Cambios en inmigración. La llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos sembró incertidumbre en la comunidad inmigrante. Su anterior administración se caracterizó por una dura retórica antiinmigrante y desde que asumió está implementando políticas que incrementaron las redadas, las detenciones y las deportaciones.
Si bien cuando llegó a la Casa Blanca en enero de este año Trump dijo que su enfoque estaría en los inmigrantes con antecedentes penales, la realidad es que la angustia se extiende a un espectro mucho más amplio de personas que buscan regularizar su estatus migratorio o que ya se encuentran en proceso.
La pregunta que se hacen muchas familias es directa y apremiante: con este panorama, ¿vale la pena seguir intentando arreglar los papeles?
La respuesta, según la propia dinámica de los trámites migratorios en Estados Unidos, es un rotundo sí.
A pesar del clima político y las órdenes que puedan salir desde la Casa Blanca, renunciar al sueño de un estatus legal por miedo sería un error que podría lamentarse profundamente en el futuro.
Para esto, es clave entender la naturaleza de los procesos de inmigración y cómo las políticas presidenciales interactúan con las leyes.
Inmigración: no hay tiempo que perder
Una de las razones fundamentales para no desanimarse radica en la lentitud de los trámites de inmigración en los Estados Unidos.
Los retrasos son grandes, con casos que pueden extenderse por años. Por ejemplo, un caso bajo la ley VAWA (Visa para víctimas de violencia doméstica) puede tomar alrededor de tres años y medio.
Arreglar el estatus a través de un ciudadano americano o un residente permanente reciente, cuando el proceso requiere una entrevista en el consulado en el extranjero, puede demorar hasta ocho años.
Incluso un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos puede llevar aproximadamente dos años y medio.
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Considerando estos plazos, la mayoría de los procesos de inmigración que se inicien hoy probablemente se extenderán más allá del tiempo que el presidente Trump pueda permanecer en el poder. Hay que considerar que esta es su segunda y última presidencia.
Por lo tanto, detener un trámite por temor significaría únicamente postergar la posibilidad de vivir con tranquilidad y un estatus legal en los Estados Unidos.
La desidia no es una buena estrategia. Basta con ver que muchos se arrepienten de no haber aprovechado oportunidades pasadas para regularizar su situación.
¿Es peligroso querer arreglar ahora?
Ahora bien, la pregunta sobre si es peligroso iniciar un caso de inmigración en este momento es válida. Las noticias sobre operativos de deportación generan comprensiblemente preocupación.
Sin embargo, la elegibilidad para las distintas vías de inmigración depende del historial individual. Aquellas personas con un historial limpio, sin deportaciones previas ni antecedentes penales, tienen un riesgo menor.
Hay numerosas opciones para regularizar el estatus a través de peticiones familiares o vías humanitarias como la visa U (para víctimas de ciertos delitos), la visa VAWA o la visa T (para víctimas de tráfico humano).
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En cualquier caso, la asesoría de un abogado de inmigración se vuelve fundamental. Un experto puede evaluar los riesgos y las posibilidades de cada situación particular.
No se debe desestimar el valor de tener una petición de inmigración en curso, incluso en un contexto de mayor actividad de deportaciones, ya que esto puede ser un factor que un juez de inmigración considere al momento de evaluar una detención o un proceso de deportación.
Cuanto más limpio sea el historial de una persona, mayores serán las probabilidades de que no exista un riesgo alto al iniciar un trámite.
Inmigración y las órdenes ejecutivas de Trump
Un punto importante es entender que la estrategia de la administración Trump en materia de inmigración se ha basado principalmente en órdenes ejecutivas, no en la modificación de las leyes migratorias en sí.
En su primer mandato, su intento de terminar con el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) mediante una orden ejecutiva fue bloqueado por la Corte Suprema en 2020.
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A pesar de la controversia, DACA no se eliminó por completo, y muchos beneficiarios continúan renovando su permiso porque la orden ejecutiva fue rápidamente detenida en los tribunales.
Un caso similar ocurrió cuando el expresidente Joe Biden intentó eliminar el programa “Quédate en México”. Fue demandado y obligado a reinstalarlo temporalmente.
Aunque las órdenes ejecutivas pueden tener un impacto inmediato en la aplicación de las leyes de inmigración, la mayoría de ellas terminan siendo objeto de litigio en los tribunales, y menos de la mitad se implementan en su totalidad debido a que muchas son bloqueadas por considerar que violan la Constitución o las leyes federales.
Intentos de Trump
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas con implicaciones directas para los inmigrantes.
Entre ellas se encuentra la idea de eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
Sin embargo, la Constitución establece claramente que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana. Este decreto seguramente enfrentará impugnaciones legales, y de hecho, ya ha habido jueces federales que lo han cuestionado y suspendido temporalmente.
Es probable que esta situación llegue hasta la Suprema Corte de Justicia, siendo una estrategia para forzar una revisión constitucional sobre este tema.
Otra orden ejecutiva busca la aceleración de las deportaciones masivas, permitiendo que ciertos grupos de inmigrantes sean deportados sin un debido proceso judicial, mediante procedimientos de deportación expedita. Esta medida también podría enfrentar complicaciones legales, especialmente para personas con familiares ciudadanos o casos de asilo pendientes.
Ya existen demandas en contra de esta orden, y es muy probable que veamos bloqueos por parte de algunas cortes federales.
También se han implementado restricciones al asilo, lo que dificulta aún más la obtención de protección en Estados Unidos para muchos solicitantes. Aunque ya hay demandas en curso, aún no han logrado bloquear por completo estas restricciones.
Es fundamental comprender que el alcance de estas órdenes ejecutivas no es ilimitado, sino que está restringido por el poder de las cortes federales. Si los tribunales consideran que una orden ejecutiva viola la Constitución o las leyes federales, tienen la autoridad para bloquearla.
Cómo protegerse en las nuevas políticas de inmigración
Entonces, ¿cómo protegerse ante estos cambios en la política de inmigración?. Una de las acciones más importantes es iniciar el proceso migratorio lo antes posible si se califica para algún beneficio.
Por ejemplo, si una persona es elegible para la residencia permanente y presenta su solicitud ahora, estará protegida por las regulaciones vigentes en ese momento.
Es igualmente clave mantenerse informado a través de fuentes confiables y evitar dejarse llevar por el miedo o los rumores. La desinformación puede generar decisiones equivocadas y aumentar la ansiedad.
La mejor recomendación es consultar con un abogado de inmigración para conocer las opciones legales y los derechos individuales.
Este no es el momento de intentar ahorrar dinero recurriendo a personas sin la preparación legal adecuada (“llena papeles”), sino de poner el futuro en manos de un profesional experto en leyes de inmigración. Es esencial conocer a fondo las leyes migratorias para tomar decisiones informadas.
De nuevo: las leyes de inmigración no pueden modificarse de la noche a la mañana. A pesar del poder del presidente, cualquier cambio sustancial requiere un proceso legislativo en el Congreso.
Muchas de las medidas impulsadas por órdenes ejecutivas inevitablemente enfrentarán frenos legales en los tribunales.
Qué hacer en caso de una detención
En caso de una detención por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), es fundamental que los inmigrantes conozcan sus derechos.
La Constitución de Estados Unidos garantiza derechos fundamentales a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Estos incluyen el derecho al debido proceso, la protección contra la autoincriminación y el derecho a guardar silencio.
Ante una detención, se recomienda mantener la calma y ejercer el derecho a permanecer en silencio. No se debe firmar ningún documento sin comprender completamente su contenido ni proporcionar información falsa.
También es muy útil tener una carpeta con documentos importantes, como actas de nacimiento, pasaportes, testamentos, poderes notariales, documentos bancarios, seguros y títulos de propiedad, entre otros.
Además, es importante tener a la mano los datos de contacto de familiares o amigos que puedan brindar ayuda en caso de emergencia.
Es imprescindible entender que es importante consultar cada caso particular con un abogado especialista en inmigración ético y con experiencia.
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