El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero intensificó los controles, la deportación, las redadas y la presión sobre los inmigrantes con estatus irregular en Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reforzado sus operativos de arresto como parte del plan de deportación masiva de Donald Trump.
Según un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI), existen tres perfiles de migrantes con mayor riesgo de ser detenidos y expulsados.
La aplicación de las leyes de inmigración no solo ocurre en la frontera, sino también dentro del territorio estadounidense, con el ICE como principal agencia encargada de arrestos, detenciones y expulsiones de personas sin ciudadanía o que hayan infringido las normas.
MPI destaca que no solo los indocumentados están sujetos a deportación, sino también aquellos con visas temporales o residencia permanente que incumplan ciertas leyes migratorias.
Perfiles de migrantes en la mira del ICE
Los tres grupos con más probabilidades de enfrentar la deportación son:
Personas que ingresaron ilegalmente o excedieron su visa: Cualquier individuo que haya cruzado la frontera sin autorización o que haya permanecido en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por su visa es considerado deportable.
Este grupo es prioritario para la deportación debido a la violación de las leyes de inmigración al ingresar o permanecer en el país sin la autorización adecuada.
Migrantes con visas temporales que violaron las condiciones de su estatus migratorio: Según el MPI, aquellos con visas temporales, como las de trabajo o de estudios, pueden ser deportados si han incumplido los términos de su permiso.
Por ejemplo, una persona con visa de turista que trabaja sin autorización o un estudiante que no mantiene su estatus académico pueden estar en riesgo de deportación.
El incumplimiento de las condiciones de la visa temporal es motivo de deportación ya que se considera una violación de los términos bajo los cuales se les permitió ingresar y permanecer en el país.
Residentes permanentes o titulares de visas que cometieron delitos: Los titulares de la “green card” o de visas pueden ser deportados si son condenados por ciertos delitos. Esto incluye faltas como conducir bajo la influencia del alcohol, posesión de drogas, porte ilegal de armas, violencia doméstica, robo o delitos violentos.
La comisión de delitos, incluso por residentes permanentes, puede resultar en la deportación debido a que se considera que han violado las leyes del país y, por lo tanto, pierden su derecho a permanecer en él.
Delitos que pueden llevar a la deportación
Las leyes migratorias de Estados Unidos establecen que cualquier inmigrante, incluso residentes permanentes, puede ser deportado si comete ciertos delitos. Estos incluyen:
- Delitos de vileza moral: Incluyen fraude, perjurio, robo y otras acciones que reflejan falta de integridad. Estos delitos son considerados graves y pueden resultar en la deportación debido a que demuestran una falta de integridad y honestidad.
- Delitos graves agravados: Abarcan asesinato, narcotráfico, delitos sexuales y robo con violencia. Estos delitos son considerados extremadamente graves y siempre resultan en la deportación.
- Violaciones específicas de inmigración: Incluyen entrar al país tras una orden de deportación previa o proporcionar información falsa para obtener beneficios migratorios. Estas acciones son consideradas violaciones directas de las leyes de inmigración y resultan en la deportación.
Algunos delitos menores podrían no generar una orden de deportación automática, pero cada caso es evaluado individualmente por un juez de inmigración.
Nacionalidades más afectadas
Según el MPI, la mayoría de las deportaciones en Estados Unidos corresponden a ciudadanos de México (63%).
Le siguen El Salvador, Guatemala y Honduras (24% en conjunto). Durante los años fiscales 2021-2024, estas nacionalidades representaron el 87% de las deportaciones.
Estados Unidos, de acuerdo con el mismo estudio, enfrenta dificultades para repatriar ciudadanos de algunos países, incluidos en una lista de 15 países “recalcitrantes” como China, Cuba, India y Venezuela, debido a restricciones de esos gobiernos.
¿Qué puedes hacer para protegerte?
Ante este panorama, es natural sentir miedo e incertidumbre. Pero no hay que desesperarse. Hay acciones que se pueden tomar para protegerse y defender los derechos. Algunos consejos:
Conoce tus derechos: Infórmate sobre las leyes migratorias y los derechos que tienes como inmigrante. Saber tus derechos es el primer paso para defenderte.
No te resistas al arresto: Si eres detenido por el ICE, no te resistas ni intentes huir. Coopera con las autoridades, pero no digas nada sin la presencia de un abogado.
Guarda silencio: Tienes derecho a guardar silencio y a no responder preguntas sin la presencia de un abogado. No firmes ningún documento ni proporciones información que pueda ser utilizada en tu contra.
Busca asesoría legal: Consulta a un abogado de inmigración lo antes posible. Un abogado puede evaluar tu caso, explicarte tus opciones y representarte ante las autoridades.
Mantén tus documentos en orden: Ten a la mano copias de tus documentos migratorios, como tu visa, green card o permiso de trabajo. Si eres indocumentado, guarda copias de cualquier documento que pueda demostrar tu presencia en el país, como recibos de renta, facturas de servicios públicos o cartas de familiares.
Prepara un plan de emergencia: Habla con tu familia sobre qué hacer en caso de que seas detenido o deportado. Designa a una persona de confianza que pueda cuidar de tus hijos o manejar tus asuntos financieros.
No hay que confiar en soluciones fáciles
En momentos de desesperación, es común caer en la tentación de soluciones fáciles o consejos de personas no calificadas. No hay que dejarse engañar, cada caso es diferente y necesita una estrategia única.
Lamentablemente, hay abogados y consultores que no analizan bien los casos y se enfocan únicamente en presentar el mayor número de aplicaciones posibles, sin importarles si realmente hay posibilidades de éxito. Tenga cuidado con estos abogados. Primero que nada, abogados que parecen fábrica de asilos.
Algunos abogados siguen promoviendo el asilo como una forma rápida de obtener tener un permiso de trabajo o como como una opción de por mientras, a ver qué sale más adelante, sin advertir que la mayoría de estos casos siguen siendo negados y que al final estas personas terminan por ley en proceso de deportación.
Cuidado con notarios, gestores o personas que te prometen arreglar la situación migratoria de la noche a la mañana. Estas personas no son abogados y no están autorizadas para dar asesoría legal. En muchos casos, solo buscan aprovecharse de tu desesperación para sacarte dinero.
La mejor opción es consultar a un abogado de inmigración especialista. Un abogado puede evaluar tu caso, explicarte tus opciones y representarte ante las autoridades. No te dejes llevar por soluciones fáciles que a la larga pueden resultar más costosas.
Deportación: no hay que rendirse
El nuevo escenario planteado con el regreso de Trump exige atención y cuidado, pero con preparación y la guía adecuada, aún es posible lograr el sueño de regularizar el estatus en Estados Unidos. Los cambios de Trump no deben ser un impedimento, sino un llamado a la acción.
Medidas antiinmigrantes en estados republicanos
En este contexto, varios estados liderados por el Partido Republicano, conocidos como estados “rojos”, han tomado la iniciativa de implementar medidas que van más allá de la política federal, buscando un mayor control sobre la inmigración y endureciendo las condiciones de vida para los migrantes.
Estas acciones, en algunos casos, han sido descritas como intentos de “aterrorizar” a las comunidades inmigrantes.
Estas son algunas de las medidas más controvertidas:
Cazarrecompensas de inmigrantes: Estados como Missouri y Mississippi han propuesto autorizar a cazarrecompensas para detener y llevar adelante deportaciones con inmigrantes indocumentados, dice el Washington Post, ofreciendo recompensas de hasta 1,000 dólares por pistas que conduzcan a arrestos.
Esta medida, que recuerda a prácticas del pasado en relación con deportaciones, están generando una fuerte oposición por su potencial de abuso y discriminación.
Verificación obligatoria del estatus migratorio: En el Medio Oeste, estados como Iowa y Dakota del Sur buscan incluir en las licencias de conducir una indicación sobre si el conductor es ciudadano estadounidense.
En Montana, se pretende hacer obligatoria la verificación del estatus migratorio en cada parada de tráfico y también que los empleadores verifiquen la condición migratoria de sus empleados, con alto riesgo de deportaciones.
Estas medidas aumentan el riesgo de perfilamiento racial y discriminación, y generan un ambiente de temor en las comunidades migrantes.
Facturación por educación: En Tennessee, un legislador propone facturar a los padres por la inscripción de sus hijos indocumentados en escuelas públicas.
Este intento, denominado TRUMP Act, busca disuadir a las familias migrantes de buscar educación para sus hijos, a pesar de que la Corte Suprema ha dictaminado que los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a la educación pública.
Fingerprinting de niños: Texas está liderando estas iniciativas en favor de las deportaciones. Los legisladores buscan tomar las huellas dactilares de niños migrantes indocumentados, además de prohibir a los migrantes el acceso a asistencia legal con fondos públicos y crear una Unidad de Protección Fronteriza de Texas que tenga el poder de deportar a los migrantes cerca de la frontera.
Creación de “Zares” de inmigración: Florida ha creado un “zar” de inmigración estatal con 150 empleados y un presupuesto de 500 millones de dólares, con la intención de aumentar las sanciones para los migrantes que cometan crímenes, obligar a las fuerzas del orden a unirse a los esfuerzos de detención, ofrecer bonificaciones a la policía que participe en redadas y bloquear las tarifas de matrícula estatal para estudiantes indocumentados.
Seguimiento de costos: Tanto en Texas como en Luisiana, los gobernadores han ordenado a las agencias estatales que rastreen los costos asociados con los inmigrantes indocumentados.
Esta acción busca justificar los gastos relacionados con la inmigración y legitimar nuevas restricciones, impulsando la falsa teoría de Trump de impulsar las deportaciones porque los inmigrantes son una carga para el estado.
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