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Parole in Place: ¿Puede salvarse o ya no hay ninguna posibilidad?

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En lo que es un revés para las familias de inmigrantes en Estados Unidos, el programa conocido como Parole in Place (PIP), que había sido implementado por la administración Biden, fue anulado por un juez federal en Texas. 

La medida, que buscaba ofrecer una vía legal a cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses sin necesidad de que abandonen el país, quedó en suspenso en un momento clave y en un contexto político cada vez más adverso.

El fallo se dio luego de que 16 estados, liderados por Texas, presentaran una demanda contra el programa. 

La corte decidió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) carece de la autoridad legal para implementar el Parole sin la aprobación expresa del Congreso. 

La decisión llega tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, lo cual genera incertidumbre sobre el futuro de esta y otras políticas migratorias. La administración Biden aún podría apelar, pero los plazos para una resolución seguramente se van a extender, lo que hace que la posibilidad de salvar el programa sea limitada y que muchas familias queden en una especie de limbo.

¿Qué es el Parole in Place?

El Parole in Place no es un programa nuevo, pero cobró importancia bajo la administración Biden, que buscaba su uso para apoyar a cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses, permitiéndoles residir en Estados Unidos sin temor a ser deportados mientras tramitaban su estatus legal. 

A diferencia de otras políticas, el Parole permitía a estos inmigrantes permanecer en el país sin la necesidad de salir para regularizar su situación, evitando así la separación familiar y los riesgos inherentes al proceso.

En términos simples, el Parole otorgaba un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos mientras los beneficiarios iniciaban el trámite para obtener su residencia legal. En la versión impulsada por Biden, el programa estaba diseñado para facilitar la permanencia y eventual regularización de hasta medio millón de cónyuges indocumentados y alrededor de 50,000 hijos de ciudadanos estadounidenses. 

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Esto les daba la oportunidad de solicitar la tarjeta de residencia sin tener que salir de Estados Unidos, un procedimiento que en el pasado había forzado a muchos a dejar a sus familias para poder obtener una visa de inmigrante.

El fallo judicial: razones y argumentos en contra

El fallo que anuló el Parole fue emitido por el juez J. Campbell Barker, designado durante el mandato de Donald Trump, y se basa en la interpretación de que el DHS excedió su autoridad al implementar el Parole sin una aprobación del Congreso. 

Para el juez Barker, este programa contraviene la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ya que el Congreso no ha autorizado explícitamente este tipo de permisos. 

La medida también fue criticada porque, según el magistrado, permitía beneficios migratorios sin el debido proceso legislativo.

La demanda contra el Parole fue presentada por 16 estados, principalmente gobernados por el Partido Republicano y liderada por el estado de Texas. 

Los argumentos de estos estados apuntaban a que el programa generaba una carga económica al obligarlos a proporcionar servicios públicos, como atención médica y educación, a los beneficiarios del Parole. 

Según los demandantes, el programa representaba un costo importante para los estados involucrados, quienes también sostenían que conceder tales beneficios migratorios sin el visto bueno del Congreso era ilegal.

En septiembre de 2024, el programa ya había sido bloqueado de manera temporal por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, en respuesta a esta demanda. Te contamos sobre eso en este blog.

Durante ese tiempo, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tenía permitido recibir solicitudes, pero no avanzar en su tramitación o aprobación. 

Ahora, con el fallo del juez Barker, el programa queda completamente anulado, marcando una pausa en los sueños de legalización de miles de personas.

¿Es posible una apelación?

La administración Biden podría decidir apelar esta decisión en un intento por llevar el caso a una instancia superior. 

Sin embargo, los plazos juegan en su contra, ya que cualquier proceso de apelación tomaría meses y probablemente excedería el final del mandato de Biden. 

Además, con Trump a punto de asumir nuevamente la presidencia, la posibilidad de que el programa sea restaurado es cada vez más lejana.

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Trump, conocido por sus duras políticas migratorias, ha sido claro en su postura de rescindir o anular las medidas implementadas por Biden, especialmente aquellas que considera como “permisivas” o que contradicen su visión de seguridad fronteriza. 

Ante este escenario, incluso si la apelación de Biden llegara a prosperar en algún momento, es altamente probable que la administración de Trump actúe rápidamente para revocar cualquier medida a favor del Parole.

Consecuencias para las familias de inmigrantes

La anulación del Parole significa que miles de cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses, quienes habían encontrado una esperanza de regularizar su situación sin tener que salir de Estados Unidos, ahora enfrentan un panorama de incertidumbre. 

En muchos casos, estas familias podrían verse obligadas a separarse temporalmente para completar el trámite en sus países de origen, un proceso que puede ser tanto largo como costoso.

Además, el fallo afecta particularmente a aquellos que temen los riesgos de salir de Estados Unidos y enfrentar largos periodos de espera para regresar, ya que la política migratoria estadounidense actual impone restricciones adicionales a quienes han permanecido de manera irregular en el país. 

Esto genera una disyuntiva para muchos, entre continuar en la sombra o enfrentar la posibilidad de la deportación.

Un futuro incierto bajo una nueva administración

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (el 20 de enero de 2025), es probable que se intensifique una política migratoria restrictiva, en la que los permisos y programas de apoyo para inmigrantes irregulares enfrenten revisiones exhaustivas o sean eliminados por completo. 

Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de priorizar la seguridad en las fronteras y de frenar los programas de amnistía o de regularización, argumentando que estos incentivan la migración ilegal y representan una amenaza para la estabilidad económica y social del país.

La situación actual del Parole refleja el clima de polarización en torno a la inmigración en Estados Unidos, donde cada administración adopta una postura marcadamente distinta sobre cómo gestionar los flujos migratorios y los derechos de los inmigrantes. 

Mientras Biden impulsó medidas enfocadas en la reunificación familiar y la protección de ciertos grupos vulnerables, la próxima administración podría revertir estos logros, implementando políticas más restrictivas y poniendo en riesgo los avances alcanzados en los últimos años.

La esperanza para los beneficiarios del Parole

Aunque el escenario parece desalentador, algunos expertos sugieren que aún existen alternativas para los beneficiarios del Parole. 

En algunos casos, las personas afectadas pueden explorar otras vías legales para regularizar su estatus, como el ajuste de estatus bajo circunstancias excepcionales o la petición de otros tipos de permiso de residencia. 

Arreglar sin salir parole

No obstante, estos procedimientos suelen ser más complejos y limitados, además de requerir el respaldo de abogados especializados en inmigración.

La comunidad de inmigrantes en Estados Unidos enfrenta una etapa de gran incertidumbre y desafíos, en la que deberán adaptarse a cambios constantes en las políticas migratorias. Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes también han señalado que seguirán luchando por los derechos de estas familias y que buscarán alternativas para proteger a aquellos que estaban cubiertos por el Parole.

Es decir, aunque aún queda la posibilidad de apelar, la anulación del Parole in Place complica los planes de miles de familias que veían en esta medida una oportunidad para regularizar su situación sin separarse de sus seres queridos. 

El futuro de este programa dependerá de decisiones políticas y legales que, en última instancia, están fuera del control de los inmigrantes afectados, quienes deberán prepararse para navegar un panorama incierto y, quizás, hostil en la nueva administración.

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