Con el fin de “tomar medidas contra las crecientes amenazas que plantea la inmigración ilegal como resultado del fracaso de la administración Biden para asegurar las fronteras de nuestra nación”, el gobernador de Florida Ron DeSantis propuso nuevas y más duras leyes contra la inmigración ilegal.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis propuso un paquete de leyes con “medidas enérgicas” contra inmigración ilegal en Florida
Al buscar aumentar las sanciones por tráfico de personas, fortalecer los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigir el uso universal de E-Verify, mejorar las sanciones por falsificación de documentos y prohibir que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas que no se encuentran legalmente en el país, Florida pretende “liderar el camino para proteger a los estadounidenses de los efectos nocivos de la agenda de fronteras abiertas de la izquierda”.
Hoy por hoy, la ley de Florida requiere que todos los empleadores públicos usen E-Verify, un sistema administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero los empleadores privados no están obligados a utilizar este sistema.
Con las leyes migratorias propuestas por DeSantis “Florida continúa tomando medidas enérgicas contra el contrabando de extranjeros ilegales, impidiendo que los municipios emitan tarjetas de identificación a las personas que están aquí ilegalmente y asegurando que los empleadores contraten a ciudadanos estadounidenses o a los que están aquí legalmente”, expresó el gobernador.
“Florida es un estado de ley y orden, y no cerraremos los ojos ante los peligros de la crisis fronteriza de Biden. Continuaremos tomando medidas para proteger a los floridanos de las imprudentes políticas federales de frontera abierta”, señaló también al presentar el paquete de propuestas presentado bajo el nombre de “La lucha de Florida contra la crisis fronteriza de Biden”.
La legislación planteada por DeSantis, quien se perfila como un posible candidato republicano a la Casa Blanca en 2024, también invalida todas las licencias de otros estados para extranjeros no autorizados, requiere que aquellos que se registren para votar afirmen que son ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales de Florida, evita que los inmigrantes no autorizados sean admitidos para ejercer la abogacía y elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.
Por si fuera poco, la propuesta requiere que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos para brindar atención a los extranjeros ilegales y que informen periódicamente los datos al Gobernador y la Legislatura.
Según lo estipulado por la Orden Ejecutiva 21-223, expedida por DeSantis, se recopilaron estos datos y durante el año fiscal 2021-22, los costos de atención médica para extranjeros ilegales en Florida fueron de casi $340 millones y los contribuyentes pagaron más de dos tercios de este costo.
El aumento de las penas por el contrabando de personas sigue las recomendaciones del gran jurado reunidas por la Corte Suprema de Florida a pedido y voluntad del gobernador DeSantis:
- Hacer que sea un delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión, una multa de $5,000 y cinco años de libertad condicional, transportar, ocultar o albergar a sabiendas a un extranjero ilegal dentro o hacia el estado;
- Convertirlo en un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión y una multa de hasta $10,000, si el inmigrante ilegal es menor de 18 años; y
- Especificar que una persona comete un delito separado por cada persona transportada, oculta o albergada y permitir que las personas transportadas sean detenidas por las fuerzas del orden público como testigos materiales.
DeSantis criminaliza a inmigrantes
“Sin embargo, al igual que con otras políticas migratorias similares, el gobernador no explica que la política fronteriza de Biden se basa en el cumplimiento del debido proceso, es decir, todos aquellos que tienen una causa probable de asilo son procesados de acuerdo con lo permitido por la ley y son los jueces de inmigración quienes deciden el futuro de estas personas en Estados Unidos”, señala el periodista de Univision Jorge Cancino en su reporte al respecto.
“A pesar de que los inmigrantes liberados en la frontera no tienen una admisión por parte de las autoridades federales y tampoco acumulan tiempo ilegal de permanencia, para DeSantis se trata de extranjeros ilegales que deben ser detenidos y expulsados”, destaca Cancino.
“En los dos años anteriores, DeSantis ha emitido órdenes ejecutivas para combatir la inmigración irregular y recientemente la Asamblea Estatal aprobó una ley que permite el traslado de indocumentados a cualquier otro estado del país sin importar si están a la espera de sus audiencias en la Corte de Inmigración (EOIR)”, subraya igualmente la información de Univision.
Las dos cámaras del Congreso de Florida tienen mayoría republicana, por lo que se prevé que muchas de estas iniciativas del gobernador salgan adelante en marzo, cuando se reúna la Legislatura.
Organizaciones pro inmigrantes rechazan las leyes propuestas por DeSantis
En tanto, A.J. Hernández Anderson, abogado supervisor principal del Fondo de Acción del Southern Powerty Law Center (SPLC), indicó que “las propuestas legislativas racistas y xenófobas de DeSantis dañarán a todos los floridanos y dañarán la salud pública, la seguridad pública y las empresas de Florida. Florida es el hogar de millones de familias de estatus mixto”.
Jorge Cancino también resaltó que el castigo por traslado de indocumentados que DeSantis pretende implementar tendrá un terrible impacto entre matrimonios mixtos, es decir, donde uno de los cónyuges es un inmigrante sin papeles.
“La postura política de DeSantis tendrá un efecto escalofriante en la cooperación entre las fuerzas del orden público y las comunidades de inmigrantes, lo que tendrá graves consecuencias para las familias inmigrantes, los niños y las personas de color en todo el estado”, remarcó a su vez el SPLC.
Por su parte, Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, indicó que las leyes propuestas por DeSantis son “una lista cruel, antiinmigrante y racista de los próximos mandatos (…) El y la legislatura estatal están usando una vez más el odio y el uso de mano dura del poder del gobierno para atacar a nuestras familias, amigos y vecinos vulnerables”.
Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo de Hope CommUnity Center, expuso que “con este paquete antiinmigrante y deshumanizante, el gobierno de la Florida destruirá los sueños de educación superior para miles de niños en nuestro estado, incluidos muchos de los niños a los que servimos”.
Igualmente, Oscar Londoño, co-director ejecutivo de WeCount, expresó que dichas propuestas son “un ataque flagrante contra los trabajadores inmigrantes y sus familias diseñado para promover su agenda fascista y antidemocrática. En lugar de abordar los problemas reales que enfrentan las familias trabajadoras en Florida, como bajos salarios, vivienda inasequible y aumento del costo de vida, continúa avivando el odio, socavando los gobiernos locales y criminalizando nuestras libertades básicas”.
Y Samuel Vílchez Santiago, director estatal de Florida para la Acción de la Coalición de Inmigración de Negocios Estadounidenses, dijo que le sorprendía que “el gobernador no haya propuesto criminalizar a las personas indocumentadas y a quienes las emplean por comer, dormir y respirar. Así de absurda y cruelmente restrictivo es este paquete legislativo”.
Asimismo, Aurelie Colon Larrauri, defensora de políticas del Estado de Florida para el Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva, recalcó que “los inmigrantes, especialmente las personas que todavía navegan por nuestro complejo sistema de inmigración, ya enfrentan muchas barreras para acceder a la atención médica. Esta propuesta exacerbaría esto, particularmente al requerir que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio”.
Por último, Sadaf Knight, CEO de Florida Policy Institute (FPI), señaló que de 1 de cada 5 floridanos nació fuera de los Estados Unidos. Los inmigrantes tienen un valor inherente y sus contribuciones económicas son innegables. Aquellos sin un estatus documentado pagan $600 millones anuales en impuestos estatales y locales. Hay más de 281,000 inmigrantes que pagan matrícula y cuotas en las universidades de este estado, y el 36% de las pequeñas empresas de Florida son propiedad de inmigrantes”.
No queda mucho más que decir luego de los puntuales reclamos que hacen los defensores de los derechos de los inmigrantes, esperemos que los legisladores locales no sean cómplices de esta criminalización de los inmigrantes de Florida y de sus familias, porque como se puede leer, son ellos quienes aportan mucho a la sociedad y a la economía de donde radican en Estados Unidos.
De por sí ya la tienen muy complicada como exiliados y esto podría dejar familias rotas, con miembros de éstas en prisión o fuera de Estados Unidos.
Con información de Univision.
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