiempos de incertidumbre, proteger la educación significa también proteger el futuro de miles de niños y jóvenes que aspiran a una vida mejor.
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