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Erika Jurado-Graham

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4 casos pendientes en la Corte y que impactarán a miles de inmigrantes

Son cuatro los casos relevantes de inmigración que en los próximos días tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, los cuales repercutirán significativamente en el futuro migratorio de cientos de miles de inmigrantes.

El primero está relacionado al proceso de asilo y el envío de personas indocumentadas a México para que esperen ahí la resolución de sus casos en tribunales norteamericanos.

El segundo tiene relación con el derecho de los inmigrantes a presentar una demanda contra funcionarios federales por daños ocasionados por violaciones de sus derechos.

Los dos casos restantes tienen que ver con la decisión de la Corte respecto a si después de un semestre detenido, un indocumentado puede tener derecho a una audiencia de fianza siempre y cuando pruebe que no representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.

Así lo resalta el periodista Jorge Cancino en un artículo para Univisión del 23 de mayo pasado.

Quédate en México: ¿se va o se queda este programa para inmigrantes? ¿Qué dirá la Corte?

“El gobierno de Joe Biden pidió a la Corte Suprema revisar y responder la pregunta sobre si la Administración puede continuar haciendo cumplir los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) creados por el gobierno de Donald Trump o bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede poner fin al programa”, expone Cancino.

Biden, se comprometió en campaña a eliminar este programa y así lo hizo en junio de 2021, pero un juez de Texas obligó a restituirlo. La Corte Suprema debe decidir ahora si da la razón al juez o permite a la administración Biden poner fin a esta política, detalla información de la agencia EFE.

“El Departamento de Justicia señala que si la Sección 8 del Código de Estados Unidos numeral 1225, requiere que el DHS siga implementando el también conocido plan Quédate en México; y si el tribunal de apelaciones se equivocó al concluir que la nueva decisión del secretario de Seguridad Nacional que puso fin al MPP ‘no tuvo efecto legal’”, explica Cancino.

“El plan permite a los agentes fronterizos devolver a territorio de México a solicitantes de asilo durante sus procedimientos de inmigración. La espera por la resolución de sus casos depende del atasco en la Corte de Inmigración, que en 2018 acumulaba poco más de Un millón 100 mil casos. Actualmente la cifra pasa de 1.7 millones de casos”, agrega el articulista de Univisión.

En octubre de 2021 –indica Cancino– DHS, en un nuevo esfuerzo por eliminar el polémico programa, anunció un memorando que trata de poner fin al MPP, pero su vigencia deberá esperar hasta que finalice el juicio que lo mantiene vivo.

En tanto –continúa Cancino– el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, señaló en un comunicado que la administración de Biden “está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario”. Y que el MPP “no ayuda a lograr este objetivo”.

“En diciembre el gobierno solicitó a la Corte Suprema una revisión acelerada para esclarecer si la ley federal de inmigración le exige mantener la política del MPP, y si la decisión de octubre de poner fin a la política tiene algún efecto legal”, detalla.

“La petición también argumentó que los MPP ‘no son la mejor herramienta’ para disuadir la migración irregular, expone a los inmigrantes ‘a riesgos inaceptables’ y resta valor a los esfuerzos del Gobierno para gestionar la inmigración. También se quejó de que la orden judicial interfiere con la labor del Ejecutivo en materia de inmigración y política exterior”, apuntó el analista. Veremos cuál es la resolución de la Corte en este caso.

¿Inmigrantes podrán demandar a funcionarios federales por violaciones a sus derechos?

Sobre el segundo caso el artículo de Univisión expone que hay dos preguntas clave que responder: 

“Si existe una causa de acción bajo Bivens v. Six Unknown Named Agents para reclamos de represalias de la Primera Enmienda; y si hay una causa de acción bajo Bivens para reclamos contra funcionarios federales que participan en funciones relacionadas con la inmigración por presuntamente violar los derechos de la Cuarta Enmienda del demandante”, cuestiona al tomar como referencia el sitio Oyez.

Cancino refiere que “sobre los hechos del caso (Oyez) detalla que Erik Egbert, un agente de la Patrulla Fronteriza y Control de Aduanas (CBP), fue al Smugglers Inn (una posada) que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y se acercó a un automóvil que transportaba a un invitado originario de Turquía. El dueño de la posada, Robert Boule, le pidió a Egbert que se fuera, y cuando Egbert se negó a hacerlo, Egbert empujó a Boule al suelo. Después de que Boule se quejó con los supervisores de Egbert, Egbert sugirió al IRS (Servicio de Rentas Internas) que investigara a Boule”.

Y agrega: “Oyez añade que Boule presentó una demanda Bivens (llamada así por el caso Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics, que reconoció por primera vez el derecho de los demandantes a demandar a los funcionarios federales por daños derivados de violaciones de sus derechos constitucionales) contra Egbert, argumentando que el agente había violado sus derechos de la 1ra y 4ta Enmienda. El tribunal de distrito falló en contra de Boule, encontrando sus reclamos más allá del alcance de los permitidos por Bivens”.

“La Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EEUU revocó y el 9º Circuito en pleno (en pleno) denegó la petición de Egbert de una nueva audiencia”, indica el analista, quien agrega que sobre este asunto la pregunta para la Corte es: “¿Tiene un demandante derecho a demandar a los agentes federales por reclamos de represalias de la 1ra Enmienda o por presuntamente violar los derechos de la 4ta Enmienda del individuo mientras participa en funciones relacionadas con inmigración?”.

La Corte Suprema tendrá que decidir varios casos relevantes en cuestión migratoria en los próximos días.

Y respecto al caso añade varios detalles: 

“Un artículo publicado en la página de la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG) explica que durante el proceso señala que una corte se negó a otorgar certiorari sobre una tercera pregunta presentada, que pedía al Tribunal que considerara invalidar a Bivens”, indica.

“Agrega que el demandado, Robert Boule, opera un Bed&Breakfast a pasos de la frontera canadiense en Blaine, Washington. Y que el B&B, que se conoce como Smuggler’s Inn, es ‘un sitio notorio para el cruce ilegal de fronteras’. Precisa además que la posada también atrae a “narcotraficantes” y en ese lugar ‘se han incautado cargamentos de cocaína, metanfetamina, éxtasis y opiáceos’”, expone el articulista.

“La nota sobre el caso explica además que el 20 de marzo de 2014 el peticionario, el agente de la Patrulla Fronteriza Egbert, estaba patrullando y supo por Boule que un ciudadano turco llegaría al Smuggler’s Inn ese mismo día. El agente Egbert sospechaba que el ciudadano turco podría cruzar a Canadá o reunirse con asociados que ingresaran a Estados Unidos desde Canadá con fines delictivos”,señala.

“El agente Egbert esperó a que los empleados de Boule llevaran al ciudadano turco a Smuggler’s Inn. Una vez llegaron, el agente Egbert los siguió por la entrada de la posada y estacionó detrás del vehículo de Boule. El conductor salió; el ciudadano turco permaneció en el automóvil. Boule le dijo al agente Egbert que abandonara las instalaciones, pero el Agente Egbert se negó. Boule respondió interponiéndose entre el agente Egbert y el automóvil con el ciudadano turco. El agente Egbert supuestamente empujó a Boule a un lado, le preguntó al ciudadano turco sobre su estatus migratorio y confirmó su presencia legal. Boule luego buscó tratamiento médico por una lesión en la espalda que supuestamente causó el agente Egbert”, detalla.

Por último, explica que “Boule se quejó con los superiores del agente Egbert y alegó que el agente Egbert tomó represalias contra él con el IRS y otras agencias federales (y que) Boule demandó al agente Egbert en un tribunal de distrito federal, afirmando dos causas de acción bajo Bivens”.

¿Les darán derecho a una audiencia de fianza o determinarán que son un peligro para la comunidad?

Dos casos judiciales de inmigrantes indocumentados detenidos por las autoridades de inmigración por más de seis meses son los que tiene que dictaminar la Corte Suprema para decidir si ambos inmigrantes tienen derecho a una audiencia de fianza mientras sus procesos continúan.

Sobre el caso conocido como Garland vs. González el autor destaca dos cuestionamientos: 

“1. Si un extranjero detenido bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1231, tiene derecho por estatuto, después de seis meses de detención, a una audiencia de fianza en la que el gobierno debe probar ante un juez de inmigración que el extranjero es un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad”.

“2. Sí, según el Título 8 del Código de Estados Unidos Sección 1252(f)(1), los tribunales a continuación tenían jurisdicción para otorgar medidas cautelares para toda la clase”.

El caso es el correspondiente a Esteban Alemán González, un inmigrante de origen mexicano.

Luego de que se iniciara un procedimiento de deportación en su contra de Alemán González agentes de asilo de USCIS determinaron que tenía un temor razonable de persecución o tortura (CAT) en México.

Entonces, Alemán González solicitó una audiencia de fianza ante un juez de inmigración después de haber estado detenido durante 180 días, pero la solicitud fue denegada.

El precedente es el siguiente:

“‘Dos tribunales inferiores han sostenido que, en ciertos casos, los inmigrantes tienen ese derecho” (de solicitar una audiencia de fianza después de seis meses privado de libertad), dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.

“‘Pero la mayoría conservadora de la Corte Suprema puede estar en desacuerdo con esos fallos’, advierte (Yale-Loehr)”.
Todo esto es lo que tendrá que poner en la balanza la Corte Suprema para determinar si este par de inmigrantes indocumentados, que han permanecido detenidos por más de seis meses, “tienen derecho a una audiencia de fianza para ser liberados”, indica Yale-Loehr en el artículo de Cancino.

Ya conoceremos en los próximos días la decisión de la Corte Suprema en cada uno de estos casos, lo innegable es que determinarán el futuro migratorio de cientos de miles de inmigrantes que quieren quedarse en Estados Unidos para salir adelante en sus vidas; y debido a esto, precisamente, es por lo que tendremos que estar atentos de esas resoluciones y del destino de tantos mexicanos o centroamericanos inmigrantes que lo único que piden es una oportunidad.

Por cierto, si tienes una situación migratoria complicada y quieres resolverla con alguien de confianza, con experiencia y paciencia, no dudes en agendar una cita con el equipo de la abogada Erika Jurado. ¡Nos enfocamos en todo tipo de casos migratorios y tenemos licencia para trabajar en todos los Estados Unidos!

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