La deportación de inmigrantes debería estar enfocada en aquellos que signifiquen una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos y no en todos aquellos que buscan el sueño americano y una vida mejor a la que tienen en sus países de origen.
Esta prioridad la había establecido la administración de Joe Biden desde el año pasado –con la política de “Discreción Procesal”–, pero estados gobernados por republicanos y fallos legales emitidos por jueces nombrados por el ex presidente Donald Trump, han provocado que, hasta el momento, estas políticas pro inmigrantes impulsadas por Biden no hayan tenido éxito.
Por tal motivo, quienes en estos momentos están bajo una orden de deportación se encuentran en riesgo de ser deportados. Y mientras que los inmigrantes detenidos esperando juicio no califiquen para tener derecho a una fianza y obtener así su libertad, permanecerán detenidos.
Todo ello representa que las políticas antiinmigrantes impuestas en la era Trump seguirán vigentes si el gobierno de Biden no gana estas batallas legales a los gobiernos republicanos y a las autoridades que simpaticen con las posturas del ex mandatario.
Busca Seguridad Nacional que deportación se concentre en quienes representan un riesgo para EU
Estar presente en Estados Unidos sin documentos “no debería ser la base por sí sola” para el arresto o la deportación de los inmigrantes que llegan en busca del sueño americano.
Esto fue el sentido de las palabras dichas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el año pasado al anunciar la política para practicar la “Discreción Procesal” en casos de inmigración.
Dicha política busca que las autoridades migratorias de EU enfoquen sus recursos en casos de “Alta Prioridad”, es decir, en personas que representan una amenaza real a la seguridad pública o nacional.
Juez de Texas bloquea los planes de Seguridad Nacional con fallo legal
Sin embargo, un juez federal en Texas bloqueó esta política de inmigración impulsada por la administración del presidente Biden.
El juez federal, Drew Tipton, desechó esta política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, dirigido por Mayorkas) que delimita el grupo de los inmigrantes que pueden ser arrestados y deportados por las autoridades de inmigración.
En un fallo publicado el pasado viernes 10, Tipton se puso del lado de los estados de Texas y Louisiana, que alegaron que la guía del DHS impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos haga cumplir la ley.
Argumentos a favor y en contra
La defensa del gobierno de Biden argumentó que esta política se trataba de un ejercicio razonable de discreción procesal e inclusive dijo que era la mejor manera de hacer uso de los recursos limitados del DHS, consideraciones que Tipton refutó.
“El Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso. Usando las palabras ‘discreción’ y ‘priorización’, el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutarios. La ley no sanciona este enfoque”, señaló Tipton.
Al definir que las prioridades establecidas por la administración demócrata de Biden no cumplían con los procedimientos administrativos, Tipton apoya el objetivo de los estados de Texas y Luisiana de que las prioridades de Donald Trump que pusieron en la mira de la deportación a todos los inmigrantes indocumentados permanezcan.
Incluso calificó la regla de prioridades de Biden de “arbitraria y caprichosa”.
Tipton, un juez designado por el ex presidente Trump, otorgó un plazo de siete días para la aplicación de su fallo, el cual se cumpliría este viernes 17.
La ruta que ha seguido la política de Discreción Procesal
Fue en febrero de 2021 cuando la batalla para establecer las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) tuvo su inicio.
En aquel momento se dio la instrucción a los agentes migratorios a concentrar los esfuerzos para detener, y eventualmente deportar a los inmigrantes considerados un peligro para la seguridad nacional y el orden público, así como a los que hubieran cruzado la frontera recientemente.
Seis meses después, en agosto del pasado año, Tipton bloqueó la orden ejecutiva de Biden a través de un fallo preliminar.
En aquella ocasión, Mayorkas respondió al siguiente mes, septiembre, anunciando una nueva norma que requiere “una evaluación del extranjero y la totalidad de los hechos y circunstancias para garantizar que los recursos de ICE se concentren de manera más eficaz en aquellos que representen una amenaza”.
Dos meses más tarde, en noviembre 29, entró en vigencia la nueva regla.
Hasta el momento, republicanos van ganando las batallas
Vemos entonces que Tipton ya ha propinado dos golpes a las políticas migratorias de Biden a través de estos dos fallos.
Cabe mencionar que Texas y Louisiana, los cuales consideran que la política de deportaciones del DHS viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), son estados gobernados por republicanos.
Gracias a las demandas presentadas por estados republicanos y a estos fallos, el presidente Joe Biden ha visto cómo fracasan sus intentos por desinstalar la política migratoria de “tolerancia cero” implementada por Trump.
El magnate y exmandatario emitió unas 400 órdenes ejecutivas y memorandos para cambiar las políticas migratorias de Estados Unidos sin recurrir a autorizaciones del Congreso de su país.
Así nació la puesta en funcionamiento del Título 42 por la pandemia, los cambios en las prioridades en deportación, y el Programa Permanecer en México (MPP).
Esas políticas antiinmigrantes siguen operando por orden de los tribunales de justicia tras demandas presentadas por entidades gobernadas por republicanos, los cuales están a favor de las posturas de Trump.
Republicanos celebran las derrotas de Biden
Y las derrotas de Biden fueron celebradas en redes sociales por sus adversarios políticos, como por ejemplo el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
“Biden trató de desechar la ley de inmigración, diciendo que el DHS no tenía que detener a criminales ilegales. El tribunal ahora dice que debe hacerlo. Siempre mantendré la línea con los demócratas y el estado de derecho”, escribió Paxton en Twitter.
“En diciembre del año pasado la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, basado en Nueva Orleans, ordenó revisar nuevamente la política de deportaciones, enfocadas en aquellos indocumentados con delitos criminales graves que amenazan la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Las pautas habían sido bloqueadas en marzo, pero reactivadas en septiembre”, señala Cancino en su información.
En aquel último mes de 2021, Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland, indicó que “nos parece un gran error, un problema serio porque este gobierno está tratando de enfocar los recursos en personas que afectan a este país y no en aquellos que están trabajando por el bien de Estados Unidos”, apunta la información de Cancino para www.univision.com.
¿Se regresará a la política de que la prioridad sea la deportación?
“Básicamente volvemos a la política anterior donde los oficiales de inmigración deben proceder a la deportación de extranjeros que tienen una orden de deportación o antecedentes criminales”, le dijo José Guerrero, abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, al periodista Jorge Cancino en una nota para www.univision.com.
En noviembre pasado, ante los miembros del Comité Judicial del Senado, Mayorkas afirmó que más de un millón 200 mil inmigrantes indocumentados contaban con órdenes finales de deportación.
“Quienes tengan orden de deportación actualmente están en riesgo de ser deportados. Y los inmigrantes detenidos esperando juicio, si no califican para salir libres bajo fianza, permanecerán detenidos”, añadió Guerrero para Cancino.
Lo que menciona el abogado Guerrero corresponde a la política establecida en la era Trump desde enero de 2017, la cual indica que un inmigrante acusado por cualquier delito, aunque el caso no haya sido resuelto por los tribunales, se encontraba sujeto a ser detenido y deportado.
Y mientras llegan las apelaciones del gobierno de Biden, ¿a quiénes se afecta?
Mientras el Departamento de Justicia apela la decisión del juez –como se tiene previsto que ocurra– las prioridades de deportación del ex presidente Trump que recobrarán vigencia tras el fallo de Tipton son las siguientes:
- Los inmigrantes que hayan sido condenados por cualquier delito.
- Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto.
- Los que cometieron actos que constituyen un delito penal imputable.
- Aquellos que hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.
- También quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
- Los extranjeros que se encuentren sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos.
- Todos aquellos que a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
