Como se esperaba, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva buscando restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La acción, titulada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Americana”, ha puesto fin, por decreto, a la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda de la Constitución.
Esta enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos”.
En este artículo del blog Jurado-Graham, analizaremos esta y otras órdenes ejecutivas que impactan en los inmigrantes que viven en el país.
Interpretación y reinterpretación de la 14ª enmienda
La orden ejecutiva vinculada a la ciudadanía por nacimiento argumenta que la 14ª Enmienda nunca tuvo la intención de otorgar la ciudadanía de manera universal a todos los nacidos en suelo estadounidense.
Se basa en la idea de que la enmienda siempre excluyó a aquellos que no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, citando como ejemplo histórico a los diplomáticos y sus familias, cuyos hijos nacidos en Estados Unidos no se consideran ciudadanos estadounidenses debido a su estatus de no estar bajo la jurisdicción de las leyes estadounidenses.
La orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento establece que, a partir de 30 días después de su firma (20 de enero de 2025), la ciudadanía por nacimiento no se extenderá automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos en las siguientes circunstancias:
Madres en situación migratoria irregular: Cuando la madre de la persona se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal al momento del nacimiento y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente.
Madres con estatus legal temporal: Cuando la madre se encontraba legalmente en Estados Unidos, pero con un estatus temporal (como visa de visitante, estudiante, trabajo o bajo el programa de exención de visa) y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente.
Ciudadanía por nacimiento: implicaciones de la orden ejecutiva
La orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento instruye a todas las agencias gubernamentales a nivel federal, estatal y local a no emitir documentos que reconozcan la ciudadanía a personas que se encuentren en estas categorías.
Esto incluye actas de nacimiento, números de seguro social y pasaportes. La orden especifica que esta directiva aplica únicamente a personas nacidas 30 días después de la firma de la orden ejecutiva. Es decir, aquellos nacidos antes de esa fecha no se ven afectados.
El papel de las agencias gubernamentales
La orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento establece que las siguientes agencias deben tomar medidas para garantizar que sus regulaciones y políticas sean consistentes con esta directiva:
- El Departamento de Estado
- El Fiscal General
- El Secretario de Seguridad Nacional
- El Comisionado del Departamento de Seguridad Social
Estas agencias deben emitir lineamientos públicos dentro de los 30 días posteriores a la firma de la orden, detallando cómo se implementarán los cambios.
“Oh, esta es una de las importantes”, dijo el flamante presidente Trump cuando uno de sus empleados le dijo sobre el contenido de la carpeta que le estaba acercando para firmar.
Mucho se dijo en la campaña sobre la promesa del republicano de poner fin a la posibilidad de que los hijos de indocumentados puedan recibir la nacionalidad, algo que la orden define como un “profundo e invaluable regalo”, publicó El País.
“El privilegio de la ciudadanía no se extiende automáticamente a quienes nazcan en Estados Unidos cuando su madre está ilegalmente en el país y/o el padre no es ciudadano estadounidense”, dice expresamente el texto de la orden ejecutiva. Asimismo, los cambios afectan a personas con visas temporales, como estudiantes, trabajadores y turistas.
Ciudadanía por nacimiento: desafíos legales y políticos
El mismo presidente Trump reconoció que la orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento podría ser impugnada en los tribunales. Muchos expertos y grupos proinmigrantes creen que la orden es inconstitucional y que cualquier cambio en la definición de ciudadanía por nacimiento debería realizarse mediante una enmienda a la Constitución, que requiere una “supermayoría” en ambas cámaras del Congreso.
Todo indica que habrá demandas legales en los siguientes 30 días buscando bloquear la orden antes de que entre en vigor.
Puntos clave a considerar
- No es retroactiva: La orden sobre ciudadanía por nacimiento no afecta a quienes ya son ciudadanos estadounidenses.
- Protección a hijos de residentes permanentes: La orden protege el derecho de los hijos de residentes permanentes a obtener documentación de su ciudadanía estadounidense.
- Periodo de gracia: La orden entrará en vigor 30 días después de su firma, lo que podría dar tiempo para novedades legales.
- Definiciones: Se aclaran definiciones de “madre” como la progenitora biológica inmediata y “padre” como el progenitor biológico.
Ciudadanía por nacimiento: todo se resolverá en la justicia
La orden ejecutiva representa un cambio drástico en la política de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, con profundas implicaciones para las comunidades inmigrantes y los derechos civiles.
Aunque se basa en una interpretación específica de la 14ª Enmienda, su constitucionalidad será seguramente objeto de intensos debates legales y políticos en los próximos meses.
Junto con la orden de la ciudadanía por nacimiento, todas las nuevas medidas relacionadas con la inmigración son restrictivas y están en línea con las que había implementado durante su anterior mandato.
Las acciones buscan reducir la inmigración irregular y fortalecer el control fronterizo, priorizando lo que el gobierno de Trump define como “seguridad nacional”.
Suspensión del programa de asilo y endurecimiento fronterizo
Además del tema de la ciudadanía por nacimiento, otra de las órdenes ejecutivas es la suspensión del programa de asilo, lo que impide la llegada de nuevos solicitantes, incluidos aquellos que huyen de desastres climáticos.
La decisión, que ya ha afectado a miles de personas que gestionaban su asilo a través de la aplicación CBP One (te contamos sobre esto en este blog), deja en el limbo a 30.000 personas que tenían citas programadas en las próximas semanas.
En paralelo, el gobierno de Trump declaró una emergencia nacional fronteriza, lo que obliga al Departamento de Defensa a brindar apoyo logístico y recursos para resguardar la zona e impedir la entrada de personas indocumentadas.
Esto incluye la reanudación de la construcción del muro fronterizo y el levantamiento de restricciones en los vuelos de drones en la zona fronteriza.
Se dio un plazo de diez días al Pentágono para presentar un plan para “sellar la frontera”, lo que podría incluir el despliegue de tropas.
Fin del ‘Catch and Release’ y deportaciones inmediatas (¿redadas?)
Junto con la suspensión de la ciudadanía por nacimiento, una de las órdenes ejecutivas de mayor impacto es el fin de la política de “Catch and Release”, que permitía la liberación de indocumentados mientras sus casos se resolvían en los tribunales.
Ahora, el gobierno ha ordenado que toda persona que ingrese de manera irregular a Estados Unidos será “detenida y deportada de inmediato”. El objetivo, según el presidente, es “devolver a millones de personas a sus países de origen”.
Además, al mismo tiempo que suspendió la ciudadanía por nacimiento, Trump revocó el “parole” humanitario, una medida que permitía a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela renovar visas de trabajo por dos años tras su llegada.
Restablecimiento del programa ‘Quédate en México’
Otro punto clave de las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump este lunes 20 de enero al asumir es el restablecimiento del programa “Quédate en México”, también conocido como los Protocolos de Protección al Migrante.
Esta política, que afectó a 75.000 migrantes, los obliga a esperar en territorio mexicano mientras sus casos avanzan en las cortes de Estados Unidos.
La norma instruye a las autoridades a devolver a los migrantes “al territorio por donde llegaron”, lo que podría generar tensiones con el gobierno mexicano.
Equiparación de los cárteles de la droga con organizaciones terroristas
Además del tema de la ciudadanía por nacimiento, el gobierno de Trump equiparó con otra orden a los cárteles del narcotráfico con organizaciones terroristas internacionales, argumentando que estos grupos operan en algunas zonas de México como “entidades cuasi gubernamentales” que controlan “casi todos los aspectos de la sociedad”.
Esta medida, que busca erradicar la presencia de los cárteles en Estados Unidos, podría implicar el despliegue de fuerzas especiales en México. Además, extendió la medida a pandillas como el Tren de Aragua y La Mara Salvatrucha.
Veto a nacionalidades y otras restricciones
Junto con la restricción de la ciudadanía por nacimiento, las órdenes ejecutivas también dejan abierta la posibilidad de prohibir la entrada al país a determinadas nacionalidades, una medida que recuerda al veto a los inmigrantes de países musulmanes en 2017.
El gobierno de Trump considera que tiene la facultad de implementar medidas para combatir la inmigración irregular, incluida la restricción de entrada a grupos considerados parte de “la invasión”.
El legado migratorio de Trump
El nuevo gobierno hereda una situación fronteriza donde los cruces irregulares han disminuido a niveles no vistos en tres años. En diciembre de 2024, se registraron menos de 100.000 cruces, y las aprehensiones cayeron un 70% en comparación con el mismo periodo de 2023.
Biden se había dado cuenta que no podía ganar las elecciones si la frontera seguía siendo tan permeable, pero al parecer fue tarde.
Las órdenes ejecutivas firmadas por Trump representan un retorno a una política migratoria de mano dura, centrada en el control fronterizo y la deportación.
Medidas como la relacionada con la ciudadanía por nacimiento tendrán impacto en la vida de miles de migrantes y refugiados, y es probable que generen tensiones diplomáticas con países vecinos como México.
El debate sobre la política migratoria en Estados Unidos continúa, pero con estas acciones el gobierno de Trump ha dejado claro su camino a seguir.
Y un detalle más, entre las órdenes que firmó está la de decirle a los organismos de la Administración que cambien el nombre al Golfo de México.
La nueva denominación abarcará el área continental de los Estados Unidos que limita con Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, así como los límites marítimos con México y Cuba. La implementación de este cambio estará a cargo del Departamento de Interior.
Me detuvieron, ¿qué hago?
Es clave que los inmigrantes conozcan sus derechos. La Constitución de Estados Unidos garantiza derechos fundamentales a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Estos incluyen el derecho a un debido proceso, la protección contra la autoincriminación y el derecho a guardar silencio.
En caso de ser detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se recomienda mantener la calma y ejercer el derecho a permanecer en silencio.
No se debe firmar ningún documento sin entender completamente su contenido ni proporcionar información falsa.
Es esencial solicitar comunicarse con un abogado antes de responder a cualquier pregunta.
También es útil tener una carpeta con documentos importantes. Esto puede facilitar los trámites legales.
Esta carpeta debe incluir actas de nacimiento, pasaportes, testamentos, poderes notariales, documentos de cuentas bancarias, seguros y títulos de propiedad, entre otras cosas.
Además, es importante tener anotados los datos de contacto de familiares o amigos que puedan ayudar en caso de emergencia.
¿Dónde encuentro un abogado de inmigración confiable?
En Jurado-Graham nos especializamos en casos relacionados con la visa U, la visa T, la visa VAWA, el DACA y la visa de prometido, entre otros. Si entiendes que tu caso está vinculado con estos, no dudes en comunicarte con nosotros.
Encontrar asesoramiento legal confiable es fundamental. La American Immigration Lawyers Association (AILA) ofrece un sitio web en español donde se pueden buscar abogados de inmigración por estado, ciudad y especialidad. Esta organización está compuesta por abogados especializados en leyes migratorias y brinda garantías sobre la idoneidad de sus miembros.
Otra fuente confiable es el Directorio Nacional de Servicios Legales de Inmigración, que proporciona un listado detallado de proveedores de servicios legales clasificados por estado, condado o centro de detención.
Además, el Departamento de Justicia mantiene una lista en línea de abogados suspendidos o inhabilitados, permitiendo verificar la validez de la licencia de un abogado antes de contratar sus servicios.
Desconfía de quienes prometen resultados garantizados o afirman tener conexiones especiales con agencias gubernamentales. Solicita siempre referencias y busca opiniones de otros clientes.
