Para reducir lo antes posible el número de casos acumulados en USCIS y la Corte de Inmigración, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) urgió a autorizar recursos, pues dijo que de no hacerse, el problema empeorará drásticamente.
Abogados advierten que sin más presupuesto para las agencias de inmigración, la cifra de casos rezagados seguirá aumentando
AILA se dijo alarmada por los millones de casos rezagados y por la gravedad de la crisis que golpea el sistema migratorio, la cual refleja, señaló, la baja capacidad de respuesta del gobierno federal para atender la llegada de miles de migrantes que a diario llegan a la frontera sur en busca de asilo.
Los directivos de AILA enviaron una carta a los líderes de ambas cámaras del Congreso, entre ellos el representante Kevin McCarthy (presidente de la Cámara de Representantes); el senador Charles Schumer (líder demócrata del Senado) y los presidentes de los comités de Asignaciones de ambos recintos legislativos.
En esta, los instaron a que “adopten un enfoque que incluya a todo el aparato del gobierno para financiar las agencias que comprenden el sistema de inmigración en lugar de centrarse singularmente en una parte aislada, como la gestión de fronteras o la tramitación de visados de trabajo o familiares”.
Y señalan que “los severos atrasos, ahora crónicos, afectan a la mayoría de las agencias, pero especialmente a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), la Corte de Inmigración (EOIR) y el Departamento de Estado (DOS), lo que resulta en atrasos que afectan a casi todos los tipos de casos o solicitudes e imponen dificultades a empresas, familias, solicitantes de asilo y otros migrantes”.
Según cifras del propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), la oficina federal tiene acumulados más de 9 millones de casos, mientras que la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés) supera los 2.1 millones de expedientes y en promedio cada caso demorará más de cuatro años en ser resueltos.
Por ello, AILA está pidiendo que el Congreso aumente el presupuesto de ambas entidades, para la contratación de personal y nuevas instalaciones.
AILA, quien tiene como miembros a más de 16 mil abogados en Estados Unidos, advierte que “cualquier esfuerzo por aliviar la presión en la frontera sur de Estados Unidos será mucho más exitosa si el Congreso asegura fondos adecuados para todas las agencias de inmigración y que puedan manejar los millones de expedientes que están esperando entre 4 y 5 años para que sean resueltos”.
USCIS debe de ser mejor financiada
“Una de las principales conclusiones del análisis de AILA enviado a los principales líderes del Congreso, se resume en que ‘se debe proporcionar a USCIS una financiación adecuada’, porque esa agencia federal ‘es responsable de la administración de los beneficios de inmigración y tiene un papel crucial en garantizar un sistema de inmigración justo, humano y eficiente’”, resalta la información de Jorge Cancino publicada en Univision el pasado 18 de marzo.
“‘La acumulación de casos de la agencia y los retrasos en el procesamiento a nivel de crisis han llevado a que las personas pierdan el estatus (y derechos de permanencia en Estados Unidos) o la autorización de trabajo’, resultando en ‘familias separadas y empresas estadounidenses que no pueden retener o atraer el talento’ necesario para garantizar la producción y el abastecimiento”, indica también.
En su misiva, AILA también destacó que en el año fiscal 2022, USCIS ejerció un presupuesto de 275 millones de dólares destinados por el Congreso para reducir la acumulación de expedientes de naturalización, disminuir los tiempos de procesamiento para varios tipos de formularios y adjudicarlos, así como el doble del número de visas basadas en el empleo.
“‘Sin embargo, datos recientes confirman que la agencia tuvo más de 8,600.000 solicitudes y peticiones pendientes a finales de septiembre de 2022 (cuando terminó el año fiscal)’, cifra que a finales de diciembre sobrepasó los 2 millones y continúa creciendo”, apunta Cancino.
“AILA advierte que, según el plan de gastos provisto por el Congreso para el año fiscal 2022, “sólo pudo abordar aproximadamente el 13% de la cartera de pedidos neta de la agencia en ese momento’. Y que, a pesar de esto, ‘el Congreso no asignará fondos suficientes para que USCIS aborde su retraso en el año fiscal actual, a menos que el legislativo asigne un total de $400 millones a USCIS para abordar la reducción de los retrasos, incluidos los casos de asilo, la ciudadanía por naturalización y el procesamiento de permisos de trabajo’”, recalca también Univision.
Otras de las recomendaciones de AILA que menciona Univision son:
- Una asignación de $80 millones para facilitar los objetivos de presentación/procesamiento electrónico de la agencia;
- $1 millón para proporcionar recursos adecuados para responder a requisitos de información;
- $425,9 millones para financiar suficientemente el programa de procesamiento de asilo anunciado en marzo de 2022;
- Contemplar fondos para abordar la reducción de los pedidos atrasados y proporcionar un procesamiento de asilo eficiente.
“‘Creemos que la financiación en las cantidades que hemos solicitado es crucial para garantizar que la agencia tenga los recursos adecuados para aumentar la transparencia en el estado actual de la cartera, garantizar la continuidad del empleo durante una histórica escasez de trabajo y reducir el atraso para cumplir con la misión de la agencia de una dependencia justa y que administra eficientemente los recursos, sin pasar el costo a sus clientes, tales como familias, pequeños empresas y organizaciones sin fines de lucro’”, resalta la información de Cancino.
Se pierden visas
Luego de analizar las consecuencias generadas por las demoras y el atasco de más de 9 millones de solicitudes, AILA precisa también que:
“Debido a esta situación ‘muchas visas autorizadas por el Congreso no fueron asignadas y como resultado se perdieron’. Y que, para abordar este problema relacionado con el presupuesto, ‘el Congreso debe incluir un lenguaje de autorización para recuperar visas de inmigrantes basadas en el empleo y patrocinadas por familia no utilizadas que datan del año fiscal 1992, así como visas de inmigrantes de diversidad que se perdieron desde el año fiscal 2020 debido a demoras administrativas, o nunca fueron emitidas debido a discriminaciones y también a causa prohibiciones generadas por la pandemia del COVID-19’”, subraya igualmente.
“AILA dijo además que la financiación adecuada por parte del Congreso ‘ayudará a garantizar que más tarjetas verdes (green card) no se pierden en el futuro’”, destaca a su vez Univision.
Se debe responder a la crisis migratoria en la frontera
Respecto a la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, AILA indicó que “‘además de la financiación a corto plazo, la financiación debe proporcionarse a largo plazo’ para responder en el marco del debido proceso a las peticiones de no ciudadanos que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos en busca de un recurso legal disponible, como el asilo”, apuntó Cancino.
Y recomendó que “con ese fin, el Congreso también debe financiar adecuadamente a USCIS y al Departamento de Estado para garantizar la suficiente contratación de agentes de asilo y para abordar los retrasos existentes en materia de asilo y visas”.
Incluso señalan que el Congreso “debe invertir en una visión a largo plazo acerca de cómo recibimos y procesamos a los no ciudadanos en la frontera mediante el establecimiento de una Oficina de Protección al Migrante, instancia que se encargará de coordinar la capacidad de detección y protección en áreas de alto volumen en la frontera con México”.
“Esta nueva oficina, añaden, ‘podría establecer centros de recepción a corto plazo para gestionar el procesamiento eficiente a través de agencias al mismo tiempo que proporciona orientaciones legales, acceso a asesoramiento y apoyo social de organizaciones sin fines de lucro con experiencia en atender a esta población’”, apunta Cancino.
Otras de las recomendaciones de AILA al Congreso que destaca Univision son:
- Financiar programas que reduzcan el uso de la detención y se opongan a los aumentos de la capacidad de detención de la oficina de Inmigración y aduanas (ICE);
- Reducir las partidas presupuestarias destinadas a la detención de no ciudadanos. (La detención es costosa, inhumana e insegura, y está plagada de una supervisión ineficaz que ha demostrado ser incapaz de prevenir los abusos de los no ciudadanos);
- Invertir en el Programa Alternativas de Detención (ATD) para que inmigrantes esperen en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración. (El ATD tiene un costo de $8 por día por cada inmigrante liberado en comparación con el costo de la detención que tiene un costo diario de $157.20 por cama);
- Apoyar programa que otorga asesoría legal a no ciudadanos en procesos de deportación y/o asilo;
- Mejoras en las operaciones y procedimientos judiciales;
- Mejoras en el sistema de Notificaciones de Comparecencia (NTA);
- Mejorar el presupuesto de la Corte de Inmigración (EOIR) para la contratación de más jueces y la creación de nuevos tribunales);
- AILA recomienda específicamente al Congreso proporcionar fondos para un programa piloto de representación legal para personas que no pueden pagar un abogado y programas relacionados como el Programa de Orientación Jurídica.
Aumento de tarifas para la mayoría de las solicitudes de tarjeta verde
Y quizá para este aumento de recursos financieros a las oficinas y agencias de inmigración estadounidenses, haya que aumentar también las tarifas de los trámites para los solicitantes.
“Las tarifas de solicitud para ciudadanos, residentes permanentes que esperan patrocinar a la familia para la residencia permanente, conocida como tarjeta verde, aumentarían en un 33% a $710, según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración”, señala el reporte de Jennifer Solis en Idaho Capital Sun publicado el pasado 20 de marzo.
“La semana pasada, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. terminaron los comentarios públicos sobre un aumento de tarifas presentado por la administración Biden en enero. La fecha límite para comentarios públicos se fijó inicialmente para el 6 de marzo, pero se extendió otra semana hasta el 13 de marzo debido a un problema técnico”, señala Solis.
Los más de 7 mil comentarios que se enviaron en respuesta, expresaron en su mayoría rechazo y preocupación.
“Según la propuesta, aumentarían las tarifas de solicitud para la mayoría de las categorías de inmigración a los Estados Unidos. Algunas tarifas, como las de las visas basadas en el empleo y las solicitudes de inmigrantes basadas en la familia, enfrentarán aumentos dramáticos”, apunta Idaho Capital Sun.
“Las tarifas para las solicitudes de tarjetas de residencia basadas en el matrimonio podrían duplicarse de $ 1,760 a más de $ 3,640, y el USCIS cita el costo más alto de demostrar que existe una relación familiar válida. Las solicitudes de ciudadanos estadounidenses que buscan traer a sus prometidos a los EE. UU. aumentarían en un 35 %, de $535 a $720”, añade.
“Los funcionarios federales de inmigración dicen que los aumentos de tarifas para ciertas peticiones son necesarios para recuperar los costos operativos, acelerar las revisiones de solicitudes, contratar más personal y reducir la acumulación de casos pendientes de la agencia. En 2020, el inicio de la pandemia de Covid-19 condujo a una reducción drástica de las nuevas solicitudes, lo que resultó en una caída temporal de los ingresos del 40%, según USCIS”, puntualiza también.
Las tarifas es la principal fuente de ingresos de USCIS
Un dato importante del reporte de Solís es que “alrededor del 96% de los fondos de USCIS provienen de las tarifas de presentación, en lugar de los fondos del Congreso, para administrar el sistema de inmigración legal de la nación”.
“Los cambios propuestos no entrarán en vigencia hasta que se publique una regla final. Queda por verse si la agencia seguirá adelante con los aumentos de tarifas que propuso en enero, o si promulgará una versión modificada basada en los comentarios del público. Sin embargo, las familias atrapadas en el proceso de la visa criticaron al gobierno por proponer costosas tarifas adicionales para recuperar los costos antes de abordar los casos que languidecen en la burocracia”, destaca igualmente.
Critican el aumento de las tarifas
“En los comentarios públicos presentados ante el USCIS, los defensores de la inmigración criticaron duramente el aumento de las tarifas para las presentaciones estándar, especialmente las tarifas que afectan a los niños”, apunta.
“Según la propuesta, cualquier persona que solicite un cambio de estatus migratorio dentro de los EE. UU. tendría que pagar más del doble del costo, un impacto financiero potencialmente devastador para los solicitantes de bajos ingresos que no pueden pagar las nuevas tarifas”, indica Solis.
Y señala también que “las tarifas de presentación para niños menores de 14 años que están ajustando su estatus con uno de sus padres están actualmente reducidas, pero según la nueva propuesta, esa tarifa también aumentaría en $790, lo que refleja el costo de una solicitud para adultos”.
De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, para una familia inmigrante de cuatro, los costos de ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes podrían superar los $10,000 al sumar el costo total de la nueva propuesta de tarifas.
El representante demócrata Steven Horsford, expresó en un comunicado que “las tarifas crean cargas y barreras adicionales para muchas de las familias de clase trabajadora que ya están luchando para llegar a fin de mes, por lo que si bien apoyo firmemente el trabajo de USCIS para ayudar a que estos casos avancen de manera positiva, no creo estos enormes aumentos en los costos permitirán que muchas familias busquen la resolución que requieren. Mi oficina continuará ayudando a tantos de mis electores como sea posible a encontrar esa resolución”.
Expone que los senadores demócratas Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona también criticaron a USCIS por los incrementos de tarifas basados en el empleo, pues la propuesta elevaría el costo de las visas H-2A y H-2B de $460 a $1,080 y $1,090, respectivamente.
Proponen posponer el aumento en las tarifas
Detalla igualmente que recientemente, “Manchin y una coalición bipartidista de senadores estadounidenses enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional instando a la agencia a posponer el aumento de las tarifas de visa para trabajadores extranjeros”.
En la carta puede leerse que “como saben, estamos en un momento en que muchos en nuestro país sufren una grave escasez de mano de obra y una inflación persistente. Es irresponsable aumentar tan drásticamente el precio para acceder a estos programas esenciales de trabajadores invitados sin hacer nada para aumentar su disponibilidad”.
Y en el mismo documento “los senadores también desacreditaron una propuesta para cobrar a los empleadores que buscan patrocinar inmigrantes para residencia permanente en EE. UU. o visas de trabajo temporales una tarifa adicional de $600 para financiar el programa de asilo de USCIS, que es responsable de evaluar a los solicitantes de asilo a lo largo de la frontera sur”, acota Idaho Capital Sun.
USCIS defiende los aumentos
“Los funcionarios federales de inmigración argumentan que la propuesta beneficiará a la agencia y al sistema de inmigración legal. El USCIS dijo que si bien la regla propuesta aumentará algunas tarifas, preservará la elegibilidad de exención de tarifas existente para las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos”, detalla.
Y agrega que “la regla propuesta también agregaría nuevas exenciones de tarifas para ciertos programas humanitarios, incluido el programa de asilo. Si se finaliza, la regla propuesta disminuiría o aumentaría mínimamente las tarifas para más de un millón de contribuyentes de bajos ingresos cada año, según USCIS”.
También en un comunicado, la directora de USCIS, Ur M. Jaddou, indicó en enero que “además de mejorar las operaciones de servicio al cliente y administrar la carga de trabajo entrante, USCIS debe continuar cumpliendo con su creciente misión humanitaria, defendiendo la equidad, la integridad y el respeto por todos a los que servimos”.
Y defendió la propuesta argumentando que “permite que USCIS recupere más completamente los costos operativos por primera vez en seis años y apoyará el esfuerzo de la Administración para reconstruir el sistema de inmigración legal”.
Sin duda las oficinas y agencias de inmigración con millones de casos acumulados deben de recibir más recursos, pero ¿la mejor forma de recibirlos es este aumento de tarifas? ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios.
Con información de Univision y Idaho Capital Sun.
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