La administración presidencial apela nuevamente a la Corte Suprema para terminar con la política migratoria
Tras un año marcado por intentos frustrados por mejorar las políticas estatales de migración, la administración del Presidente Electo Joe Biden presenta un último intento de suspender los controversiales Protocolos de Protección al Migrante, el programa comúnmente conocido Quédate en México (Remain in Mexico).
Un año lleno de contratiempos para la administración Biden
El 2021 llega a su fin con más derrotas que éxitos para la administración demócrata en lo que concierne a las políticas de migración. La semana pasada, la reforma migratoria presentada al Senado como parte del paquete de leyes Reconstruir Mejor fue nuevamente rechazada por tercera vez por la Parlamentaria Elizabeth MacDonough.
Sin demasiadas alternativas, parece que los demócratas tendrán que esperar al próximo año para presentar una nueva estrategia para su agenda reformista en medio de un panorama político hostil.
Aunque la reforma migratoria se encuentre paralizada, la administración presidencial insiste en otro punto clave de su agenda: el polémico programa Quédate en México, heredado del gobierno previo de Donald Trump.
Remain in Mexico: “Quédate en México”
Esta política migratoria establecía que los solicitantes de asilo que ingresaran a los Estados Unidos a través de la frontera terrestre con México tendrían que permanecer en el país vecino hasta su fecha de audiencia con la corte de migración estadounidense.
La implementación de Quédate en México forzó a miles de potenciales asilantes a tener que sobrevivir durante meses en asentamientos precarios a lo largo del lado mexicano de la frontera. Se trata en muchos casos de familias o madres solteras con niños pequeños, que se ven forzados a resistir las inclemencias del clima y una carencia absoluta de los recursos más básicos sin más refugio que carpas improvisadas.
Forzar a personas en situación de vulnerabilidad a esperar por períodos extensos de tiempo en aquellos “campos de migrantes” es una medida que ha encontrado mucho rechazo no sólo entre la comunidad de inmigrantes sino en el público estadounidense general.
A las paupérrimas condiciones de subsistencia se les suma la falta de acceso a asistencia médica y ayuda humanitaria, por no mencionar la inconsistencia del criterio para evaluar el riesgo de persecución a los solicitantes, que en muchos casos buscan escapar violencia doméstica o de pandillas.
La perspectiva legal de la política fronteriza
Quédate en México ha resultado cuestionable también desde un punto de vista legal. El Departamento de Seguridad Nacional se ha apoyó durante el gobierno de Trump en la sección 235.b.2.C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para justificar el retorno forzado de los solicitantes de asilo a territorio mexicano. Sin embargo, la misma INA establece previamente en la sección 235.b.1 que el gobierno estadounidense debe realizar entrevistas de temor razonable, en las que evaluar el riesgo de persecución.
La ley indica que en caso de afirmarse la validez de ese temor, los solicitantes deben ser retenidos en detención en EEUU o se les debe asignar libertad condicional al presentar su aplicación de asilo. Este y otros argumentos han sido esgrimidos por varias ONGs y activistas por los derechos migratorios.
El derrotero legal de Quédate en México
Sin embargo, la acción legal llevada a cabo para frenar Quédate en México ha sido resistida una vez tras otra. Durante el gobierno de Trump, la Corte Suprema permitió que se continuara con esta política migratoria a pesar de los reclamos presentados.
La elección de Joe Biden como presidente en 2021 significó un aire de esperanza para los migrantes y sus defensores, siendo que la administración presidencial decidió suspender el programa apenas un mes después de ser nombrado Biden en el cargo.
El respiro duró poco, pues en agosto de este año un juez federal del estado de Texas decretó su re-implementación. El gobierno presentó recursos en contra, pero fue en vano. Tanto la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito como la Corte Suprema desestimaron el pedido. Como consecuencia, la administración de Biden no tuvo más remedio que implementar la política pese a sus objeciones.
El último esfuerzo
Ahora, el gobierno busca una vez más cumplir su promesa de mejorar la situación migratoria. El extenso documento enviado a la Corte Suprema el miércoles invoca algunos de los argumentos mencionados para poner en cuestionamiento la decisión previa de las cortes. También se solicita que la revisión no se postergue hasta el próximo término, teniendo en cuenta la urgencia de la situación.
No está claro qué resolución vaya a tener esta historia, o si concluirá siquiera en 2022. Si bien podemos esperar futuros esfuerzos por parte de la actual administración presidencial en mejorar la situación de los migrantes en base a sus propuestas hasta el momento, la viabilidad de estos en medio de un clima político tan polarizado está en tela de juicio.
En momentos de incertidumbre en las políticas de inmigración es más importante que nunca contar con el asesoramiento de un abogado experto en el área. Si te encuentras en los Estados Unidos y necesitas asistencia legal con tu estatus de residencia o visa de inmigrante puedes contactarte con las oficinas de Jurado Graham para una consulta en la que aclarar tus dudas y posibilidades en base a tu caso particular.
