¿Deportaciones masivas del ICE con datos del IRS? Así es. Un nuevo proyecto impulsado por la administración de Donald Trump ha puesto en el centro del debate el uso por parte del ICE de datos fiscales para llevar adelante controles y detenciones.
Se trata de una inédita colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que busca automatizar el acceso a direcciones fiscales de millones de personas sospechadas de estar en situación migratoria irregular.
De acuerdo con lo revelado por diversos medios del país, el IRS está desarrollando un sistema informático que permitiría al ICE obtener de manera automatizada las direcciones fiscales de hasta 7,3 millones de personas.
Esta medida, que se espera entre en funcionamiento entre julio y agosto, facilitaría las deportaciones masivas al reducir la necesidad de verificación humana y permitir un cruce rápido de datos provistos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El sistema funcionaría mediante el procesamiento de planillas que el DHS enviaría al IRS con nombres y datos de personas investigadas. A partir de esos datos, el sistema buscaría coincidencias en las bases fiscales y devolvería automáticamente la última dirección registrada.
Técnicamente, sería una operación masiva de entrega de información sensible que, según advierten especialistas, pone en riesgo la privacidad de millones de contribuyentes. El riesgo radica no solo en la escala del proyecto, sino también en la posibilidad de que esta tecnología se utilice con fines aún más amplios en el futuro. Expertos señalan que una vez implementado, el sistema podría ser difícil de frenar o controlar, abriendo la puerta a un uso indiscriminado de datos fiscales para otros fines no relacionados con delitos migratorios.
Internas y resistencias legales dentro del IRS
La implementación de este sistema, de aplicarse, es conflictivo. En junio pasado, Andrew De Mello, quien entonces se desempeñaba como abogado general interino del IRS, se negó a entregar la información solicitada por el ICE, dice NPR. Argumentó que no se cumplían con las garantías legales mínimas, y que era imposible que existieran investigaciones criminales válidas sobre 7 millones de personas. Dos días después de negarse, De Mello fue desplazado de su cargo.
Danny Werfel, comisionado del IRS bajo la administración de Joe Biden, sostuvo que la entrega de datos fiscales a esta escala jamás contó con respaldo legal. De hecho, según los medios, dentro del IRS hubo una importante cantidad de funcionarios que se opusieron al sistema, por considerar que ponía en riesgo la confidencialidad de los datos fiscales y exponía a ciudadanos o residentes legales a errores administrativos graves.
Estas internas reflejan una tensión creciente dentro del propio aparato estatal, entre quienes apoyan políticas más duras de control migratorio y aquellos que defienden el respeto a la privacidad y la legalidad del proceso. Muchos funcionarios temen que su participación en este proyecto pueda derivar en responsabilidades legales personales.
Riesgos y fallas posibles en el sistema
Ingenieros del propio IRS advirtieron que el sistema automatizado podría generar errores importantes. Al no contar con una verificación humana, el cruce de datos podría arrojar coincidencias incorrectas, afectando a personas con nombres similares a los investigados o con información desactualizada.
Esto podría derivar en redadas en domicilios equivocados y en deportaciones masivas injustificadas.
Si este programa se implementa, es extremadamente probable que se proporcionen direcciones incorrectas al DHS y que se apunte erróneamente a individuos, aseguran.
Esta preocupación se suma a las advertencias de especialistas en privacidad, quienes consideran que se está creando una herramienta de vigilancia masiva sin los controles necesarios.
A esto se añade la incertidumbre sobre cómo se almacenarán, compartirán y protegerán los datos. La ausencia de protocolos claros y la falta de transparencia generan temor en cuanto a posibles filtraciones o usos indebidos de la información.
Críticas del Congreso y organizaciones civiles
El senador Ron Wyden, demócrata y miembro destacado del Comité de Finanzas del Senado, dijo que el sistema permitiría un “acceso sin precedentes” a los registros fiscales por parte de una agencia externa, sin relación directa con la administración tributaria.
En ese sentido, grupos defensores de derechos civiles demandaron al IRS para intentar frenar el acuerdo con el ICE.
Aunque un juez federal determinó en mayo que el memorando de entendimiento entre el IRS y el ICE cumple con la ley, el plan técnico del sistema automatizado aún podría enfrentar nuevas revisiones legales.
Desde organizaciones como Public Citizen se acusó al IRS de “romper su palabra” con los contribuyentes, recordando que por años se les aseguró a los inmigrantes que su información fiscal no sería usada con fines de deportaciones masivas.
Además, muchos activistas temen que este tipo de acuerdos sienten un precedente peligroso para futuras administraciones, permitiendo el uso de otras bases de datos gubernamentales con fines similares.
Extensión del programa y uso con ciudadanos estadounidenses
ProPublica reveló que el DHS busca extender el alcance del sistema, incluyendo datos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes investigados por otros delitos. De Mello, antes de ser removido, había rechazado esa posibilidad, alegando que se requeriría una validación legal superior para implementar esa ampliación.
A la par, el gobierno trabaja en una base de datos nacional de ciudadanía, que integraría información del Seguro Social y del DHS. También se ha ordenado que 250 agentes del IRS colaboren con las operaciones de deportaciones masivas, algo sin precedentes para una agencia tradicionalmente centrada en la administración fiscal.
Esta ampliación del programa preocupa especialmente a quienes ven en estas medidas un intento de redefinir el papel del IRS como herramienta de vigilancia estatal. Incluso algunos legisladores republicanos han manifestado inquietud por el alcance del sistema y su potencial impacto en ciudadanos comunes.
Política bajo presión
Según el plan, el sistema automatizado sería desarrollado por equipos del IRS en Maryland y Dallas, y estaría programado para entrar en funcionamiento antes de fin de año. Esta fecha coincide con los objetivos establecidos por la administración Trump, que incluye la meta de realizar hasta 3.000 arrestos diarios.
El impulso de este programa se da en un contexto político cargado: Trump ha reiterado su promesa de campaña de intensificar las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. En este marco, se busca utilizar los datos fiscales como una herramienta clave para identificar y localizar personas en situación irregular.
Sin embargo, esta estrategia ha despertado alarmas sobre la violación de derechos constitucionales y el riesgo de crear un sistema de vigilancia estatal a gran escala.
Privacidad fiscal bajo amenaza
El acuerdo entre el ICE y el IRS representa un cambio drástico en la relación entre la administración tributaria y las agencias de control migratorio. De concretarse, utilizar la información fiscal para facilitar deportaciones masivas no solo expone a millones de personas a posibles errores administrativos, sino que rompe con una tradición histórica de confidencialidad.
En los próximos meses se definirá si este sistema se implementa plenamente o si enfrenta nuevos obstáculos judiciales. Por ahora, lo único que se sabe es que la alianza entre el IRS y el ICE ha abierto una peligrosa puerta a la automatización de las deportaciones masivas en Estados Unidos. En este escenario, crecen los reclamos para establecer mecanismos de supervisión independientes que limiten el uso de esta información y garanticen el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
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