Las deportaciones masivas llegaron a Puerto Rico. Así es, la política que Donald Trump está aplicando en el continente parece haber alcanzado ahora, con una intensidad inédita, a la isla.
Durante décadas, Puerto Rico, el territorio que pertenece a los Estados Unidos como “no incorporado” a la Unión Americana, se había mantenido relativamente al margen de este tipo de operativos a gran escala.
Los inmigrantes indocumentados en la isla gozaban de ciertas prerrogativas que no eran comunes en otros territorios estadounidenses. Se les permitía, por ejemplo, abrir cuentas bancarias y obtener una licencia de conducir especial. Esta situación había generado en muchos de ellos un sentimiento de seguridad, llevándolos incluso a establecer sus propios negocios en Puerto Rico.
Sin embargo, esta sensación de relativa tranquilidad se está viendo interrumpida desde el 26 de enero, fecha en la que comenzaron los arrestos a gran escala en Puerto Rico, describe AP en un interesante artículo sobre los problemas en la isla.
Redadas del ICE en Puerto Rico
Ese 26 de enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevaron a cabo una redada en una conocida comunidad dominicana, en lo que se interpretó como un eco de la nueva política migratoria que impulsa Trump, quien se comprometió a deportar a millones de personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
Se estima que en Estados Unidos hay al menos 11 millones de personas en condiciones de ser deportadas por no tener un estatus legal, y ahora, Puerto Rico parece ser parte activa de esta ofensiva.
Estos arrestos han encendido las alarmas entre funcionarios puertorriqueños y líderes civiles de Puerto Rico. Conscientes de la vulnerabilidad de la población inmigrante, muchos de los cuales provienen de República Dominicana, han comenzado a crear programas para ofrecerles ayuda.
La comunidad dominicana en Puerto Rico se estima en alrededor de 55,000 personas, aunque algunos expertos consideran que esta cifra podría ser mayor. Si bien se desconoce el número exacto de indocumentados, se sabe que unos 20,000 contaban con la licencia de conducir especial que antes se les otorgaba en Puerto Rico.
El ICE preocupa a todos, también en Puerto Rico
Desde el 26 de enero, más de 200 personas han sido arrestadas en Puerto Rico, siendo la mayoría de ellos hombres.
Según datos proporcionados por ICE a AP, 149 de los arrestados son de origen dominicano. Sandra Colón, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico, declaró que la agencia se está enfocando en aquellos individuos con antecedentes penales o que tienen una orden judicial firme para abandonar el país.
No obstante, indicó que no disponía de información inmediata sobre cuántos de los arrestados contaban con antecedentes penales.
La incertidumbre y el temor se han apoderado de la población inmigrante en Puerto Rico. Annette Martínez, directora de la ACLU en Puerto Rico, manifestó su preocupación ante la falta de información sobre el destino de los detenidos y si ya han sido deportados. “Nos preocupan los diferentes métodos que ICE está utilizando para las detenciones”, declaró.
Historias de miedo a detenciones
Las historias de migrantes dominicanos afectados por estas redadas en Puerto Rico comienzan a ser comunes, con detenciones, traslados y la separación de familias.
Uno de los casos que generó mayor impacto fue el de un pescador dominicano arrestado junto a su hijo en enero mientras almorzaban frente a un parque en la capital de Puerto Rico.
Según relató el afectado a Los Angeles Times, fueron trasladados en condiciones precarias a diferentes cárceles hasta llegar a Texas. El padre logró regresar a Puerto Rico con una tobillera electrónica, pero su hijo permanece detenido en Miami.
También se han reportado arrestos en lugares de trabajo en Puerto Rico. Un hombre que residía en la isla desde 2007 y era dueño de una empresa de construcción fue detenido junto con sus empleados después de que una clienta tomara una fotografía de su vehículo y alertara a las autoridades. Estos incidentes reflejan un clima de desconfianza y temor que se ha instalado en Puerto Rico.
Vida cotidiana alterada
Las consecuencias de estas redadas se hacen sentir en la vida cotidiana de Puerto Rico. En comunidades como San Juan y Aguadilla, parques y calles que antes eran puntos de encuentro vecinal hoy lucen vacíos. El miedo a ser detenido ha provocado una disminución en la vida social de estas comunidades, donde la presencia de inmigrantes era alta.
El impacto también se refleja en las escuelas de Puerto Rico. En febrero, el Departamento de Educación de Puerto Rico informó que las escuelas con una alta matrícula de estudiantes dominicanos registraban tasas de ausentismo de hasta el 70%.
Ante esta situación, las autoridades educativas han ordenado a los directores de las escuelas que mantengan las puertas cerradas y no permitan el acceso a agentes federales a menos que presenten una orden judicial. Esta medida busca proteger a los estudiantes y evitar detenciones en los centros educativos de Puerto Rico.
A nivel gubernamental local, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, dijo que la policía municipal no está colaborando con los agentes federales ni brindándoles ayuda. Además, dijo que la ciudad de San Juan ofrece asistencia legal y otros tipos de apoyo a los inmigrantes afectados.
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Los funcionarios del sector salud de Puerto Rico también se han ofrecido a brindar asistencia a los migrantes indocumentados. Carlos Díaz Vélez, presidente de la Asociación de Médicos Cirujanos, por ejemplo, anunció que están ofreciendo atención médica en línea a los migrantes indocumentados “ante las redadas que han condenado a miles de inmigrantes al confinamiento”.
Qué dice la gobernadora de Puerto Rico
La postura de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, cambió desde el inicio de la situación. Inicialmente, la republicana dijo que la iniciativa del presidente no afectaría a los inmigrantes en Puerto Rico.
Sin embargo, posteriormente declaró que la isla “no puede darse el lujo” de ignorar las directrices de Trump sobre los arrestos de migrantes, argumentando que los fondos federales están en riesgo.
Este cambio de postura evidencia la complejidad de la relación entre el gobierno local de Puerto Rico y las políticas federales de inmigración.
Poco después de los arrestos de enero, la Iglesia Episcopal de Puerto Rico anunció la creación de un nuevo programa para ofrecer a los migrantes alimentos, así como ayuda legal, psicológica y espiritual.
La situación en Puerto Rico marca un punto de inflexión para la comunidad inmigrante indocumentada, que durante años había encontrado en la isla un refugio relativamente seguro.
Las redadas masivas del ICE están comenzando a preocupar, transformando a Puerto Rico en un territorio donde la amenaza de arresto y deportación es ahora una realidad palpable.
Algunos estados avanzan contra la inmigración
Como te contamos en este blog, varios estados liderados por el Partido Republicano, conocidos como estados “rojos”, han tomado la iniciativa de implementar medidas que van más allá de la política federal, buscando un mayor control sobre la inmigración y endureciendo las condiciones de vida para los migrantes.
Estas acciones, en algunos casos, han sido descritas como intentos de “aterrorizar” a las comunidades inmigrantes.
Medidas en estados “rojos”
Cazarrecompensas de inmigrantes: Estados como Misuri y Misisipi han propuesto autorizar a cazarrecompensas para detener a inmigrantes indocumentados, dice el Washington Post, ofreciendo recompensas de hasta 1,000 dólares por pistas que conduzcan a arrestos. Esta medida, que recuerda a prácticas del pasado, están generando una fuerte oposición por su potencial de abuso y discriminación.
Verificación obligatoria del estatus migratorio: En el Medio Oeste, estados como Iowa y Dakota del Sur buscan incluir en las licencias de conducir una indicación sobre si el conductor es ciudadano estadounidense. En Montana, se pretende hacer obligatoria la verificación del estatus migratorio en cada parada de tráfico y también que los empleadores verifiquen la condición migratoria de sus empleados. Estas medidas aumentan el riesgo de perfilamiento racial y discriminación, y generan un ambiente de temor en las comunidades migrantes.
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Facturación por educación: En Tennessee, un legislador propone facturar a los padres por la inscripción de sus hijos indocumentados en escuelas públicas. Este intento, denominado TRUMP Act, busca disuadir a las familias migrantes de buscar educación para sus hijos, a pesar de que la Corte Suprema ha dictaminado que los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a la educación pública.
Fingerprinting de niños: Texas está liderando estas iniciativas. Los legisladores buscan tomar las huellas dactilares de niños migrantes indocumentados, además de prohibir a los migrantes el acceso a asistencia legal con fondos públicos y crear una Unidad de Protección Fronteriza de Texas que tenga el poder de deportar a los migrantes cerca de la frontera.
Creación de “Zares” de inmigración: Florida ha creado un “zar” de inmigración estatal con 150 empleados y un presupuesto de 500 millones de dólares, con la intención de aumentar las sanciones para los migrantes que cometan crímenes, obligar a las fuerzas del orden a unirse a los esfuerzos de detención, ofrecer bonificaciones a la policía que participe en redadas y bloquear las tarifas de matrícula estatal para estudiantes indocumentados.
Seguimiento de costos: Tanto en Texas como en Luisiana, los gobernadores han ordenado a las agencias estatales que rastreen los costos asociados con los inmigrantes indocumentados. Esta acción busca justificar los gastos relacionados con la inmigración y legitimar nuevas restricciones, impulsando la teoría de Trump de que los inmigrantes son una carga para el estado.
¿Qué deben hacer los inmigrantes ante esta situación?
Frente a este panorama, es clave que la comunidad inmigrante tome medidas proactivas para proteger sus derechos y sus posibilidades de regularizar su estatus en Estados Unidos. Estas son algunas recomendaciones.
- Asesoría legal especializada: Es fundamental consultar a un abogado de inmigración. Un profesional puede analizar cada caso de manera individual, diseñar una estrategia adecuada y guiar a los inmigrantes a través del complejo sistema migratorio. Es importante evitar confiar en notarios o personas sin la capacitación necesaria.
- Mantener la calma y estar alerta: Aunque el ambiente es hostil, no hay que dejarse llevar por el miedo. Existen mecanismos legales para defender los derechos de los inmigrantes, pero es vital estar al tanto de los cambios en las leyes y buscar ayuda cuando se necesite.
- Construir estrategias sólidas: Las soluciones fáciles no suelen funcionar. Cada caso requiere un análisis exhaustivo y una estrategia bien planeada. Es esencial que los expedientes estén impecables, sin errores y con toda la documentación en orden.
- Actuar con inteligencia: El miedo no debe paralizar a los inmigrantes. La clave es estar informado, actuar con prudencia y buscar el apoyo adecuado.
- No ver la deportación como el fin: Si bien las deportaciones son una preocupación, no deben ser el único foco. Con preparación, asesoramiento y determinación, es posible enfrentar este difícil panorama y seguir luchando por una vida digna en Estados Unidos.
- No bajar la guardia: Los cambios de gobierno buscan dificultar los procesos migratorios, pero no los hacen imposibles. Los inmigrantes deben resistir con inteligencia y organización ante un sistema que busca intimidar.
Las deportaciones no son la última palabra. Son una herramienta de un gobierno que no entiende el valor de la migración. La acción es fundamental. Con preparación, asesoría y determinación, los inmigrantes pueden lograr regularizar su estatus en Estados Unidos y seguir luchando por una vida digna.
La comunidad inmigrante debe resistir, mantenerse organizada, informada y actuar con inteligencia.
Con información de AP y Los Angeles Times.
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