El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó el 30 de agosto una orden ejecutiva titulada “Protecting Chicago Initiative”, que establece una postura concreta frente a las redadas migratorias anunciadas por el gobierno federal. Mediante esta medida, se prohibió de forma tajante que la Policía de Chicago (CPD) colabore con agentes de inmigración del gobierno federal, incluidos oficiales de ICE, la Guardia Nacional o tropas del Ejército que pudieran ser enviadas a la ciudad.
La orden fue presentada como una defensa de los derechos constitucionales de los residentes de Chicago, especialmente de las comunidades inmigrantes que viven con temor ante la posibilidad de ser detenidas durante las redadas migratorias.
Esta acción también busca preservar la autonomía local frente a políticas federales que han generado tensiones crecientes en todo Estados Unidos.
Estrategia legal con impacto local ante las redadas migratorias
La “Protecting Chicago Initiative” establece que ningún agente de la Policía de Chicago podrá participar en operativos migratorios federales, sin importar si se trata de patrullajes, retenes, allanamientos o detenciones.
Tampoco podrán cubrir sus rostros, como sí lo hacen habitualmente los agentes federales en este tipo de intervenciones, y deberán llevar sus cámaras corporales encendidas, visibles y funcionando en todo momento.
Además, la orden exige que todos los agentes involucrados en tareas de seguridad que ingresen a la ciudad lo hagan identificándose correctamente, con nombre, rango y agencia a la que pertenecen.
Esta disposición no solo apunta a proteger a la población de Chicago, sino también a brindar transparencia ante cualquier intento de operación encubierta.
La administración local considera que las redadas migratorias afectan directamente la confianza entre los residentes y las fuerzas de seguridad. La medida también se extiende a todos los departamentos de la ciudad, los cuales tendrán prohibido facilitar o encubrir acciones federales que puedan vulnerar derechos civiles o constitucionales.
En ese sentido, se establecerá un mecanismo de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), con el objetivo de garantizar que cualquier intervención federal quede documentada y expuesta al escrutinio público.
Chicago frente a las amenazas de intervención federal
Esta decisión se da en un contexto político cada vez más tenso. La administración de Donald Trump endureció las políticas migratorias, incluyendo una posible expansión de las redadas migratorias en ciudades consideradas “santuarios”.
En el caso de Chicago, las tensiones se agravaron tras los rumores sobre el posible envío de tropas federales para realizar detenciones masivas.
Ante esta situación, el alcalde Johnson actuó para blindar legalmente a su ciudad. Chicago ya contaba con una ordenanza de “Ciudad de Bienvenida” que limitaba la cooperación con ICE, pero la nueva orden ejecutiva fortalece y amplía esa protección. Además, se convierte en un ejemplo que otras ciudades podrían adoptar en caso de enfrentar presiones similares.
El respaldo estatal refuerza la postura de Chicago
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, respaldó públicamente la decisión de Johnson. En su declaraciones, criticó la posibilidad de desplegar tropas federales en Chicago para ejecutar redadas migratorias, calificando esa medida como una amenaza directa a la autonomía local y a los derechos individuales.
Según Pritzker, “nadie debería vivir con miedo de ser arrestado simplemente por su origen o por su estatus migratorio”. El gobernador también señaló que el uso de fuerzas federales para realizar redadas migratorias constituye un abuso de poder con fines políticos, en especial considerando que el ciclo electoral ya comenzó a perfilarse.
La decisión de Chicago forma parte de un esfuerzo más grande para evitar que el gobierno use fuerzas armadas o policías federales para aplicar sus políticas migratorias. El objetivo es cuidar a las comunidades más vulnerables y evitar situaciones que puedan causar miedo, separar familias o violar sus derechos.
Las redadas migratorias y el miedo cotidiano en las comunidades
Para los inmigrantes que residen en Chicago, la posibilidad de enfrentar redadas migratorias no es solo una preocupación legal, sino un temor constante en la vida cotidiana. Muchas personas evitan acudir a hospitales, escuelas o incluso al trabajo por miedo a ser detenidas. Las organizaciones comunitarias vienen alertando sobre los efectos psicológicos, sociales y económicos de vivir bajo esta amenaza constante.
La nueva orden del alcalde no elimina del todo ese miedo, pero representa un mensaje interesante: las autoridades locales no actuarán en contra de su propia gente. Chicago busca proteger a quienes han construido su vida en la ciudad, independientemente de su estatus migratorio.
Esta postura también envía un mensaje a nivel nacional: es posible que otras ciudades adopten políticas similares para defender a sus comunidades.
Así como Chicago decidió no colaborar con las redadas migratorias, otras localidades podrían revisar sus protocolos y considerar mecanismos de resistencia institucional frente a políticas federales que ponen en riesgo a poblaciones enteras.
¿Podría replicarse la estrategia de Chicago?
La experiencia de Chicago puede marcar un precedente importante. Si bien cada ciudad tiene particularidades legales, políticas y presupuestarias, el caso muestra que es posible establecer límites claros a la intervención federal. Además, refuerza el principio de que la seguridad pública debe estar orientada a proteger, no a perseguir.
La decisión también pone sobre la mesa una pregunta central para otras ciudades: ¿deben los gobiernos locales involucrarse en redadas migratorias? En Chicago, la respuesta fue clara: no. Y esa respuesta podría resonar en otras partes del país, especialmente en urbes con alta presencia de comunidades inmigrantes como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Houston.
Las redadas migratorias como símbolo de un conflicto político mayor
Más allá de las implicancias prácticas, la iniciativa de Chicago también se inserta en un conflicto mayor entre gobiernos locales progresistas y una administración federal que busca reforzar el control migratorio con medidas coercitivas. En ese sentido, las redadas migratorias se convierten en un símbolo de disputa: no solo se trata de la aplicación de la ley, sino de la forma en que se construye la convivencia en un país con una rica historia migrante.
Chicago eligió proteger a sus residentes. Lo hizo mediante una herramienta legal que sienta un precedente. La decisión no está exenta de riesgos ni de controversias, pero demuestra que las autoridades locales pueden (y deben) asumir un rol activo en la defensa de los derechos fundamentales, incluso cuando eso implique enfrentarse al gobierno federal.
En tiempos de incertidumbre para millones de personas inmigrantes en Estados Unidos, la decisión de Chicago es una señal de esperanza. En lugar de colaborar con redadas migratorias que siembran el miedo, la ciudad decidió reforzar su rol como refugio.
Este modelo podría replicarse. No es una solución definitiva al problema migratorio, pero es una forma efectiva de resistir desde lo local, de construir políticas públicas centradas en el respeto a la vida comunitaria.
Con información de The Guardian, Reuters y AP.
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