Desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia, las redadas, detenciones y deportaciones han aumentado en varios estados de la Unión Americana, particularmente en aquellos gobernados por republicanos.
Trump prometió que se enfocaría exclusivamente en criminales, una promesa que ganó apoyo durante las elecciones.
Sin embargo, los datos analizados por El País y la NBC provenientes de fuentes oficiales, revelan una realidad distinta.
Aumento en las detenciones sin antecedentes penales
Las cifras más recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muestran un incremento notable en el número de inmigrantes detenidos que no tienen condenas criminales ni cargos pendientes.
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A mediados de febrero, el número de inmigrantes en detención por parte del ICE aumentó de 39,238 a 41,169.
De los 4,422 nuevos detenidos en las primeras dos semanas de febrero, un 41% (más de 1,800 personas) no tenían antecedentes penales.
En contraste, durante el año fiscal federal 2024, la administración Biden realizó 113,431 arrestos migratorios, de los cuales solo el 28% correspondían a personas sin condenas o cargos criminales pendientes.
Lo que dice Trump vs. la realidad
La administración Trump ha mantenido un discurso centrado en la criminalidad de los inmigrantes.
El ICE publica regularmente en sus redes sociales arrestos de personas acusadas de delitos graves como asesinato, violencia doméstica y otros. Sin embargo, estas publicaciones contrastan con el cada vez mayor número de detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales, muchos de los cuales están en proceso de regularizar su situación en el país.
El País reporta casos de detenciones ocurridas durante controles de tráfico, donde personas sin documentos, pero casadas con ciudadanos estadounidenses y en trámites para obtener la green card, han sido detenidas y puestas en proceso de deportación.
Un ejemplo que publica el medio español es el de Ashley y José, donde José fue detenido durante un control de tráfico a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense y en proceso de obtener la residencia legal.
Capacidad de detenciones al límite
Los centros de detenciones del ICE están operando cerca de su capacidad máxima.
A mediados de febrero, el número de personas detenidas alcanzó las 41,169, acercándose al límite de capacidad de 41,500 a nivel nacional.
Esta situación plantea un dilema para la administración, que busca aumentar las detenciones, pero se enfrenta a la falta de espacio.
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Además, solo el 13% de los detenidos actualmente están en la vía rápida para ser deportados sin una audiencia en la corte.
El 87% restante enfrenta procesos de deportación que podrían durar meses o años.
Las cortes de inmigración tienen un retraso de 3.6 millones de casos, lo que significa que algunos detenidos podrían esperar años para ser escuchados.
Al menos 16,000 detenidos por el ICE tienen avisos para comparecer en la corte, lo que indica que están a la espera de una fecha.
Para aliviar la falta de espacio, la administración de Trump recurrió a nuevos centros de detención en Texas y Kentucky, y busca expandir la capacidad en Denver, Colorado, en al menos 900 camas.
Incluso, han comenzado a transferir detenidos a la base de Guantánamo, con planes de albergar hasta 30,000 personas allí. Hasta el momento, 112 detenidos han sido trasladados a Guantánamo, y se planean más vuelos.
Detenciones: el impacto en las familias y la comunidad
El temor a ser detenido por el ICE se ha extendido entre las familias con estatus migratorio mixto.
La experiencia de las últimas semanas ha demostrado que carecer de antecedentes penales no es garantía de protección contra la deportación.
Inmigrantes deportados a Guantánamo
Incluso muchos de los inmigrantes deportados a la prisión de Guantánamo, descritos como “lo peor de lo peor”, carecen de antecedentes.
Algunos venezolanos enviados a la base naval en isla de Cuba fueron identificados por tatuajes asociados a la pandilla Tren de Aragua, considerada una organización terrorista por Trump. Sin embargo, varios medios han desmentido que se trate de delincuentes.
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ProPublica y The Texas Tribune identificaron a varios migrantes venezolanos enviados a Guantánamo y confirmaron que al menos tres de ellos no cometieron ningún delito, más allá de haber entrado de forma irregular al país, asegura el informe de El País.
Entre ellos, José Daniel Simancas, un trabajador de la construcción, y Yoiker Sequera y Mayfreed Duran, peluqueros.
Cambios legislativos y justificaciones
La administración Trump está impulsando cambios legislativos para facilitar las deportaciones. La Ley Laken Riley permite deportar a indocumentados por delitos menores, como hurtos en tiendas, incluso sin condena.
La justificación del gobierno de Trump es que la entrada ilegal al país es un delito en sí mismo. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, argumentó que los inmigrantes sin antecedentes penales a menudo están “lejos de ser inocentes”, publicó ScriptNews.
Tom Homan, ex director interino del ICE, dijo que no es necesario cometer otro delito además de la entrada ilegal para ser considerado criminal. “No hay nada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que diga que además de la entrada ilegal hay que cometer otro delito. La entrada ilegal al país es un delito”, justificó Homan.
Detenciones: críticas y controversias
Organizaciones de derechos civiles denuncian que muchos migrantes son parte de las detenciones por su raza o color de piel, incluso siendo ciudadanos estadounidenses. El presidente Navajo, Buu Nygren, habló en la estación de radio tribal KTNN sobre encuentros “negativos y a veces traumatizantes” entre el ICE y ciudadanos de la “Nación Navajo”.
Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional de Evangélicos Latinos (NALEC), criticó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la aplicación CBP One (te contamos sobre esto en este blog), que permitía a las personas llegar legalmente desde sus países de origen. Salguero cuestionó la lógica de revocar el TPS si el objetivo fueran los criminales violentos.
Cifras de deportaciones
En el primer mes de la administración Trump, se deportaron 37,660 personas, una cifra menor a las 57,000 deportaciones mensuales realizadas por el gobierno de Joe Biden el año anterior.
Estas cifras reflejan la presión que hay para aumentar el número de detenciones y deportaciones.
Más allá de estos datos, la disponibilidad de información precisa sobre las detenciones y deportaciones es limitada.
Por ejemplo, el ICE dejó de publicar diariamente los totales de detenciones en su cuenta de X a principios de febrero.
Además, un panel informativo lanzado por el ICE en diciembre de 2023 no está siendo actualizado desde septiembre de 2024.
La falta de transparencia sobre las detenciones dificulta la evaluación precisa de las políticas migratorias implementadas por Trump.
Además, el gobierno federal dejó de rastrear el número de personas transgénero en detención por el ICE, lo que antes formaba parte de sus esfuerzos de recopilación de datos.
Un camino diferente
Los datos y los testimonios revelan que las detenciones y deportaciones bajo la administración Trump no se limitan a los delincuentes, contradiciendo la narrativa oficial.
El aumento en las detenciones de personas sin antecedentes penales, las historias de familias separadas y las controversias en torno a las deportaciones a Guantánamo, evidencian una política migratoria más amplia y agresiva.
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