La “ciudadanía por nacimiento” en Estados Unidos ha sido, por más de un siglo, una garantía constitucional que otorga la nacionalidad a toda persona nacida en este suelo. Sin embargo, esta norma se encuentra hoy en el centro de una intensa disputa judicial y política, luego de que el presidente Donald Trump firmara, cuando asumió, una orden ejecutiva para restringir ese derecho.
Aunque la orden intentó entrar en vigor, la justicia federal ha intervenido repetidamente para bloquear su aplicación. La semana pasada, por ejemplo, hubo nuevas resoluciones que reafirman que la ciudadanía por nacimiento sigue protegida por la Constitución.
La Orden Ejecutiva 14160, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, busca negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales. Esto incluye a personas con estatus migratorio temporal como estudiantes, trabajadores con visa, turistas o incluso solicitantes de asilo.
La medida fue anunciada como una estrategia para reducir lo que el expresidente denomina “abuso del sistema migratorio”, pero ha sido ampliamente rechazada por expertos legales y organismos de derechos humanos.
La orden ejecutiva 14160 y su impacto inicial
Desde su firma, la orden generó una ola de demandas judiciales. Tribunales federales en Washington, California, New Jersey, Massachusetts y New Hampshire emitieron suspensiones cautelares a nivel nacional, al considerar que la disposición de Trump viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida en EE.UU. es ciudadana del país, sin hacer distinción sobre el estatus migratorio de los padres. Gracias a estas decisiones, la ciudadanía por nacimiento no ha perdido su vigencia.
Una de las novedades más relevantes ocurrió el 25 de julio de 2025, cuando el juez federal Leo Sorokin, de Massachusetts, ratificó una suspensión nacional de la orden ejecutiva. En su fallo, Sorokin afirmó que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional y que la orden de Trump no puede imponerse por decreto. Destacó además que el único modo de modificar este principio sería mediante una reforma constitucional o una decisión inequívoca de la Corte Suprema.
Fallo del juez Leo Sorokin reafirma la ciudadanía por nacimiento
Este fallo no es aislado. Apenas unas semanas antes, el 10 de julio, otro juez federal, Joseph Laplante, en New Hampshire, había emitido una decisión similar en el marco de una demanda colectiva que representa a miles de niños nacidos en EE.UU. de padres sin residencia permanente. En ese caso, se argumentó que permitir la entrada en vigor de la orden podría causar un daño irreparable a los menores afectados, ya que quedarían en una situación de apatridia o vulnerabilidad legal. En consecuencia, se decidió mantener la ciudadanía por nacimiento como estándar vigente.
El contexto legal de esta disputa tiene como base el histórico caso “United States v. Wong Kim Ark”, de 1898, donde la Corte Suprema confirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Esta jurisprudencia ha sido reafirmada en distintas ocasiones a lo largo del siglo XX y XXI, y constituye uno de los pilares del sistema migratorio estadounidense.
Decisiones judiciales previas y protección a niños nacidos en EE.UU.
La discusión tuvo una novedad extra en junio pasado, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que limita el alcance de las medidas cautelares emitidas por jueces federales.
Según esa decisión, los jueces no pueden bloquear políticas federales a nivel nacional mediante medidas cautelares simples, pero sí pueden hacerlo a través de demandas colectivas. Este fallo generó incertidumbre momentánea sobre la protección de la ciudadanía por nacimiento, pero fue respondido con rapidez por jueces como Laplante y Sorokin, quienes adaptaron sus fallos al nuevo marco legal para continuar bloqueando la orden ejecutiva.
Desde el anuncio de la orden 14160, organizaciones como la ACLU, Human Rights Watch y la National Immigration Law Center han manifestado su preocupación por el intento de debilitar la ciudadanía por nacimiento. Consideran que estas medidas no solo violan derechos constitucionales, sino que además aumentan el clima de incertidumbre y miedo entre comunidades inmigrantes, particularmente en aquellos hogares donde hay hijos nacidos en EE.UU. pero padres sin papeles.
El papel de la Corte Suprema en la disputa
Además de los aspectos legales, la discusión sobre la ciudadanía por nacimiento ha cobrado relevancia en el escenario político. Desde la campaña de Trump, esta propuesta fue una de sus principales banderas, apelando a sectores del electorado que consideran que se debe limitar el acceso a beneficios migratorios.
Sin embargo, como era de esperar, tuvo antes y tiene ahora una fuerte oposición entre sectores democráticos, abogados constitucionalistas y hasta dentro del propio Partido Republicano.
La ciudadanía por nacimiento representa más que una norma legal; es un principio que define el sentido de igualdad ante la ley en los Estados Unidos. Al intentar cambiarlo por decreto, la orden ejecutiva 14160 plantea un precedente preocupante para la vigencia de otros derechos constitucionales. Esta es una de las razones por las que los tribunales han actuado con celeridad y contundencia.
Ciudadanía por nacimiento en el centro del debate político
En la actualidad, y gracias a los fallos judiciales, la ciudadanía por nacimiento sigue plenamente vigente. Ninguna autoridad federal ha comenzado a aplicar los lineamientos de la orden 14160, y todo intento de hacerlo ha sido suspendido por la justicia.
Esta situación podría mantenerse durante varios meses, mientras se desarrollan los procesos judiciales y se espera una eventual resolución definitiva por parte de la Corte Suprema.
Para miles de familias inmigrantes en Estados Unidos, esta protección significa tranquilidad y estabilidad. La ciudadanía por nacimiento garantiza que sus hijos tendrán acceso a derechos básicos como educación, salud y empleo sin temor a deportaciones o situaciones de irregularidad. Es, en muchos casos, el único vínculo legal con el país que conocen como hogar.
Encuestas y percepciones públicas sobre la medida
Distintas encuestas han mostrado que una amplia mayoría de los estadounidenses apoya la ciudadanía por nacimiento como principio. Incluso entre votantes republicanos, existe una división sobre la idea de eliminar este derecho. En el Congreso, varios legisladores han presentado proyectos para consagrar de manera aún más clara la ciudadanía por nacimiento, aunque estas iniciativas aún no han sido votadas.
Mientras tanto, lo más recomendable es mantenerse informado y consultar con expertos legales en inmigración si tienen dudas sobre el estatus de sus hijos.
La ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho constitucional y ninguna autoridad puede quitársela a un niño nacido en Estados Unidos sin un debido proceso judicial y en base a una ley claramente aprobada.
Hoy, la situación actual es la siguiente: la orden ejecutiva 14160 está bloqueada por fallos judiciales, la ciudadanía por nacimiento sigue protegida por la Constitución, y los tribunales han reafirmado ese principio una y otra vez.
Aunque el debate continúa y podría llegar nuevamente a la Corte Suprema, por ahora no hay ningún cambio legal que afecte a los niños nacidos en suelo estadounidense.
Perspectivas futuras para la ciudadanía por nacimiento
La ciudadanía por nacimiento es, hoy más que nunca, un tema central en la discusión sobre derechos humanos, migración y legalidad en Estados Unidos. Lo que ocurra en los próximos meses podría definir no solo el futuro de millones de niños, sino también el rumbo constitucional del país.
Por eso, es fundamental estar atentos a las decisiones judiciales y a los discursos políticos. En un contexto de alta polarización, la ciudadanía por nacimiento se ha convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad de derechos. Su defensa no solo es un tema legal, sino también moral y humano.
Con información del Washington Post y de Reuters.
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