El próximo 6 de julio el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos escuchará los argumentos en una demanda de Texas que tiene detenida la aprobación de nuevas solicitudes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
“La audiencia responderá a la apelación hecha por el Gobierno del presidente Joe Biden al fallo de una corte federal que consideró ilegal el beneficio migratorio, que ofrece permisos de trabajo y protección contra la deportación a personas que llegaron al país de forma irregular siendo niños”, señala la información difundida por la agencia EFE.
El juez federal Andrew Hanen se puso de parte de un grupo de estados republicanos, 16 de julio de 2021, liderados por Texas y los cuales pidieron el fin del programa al considerar que el Gobierno del expresidente Barack Obama violó la ley de procedimientos al establecer el programa.
DACA está atorado pese a esfuerzos de gobierno de Biden por reactivarlo
“Como parte de su decisión Hanen ordenó al Gobierno que dejara de aprobar nuevas solicitudes –aunque sí permitió renovar los amparos existentes– al considerar que DACA es ilegal porque la Administración Obama se extralimitó en su autoridad cuando creó el programa en 2012”, indica la nota de EFE.
De acuerdo con Hanen, a pesar de que ve ilegalidad en el DACA, “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia”, y prefirió dejar la decisión en instancias judiciales superiores, detalla EFE.
El Gobierno de Biden solicitó en septiembre pasado al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), que se permitiera continuar aprobando nuevas solicitudes del amparo mientras continúa la batalla legal, pero su solicitud fue rechazada.
De hecho, desde que Hanen falló en contra del DACA, la Administración del presidente Biden ha tratado de arreglar las fallas señaladas por instancias judiciales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó, también en septiembre de 2021, una nueva propuesta para preservar DACA, en respuesta a las objeciones hechas por Hanen a la forma en que el programa fue establecido, y será una de las armas en la apelación, según EFE.
Biden y soñadores con DACA se enfrentarán a varios estados de la Unión Americana
El Gobierno de Biden y los dreamers o “soñadores“, como se conoce a los amparados por DACA, ellos representados por el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), se enfrentarán al fiscal general de Texas, Ken Paxton, que junto con sus homólogos de los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental presentaron la demanda en 2018.
Los demandantes también alegan que DACA viola la ley federal y que utiliza recursos estatales para la salud y la educación.
Thomas A. Saenz, abogado de MALDEF dijo en septiembre del año pasado que dudaba sobre la decisión del juez en Texas y que la implementación de DACA no representa ningún daño para los estados demandantes, ya que, dice, su instauración es legal debido a que se dio por medio de la discreción presidencial.
Sáenz también indicó, en cadenas de televisión estadounidenses, que Hanen basó su decisión en opiniones de hace años. Aunque aceptó que ha habido “desarrollos recientes en la ley de legitimación y la autoridad presidencial”.
Ante ello, Sáenz confiaba en que la apelación pueda ser exitosa y termine beneficiando a miles de jóvenes que estarían en riesgo de ser deportados.
Cabe recordar que el presidente Donald Trump rescindió en septiembre de 2017 el amparo, que protege a unos 690 mil inmigrantes, pero tuvo que ponerlo en marcha nuevamente tras una decisión de la Corte Suprema de EU que consideró que la forma en que puso fin al programa fue ilegal.
Soñadores con DACA aún temen ser deportados
Los jóvenes soñadores, según un estudio publicado en febrero pasado, temen por su integridad física, su seguridad alimentaria y ser deportados a su país de nacimiento si no les regularizan su estatus migratorio.
Además, los ‘soñadores’ temen por la incertidumbre de que sus familias no tengan acceso a atención médica o educación. Estos temores tienen su origen, por lo menos, desde 2012, año en que fue creado el programa DACA bajo la administración del expresidente Barack Obama; desde entonces, el Congreso ha discutido, sin éxito para los soñadores, la posibilidad de un camino a la ciudadanía.
Los datos los revelan el U.S. Immigration Policy Center de la Universidad de California, el NILC (Centro Nacional de Leyes de Inmigración), el CAP (Centro para el Progreso Americano) y la comunidad de jóvenes de la organización UWD (United We Dream).
De acuerdo con sus cifras, 9 de cada 10 encuestados asiste a la escuela o está empleado en algún trabajo. Incluso, muchos de ellos, ya tienen un éxito consolidado en sus áreas de interés, pero continúan preocupados porque eso termine de un día para otro.
Hasta hoy, los beneficiados con DACA, que son quienes llegaron a EU antes de cumplir 16 años de edad, y que según cálculos podrían ser hasta 840 mil jóvenes, pueden acceder a un amparo temporal de deportación y una autorización de empleo, el cual es renovable cada dos años.
El estudio de los centros mencionados revela que el 96 por ciento tienen temor de ser deportados a su país de nacimiento; que el 40 por ciento piensa, al menos una vez al día, que puede ser detenido o deportado; y que el 48.6 por ciento piensa, al menos una vez al día, que uno de sus familiares puede ser detenido o deportado.
En su campaña para llegar a la Casa Blanca, el hoy presidente Joe Biden prometió que lucharía por cambiar las leyes de inmigración vigentes y ofrecer una solución a las personas que no gozan de un estatus migratorio legal en Estados Unidos, pero hasta ahora Biden no ha conseguido un cambio significativo para los ‘dreamers’, y esto aunque los demócratas tienen una mayoría en la Cámara Baja y el Senado en Washington.
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