La reanudación de la deportación masiva de migrantes con justificaciones sanitarias recuerda a muchos funcionarios descontentos a la era Trump.
Un asesor legal de alto nivel en el Departamento de Estado, Harold Koh, declaró que considera que la deportación masiva de migrantes que tuvo lugar en las últimas semanas por parte del gobierno demócrata es un acto ilegal y un uso cuestionable del llamado Título 42. Koh, quien fuera miembro de la administración Obama, se retira del servicio público para asumir como profesor en la Universidad de Oxford, y escribió sus fuertes críticas a la administración en una carta a los líderes del Departamento de Estado.
La carta se hizo pública el 2 de octubre, y refleja un malestar generalizado en el Departamento de Estado por la deportación masiva de migrantes centroamericanos (y particularmente haitianos) en la frontera sur. Estas caravanas de migrantes llegan al país en busca de asilo y refugio, escapando de una inestable y peligrosa situación política en su país.
Aunque la administración prometió procesar debidamente las solicitudes de asilo y evaluar los casos de mayor vulnerabilidad (algo que mayormente quedó a cargo de grupos de activistas pro-inmigración con fondos independientes), los migrantes fueron subidos a aviones y forzados a regresar al país del que habían escapado sin tener oportunidad de solicitar ayuda formalmente.
La deportación masiva de migrantes provoca distanciamientos y renuncias al interior del Departamento de Estado
Según fuentes internas del Departamento, la visión de Koh está muy extendida, y existe mucho descontento entre los funcionarios. Hace apenas dos semanas, Daniel Foote, el enviado especial de Estados Unidos en Haití, renunció por este mismo motivo y envió una carta al liderazgo del departamento criticando una política de deportación masiva de migrantes que llamó “inhumana”. Foote también agregó que en este momento Haití es un lugar altamente peligroso, con un “estado colapsado” que no está en condiciones de responder a las necesidades básicas de su población.
Biden ha continuado utilizando una legislación introducida por Donald Trump que permite la deportación masiva de migrantes, en virtud del Título 42 de la Ley de Servicios y Salud Pública de 1944. Esta legislación previamente poco conocida fue usada para postular la pandemia de coronavirus como una razón para no proporcionar debido proceso a los miles de solicitantes de asilo que llegan a la frontera desde Haití y otros lugares de Centroamérica.
“Escribo primero, porque creo que la implementación actual de la autoridad del Título 42 por parte de esta administración continúa violando nuestra obligación legal de no expulsar o devolver … a las personas que temen persecución, muerte o tortura, especialmente los migrantes que huyen de Haití”.
Escribió Koh en su carta, publicada en Politico.
Koh además señaló que el caos en Haití ya había llevado a la administración a extender el estatus de protección temporal (TPS) a los haitianos que se encuentran en Estados Unidos. Por lo tanto, no habría motivos reales para expulsar a los recién llegados y llevarlos directamente a una situación de alta peligrosidad.
¿Qué responde el gobierno ante las críticas por la deportación masiva de migrantes?
El Departamento de Estado sostiene que la decisión de usar el Título 42 está en manos del CDC, la agencia federal de salud. También insistió en que el Título 42 es una orden de salud pública, no de inmigración, y que por lo tanto la autoridad para mantenerlo recae enteramente en el CDC.
“El CDC ha determinado que la expulsión de ciertas personas bajo el Título 42 es necesaria debido a los riesgos de transmisión y propagación de COVID-19 en entornos de alta concentración de personas, como las estaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, así como debido a la amenaza aún latente de variantes emergentes.”
Declaró un alto funcionario del Departamento de Estado.
Sin embargo, cuando la medida se implementó por primera vez por la administración Trump, los propios expertos del CDC se opusieron a ella, fue solo gracias a la intervención directa del entonces vicepresidente Mike Pence que se obligó a la agencia a torcer su postura. Olivia Troye, ex asistente de Pence, renunció en protesta a causa de esto, y sostuvo que la política fue diseñada por Stephen Miller, asesor de Trump que lideró la campaña anti-inmigración de esa administración.
“Me parece que hay una manera relativamente sencilla de abordarlo si alguien representa un riesgo para la salud pública a su llegada a los Estados Unidos. Pueden ser puestos en cuarentena, pueden recibir tratamiento médico. No significa que necesiten ser deportados”.
Dijo Michael Posner, ex Subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo.
Si tu también te encuentras en un proceso migratorio y necesitas asesoría legal ¡no dudes en contactarte con nosotros! En el equipo legal Jurado-Graham hemos defendido cientos de casos de inmigración con éxito. Puedes contactarnos vía web o comunicarte con nuestro despacho llamando al 1-855-910-8244. ¡No pierdas tiempo!
