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Erika Jurado-Graham

Erika Jurado-Graham

La corte de inmigración en peligro: los jueces reclaman que están al límite y aún sufren las consecuencias de la administración Trump

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Con 1.3 millones de casos de asilo en espera, los jueces de la corte de inmigración están al borde del colapso. Mientras, luchan por mantener su autonomía contra una orden de la era Trump.

La correcta labor de la corte de inmigración es vital para garantizar que los derechos de los migrantes sean respetados y que los procesos judiciales se lleven a cabo de acuerdo a la Constitución. En plena crisis migratoria en la frontera de México y Estados Unidos, los casos no paran de acumularse, y las capacidades de los jueces de inmigración están al límite.

Solo hay 500 jueces de inmigración en los Estados Unidos, ellos deciden quienes pueden permanecer en el país y quienes serán deportados. Con 1.3 millones de casos de asilo en lista de espera, los jueces de la corte de inmigración reclaman al gobierno más personal para poder procesar todo el trabajo adecuadamente.

Por otro lado, están intentando recuperar su autonomía política perdida durante la administración Trump. El gobierno anterior ejerció enormes presiones sobre los jueces para que emitan más órdenes de deportación, incluso cuando esto significaba un peligro para la vida de los migrantes que solicitaban asilo.

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Un migrante herido de bala es rescatado por la Patrulla Fronteriza en la frontera de México y Estados Unidos

La pérdida de autonomía de la corte de inmigración durante el gobierno de Donald Trump

Los jueces federales asumen sus cargos de por vida, asegurándose inmunidad ante la presión política. Sin embargo, los jueces de la corte de inmigración solamente son empleados que deben responder al fiscal general, una figura política. Desde 1979, los jueces de la corte de inmigración contaban con un organismo de representación colectivo, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

Pero durante el gobierno de Trump, el fiscal general William Barr inició una petición a la la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) para disolver este organismo sindical que garantizaba la justa representación de los jueces y servía para escudarlos de la presión política. A pesar de los años de precedentes legales presentados por los jueces de la corte de inmigración, la FLRA consideró inválida la conformación de la asociación de jueces y declaró que no podrían agremiarse.

Desde entonces, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración lucha por impugnar el fallo. Recientemente, decenas de demócratas firmaron una carta en el Congreso instando a Merrick Garland, el fiscal general de la administración Biden y a su fiscal general adjunta Lisa Monaco a impugnar el fallo de la FLRA.

“Estamos en un combate legal por nuestra vida para asegurar que se valore y se mantenga nuestra independencia de decisión, y que nosotros, como jueces, podamos hacer nuestro trabajo”.

Expresó la jueza Amiena Khan, presidenta del sindicato de la Corte de Inmigración, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

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Agentes fronterizos piden identificación a dos migrantes en la frontera de México y Estados Unidos

La respuesta del gobierno demócrata al reclamo de los jueces de la corte de inmigración

Merrick Garland aún no ha tomado una decisión respecto al reclamo de los jueces de recuperar su capacidad legal de asociación. Sin embargo, declaró que a los jueces se los debe dejar hacer su trabajo correctamente. La administración Biden confía en poder contratar más de 100 jueces de inmigración prontamente, algo que ya está contemplado en el presupuesto.

Los jueces de inmigración denuncian que las condiciones en las que se encuentran para realizar su trabajo son desastrosas, y confían en que el gobierno demócrata escuche sus reclamos para recuperar su independencia judicial y aumentar su personal. Una jueza de inmigración de San Francisco, Dana L. Marks, señaló que los jueces no deben ser utilizados como herramientas políticas.

Además, agregó que las cuotas impuestas políticamente dificultan los procesos legales mínimos que garantizan la representación de los migrantes en la corte. Si se apuran los procesos, los migrantes no tienen tiempo de conseguir representación legal adecuada para su defensa, ya que no cuentan con una defensa legal asignada por derecho. Y sin nadie que los defienda en la corte, la mayor parte de los migrantes pierden sus casos de asilo.

En el equipo profesional Jurado-Graham esperamos que el predicamento de los jueces de la corte de inmigración pueda llegar a buen término, garantizando que los procesos migratorios se lleven adelante de forma justa y humana. Confiamos en que se seguirán tomando medidas para mejorar la situación de la comunidad migrante.

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