En estos meses, la administración Biden se ha esforzado por revertir las políticas de Trump y volver a garantizar los derechos de los migrantes, pero ha tenido graves desaciertos
Durante cuatro años, el ex presidente Donald Trump utilizó como arma al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), amenazando constantemente con redadas masivas y deportaciones para promover una agenda racista y ganar puntos con su base política. Actualmente, bajo el liderazgo de Alejandro Mayorkas, las prácticas de control de inmigración de ICE están cambiando pero aún queda mucho por hacer para defender los derechos de los migrantes.
En febrero, el secretario Mayorkas ordenó a ICE que concentrara sus recursos de control de inmigración civil en amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública. Aunque gravemente defectuosa , la directiva fue más lejos que la de la administración Obama al limitar las deportaciones, y la evidencia sugiere que ha tenido un impacto real sobre el terreno y el respeto a los derechos de los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también ha actuado para limitar las detenciones cerca de los juzgados y en centros de distribución de vacunas, mientras trabaja para encontrar soluciones para los sobrevivientes de delitos y los veteranos deportados. Y en mayo, un memorando a los abogados de ICE transmitió una nueva guía sobre qué grupos priorizar para la ejecución civil y los arrestos, reduciendo la cantidad de migrantes detenidos.
Abusos por parte de los agentes de ICE: actúan de civil y no respetan los derechos de los migrantes
Mayorkas se ha negado repetidamente a controlar a los agentes de ICE de otras formas. En la calle, muchas de las detenciones siguen siendo frecuentes, donde agentes vestidos con ropa de civil en vehículos sin identificación, y agentes que se hacen pasar como la policía local arrebatan y arrestan a las personas en la calle, en clara violación de los derechos de los migrantes.
Además, los agentes ahora justifican los arrestos categorizando a las personas como “prioritarias” a pesar de que no cumplen con los criterios establecidos en el memorando de mayo, lo que resulta en la deportación injusta de miles de personas .
¿Qué pasa luego de que se cierra un centro de detención ICE?
En mayo, el DHS anunció el cierre de dos centros de detención: la Casa Correccional del Condado de Bristol en Massachusetts y el Centro de Detención ICE del Condado de Irwin en Georgia. Tanto en el Centro de detención ICE de Georgia como en el de Massachusetts se han denunciado graves condiciones de abuso, incluido el uso de gas lacrimógeno, histerectomías forzadas y negligencia médica sistémica.
En julio, ICE anunció una política contra el arresto y detención de personas embarazadas, en período de posparto y lactantes, un cambio buscado durante mucho tiempo por la ACLU y otros defensores. Esta directiva fue positiva, pero Mayorkas no aprovechó la oportunidad para reducir la máquina de detención de ICE. En febrero, después de que Mayorkas prestó juramento, ICE mantuvo detenidas a aproximadamente 13,500 personas cada día, en comparación con un máximo de 56,000 personas por día bajo la administración Trump.
En lugar de aprovechar la oportunidad para cerrar los sitios de detención, ahorrando millones en dólares de los contribuyentes, y expandir el uso de alternativas a la detención, ICE en los últimos meses ha duplicado la población diaria promedio de los centros de detención. En julio, el DHS reporta una población detenida diaria promedio de 26.200 personas.
Si bien la administración Biden tomó medidas para poner fin a los contratos del Departamento de Justicia con las prisiones privadas que operan las prisiones, no lo ha extendido a cada centro de detención ICE. Mayormente, los inmigrantes y las personas que buscan asilo continúan languideciendo en las cárceles de gestión privada que están incentivadas a mantener las condiciones pobres e incluso inseguras para maximizar sus ganancias.
Quizás lo más irritante es que, a medida que se cierra un centro de detención ICE, se está optando por transferir a las personas a otro centro de detención ICE en lugar de entregarlas a sus comunidades y familias y revisar sus procesos.
Título 42 y Política de Tolerancia 0: la administración de Biden se quedó a medio camino
La administración Biden rescindió la política de “tolerancia cero” ideada por la administración Trump, entendiendo correctamente que su función servía como una herramienta horrible para separar familias en la frontera México Estados Unidos.
En este sentido, el Secretario Mayorkas es el encargado de liderar un grupo de trabajo para reunir a los padres separados con sus hijos. Recientemente, se reunió un pequeño número de familias pero el proceso ha sido lento y persiste un grave trauma. El grupo de trabajo de Mayorkas debe enfocarse no sólo en reunir a estas familias, sino en asegurarse que se cumplen los derechos de los migrantes como un estatus legal informado, acceso a servicios sociales y otros recursos que necesitan para recuperarse.
En febrero, Mayorkas anunció que reconstruiría el proceso de asilo, que supuestamente ofrecerá a las personas que huyen de la persecución en sus países de origen una oportunidad justa de buscar protección y seguridad en Estados Unidos, pero que la administración anterior intentó desmantelar.
Ha logrado algunos avances hacia este objetivo, como poner fin formalmente al programa Permanecer en México de Trump . Pero ha mantenido en gran parte la orden del Título 42 de la administración Trump, que cierra las fronteras a las personas que buscan seguridad en los Estados Unidos, usando como excusa la pandemia de Covid-19.
Bajo el Título 42, las personas que buscan asilo son devueltas a México o sus países de origen, donde muchas enfrentan persecución y violencia. Se trata de una política que no solo es inhumana si no también ilegal. Los expertos en salud pública han dejado claro que el Título 42 no tiene una base científica como medida de salud pública. Incluso bajo la era Trump, los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se opusieron a emitir la orden en primer lugar.
Ya es hora de que la administración de Biden ponga fin a la orden del Título 42 y restaure la capacidad de las personas para buscar protección contra la persecución en los Estados Unidos, como lo requieren las leyes estadounidenses e internacionales y los tratados sobre los derechos de los migrantes.
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