La Legislatura de California recibió un llamado de grupos pro inmigrantes para que apruebe un proyecto de ley que permitiría a los indocumentados que residen en el estado obtener una tarjeta de identificación.
Tarjeta de identificación: California debate proyecto de ley que beneficiaría a inmigrantes
Conocida como la Ley de Identificaciones para Todos de California, el proyecto AB 1766 aumentaría el acceso a las identificaciones emitidas por el estado a todos los residentes, sin importar su situación migratoria.
De acuerdo con datos del Instituto de Política Migratoria, California contabiliza casi 2.8 millones de inmigrantes sin documentos; de éstos, únicamente el 4 por ciento son menores de 16 años, por lo que se espera que las identificaciones arropen a aproximadamente 1.7 millones de personas, indicaron los defensores de los inmigrantes en el comunicado.
Cabe señalar que, desde 2015, California otorga licencias de conducir a inmigrantes sin papeles gracias a la ley AB 60, y la han recibido más de 2.1 millones de exiliados, pero esta norma excluye a aquellos que no manejan o no han aprobado el examen.
Ante ello, la AB 1766 otorgaría identificaciones emitidas por el estado californiano a quienes no son favorecidos por la AB 60, incluidos ancianos, personas con discapacidades y personas anteriormente encarceladas, destacaron también en el comunicado.
“Es moralmente incorrecto negarles a estos residentes lo que la mayoría de nosotros damos por sentado, como abrir una cuenta bancaria e inscribir a nuestros hijos en la escuela”, señaló Connie Chung Joe, directora de Asian Americans Advancing Justice Southern California, organización que copatrocina esta propuesta de ley, también en un comunicado.
Quieren equidad para todos los residentes de California
Por su parte, el asambleísta Reggie Jones-Sawyer y autor de la iniciativa, afirmó que la aprobación del proyecto “traerá equidad a quienes no han podido acceder a los elementos básicos de la vida porque no tienen una identificación legalmente reconocida”.
También manifestó que la brecha debe cerrase y con ello permitir que todos los californianos obtengan una tarjeta de identificación estatal.
Al parecer, hasta ahora, la legislación va por buen camino, pues organización se ha opuesto al proyecto de ley; al contrario, la apoyan muchas organizaciones, tales como el Centro de Políticas de Inmigrantes de California y el Immigrant Legal Resource Center (ILRC).
Seguiremos de cerca los debates legislativos en torno a esta propuesta de ley en la Legislatura en Sacramento.
Llaman a poner fin a acuerdos locales de control de inmigración
Las autoridades federales de inmigración deben poner fin a docenas de acuerdos de cooperación con las agencias policiales locales que tienen los peores registros de violaciones de los derechos civiles, malas cárceles o prisiones y otros factores, así lo manifestó Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Y así lo reveló también, CQ Roll Call, medio que obtuvo la carta que Kary Moss, directora política nacional interina de la ACLU, en la que le pide al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que rescinda los llamados acuerdos 287(g) con 54 agencias policiales locales, o alrededor de un tercio de todas las acuerdos.
“Estos acuerdos 287(g) permiten a los agentes de la policía local llevar a cabo ciertas acciones federales de aplicación de la ley de inmigración. Eso incluye hacer arrestos de inmigración ellos mismos, así como mantener a las personas bajo custodia más allá de sus fechas de liberación para que los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. puedan recogerlos”, indica la información de rollcall.com.
Los acuerdos fomentan la discriminación racial
“La ACLU y otros críticos del controvertido programa dicen que los acuerdos fomentan la discriminación racial y generan desconfianza hacia la policía dentro de las comunidades de inmigrantes. La carta se refiere a los hallazgos recientes de ACLU sobre mala conducta en esas 54 oficinas de aplicación de la ley, incluidas las cárceles con un registro de personas que mueren bajo custodia y casos en los que los alguaciles han publicado comentarios antiinmigrantes en las redes sociales que hacen referencia a ‘ilegales’ y ‘extranjeros criminales’”, agrega en su reporte.
“‘Con las Directrices en un limbo continuo, ahora es un momento crítico para que evalúe otras formas significativas de proteger a las comunidades inmigrantes de arrestos y deportaciones indiscriminadas, incluso abordando el programa 287 (g), que durante demasiado tiempo ha empoderado a los alguaciles racistas y envalentonó la discriminación racial, causando dolor y miedo entre las comunidades de inmigrantes de todo el país”, señala rollcall.com que escribió Moss en la misiva.
Alguaciles que participan tienen antecedentes racistas contra inmigrantes
Una primera revisión integral al programa de inmigración durante la administración de Biden, realizado por la ACLU, fue publicado en abril pasado e incluye a su vez una revisión de todos los acuerdos 287(g) vigentes.
Dicho informe reveló que más del 50 por ciento de los alguaciles que participan en el programa de cooperación cuentan con antecedentes de hacer comentarios antiinmigrantes, y que casi dos tercios de las agencias policiales participantes tienen un patrón de violaciones de los derechos civiles o discriminación racial.
Asimismo, el reporte también resaltó que la administración Trump casi quintuplicó el programa 287(g).
Al final del gobierno del presidente Barak Obama, 34 agencias policiales locales participaban en el programa. En abril pasado, cuando se publicó el informe de la ACLU, había 142.
Las agencias policiales identificadas son aquellas que la administración debería investigar por violaciones de los derechos civiles, no por financiamiento, subrayó la asesora principal de políticas sobre los derechos de los inmigrantes y autora principal del informe de la ACLU, Naureen Shah.
“‘Son exactamente el tipo de agencia de aplicación de la ley por la que la administración Biden ha expresado su preocupación y, sin embargo, están recibiendo apoyo federal a través de este programa. Realmente no tiene sentido”’, expuso Shah.
También tenemos que dar seguimiento a esta solicitud de defensores de inmigrantes, pues ante estos graves señalamientos, la administración del presidente Joe Biden tendría que reducir el programa.
Sobre todo cuando prometió en campaña apoyar las causas de los exiliados, ellos se lo han exigido en los últimos meses y como político comprometido tendría que cumplir.
Si los inmigrantes estás siendo maltratados gracias a estos programas y acuerdos locales, lo más coherente sería cancelarlos y proponer nuevos métodos sin perjudicar la vida de los exiliados, que ya ha sido bastante maltratada en sus países de origen o en el largo camino para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
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