El gobierno del presidente Joe Biden rechazó el jueves pasado las afirmaciones de una coalición de estados republicanos de que la regla final de la actual administración sobre Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) impone costos indebidos en los fondos públicos de los estados.
Gobierno de Biden dice que el Tribunal de Texas no puede cancelar DACA a nivel nacional
Por tal motivo, la administración Biden agregó que cualquier orden judicial que el juez federal de distrito Andrew S. Hanen pueda ordenar no debe aplicarse en todo el país.
“Texas es el único estado que incluso ha ofrecido evidencia de daño, por lo que no hay base en el registro para determinar que DACA ha dañado a ningún otro estado”, dijo el gobierno de Biden en una moción cruzada.
En enero pasado Texas aseguró que los beneficiarios de DACA le cuestan al estado 250 millones de dólares por año y que a las comunidades locales le costaban otros 533 millones de dólares por año, citando evidencia presentada en 2021 por un grupo de beneficiarios de DACA que intervinieron en el caso.
Asimismo, citó estimaciones anteriores de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas sobre el gasto estatal en atención médica para inmigrantes indocumentados en general, incluidos casi 600 millones de dólares en 2006 y más de 700 millones de dólares en 2008.
Recordemos que la actual administración demócrata no puede procesar en este momento nuevas solicitudes de DACA, pero puede considerar y procesar las renovaciones que se requieren cada dos años bajo el programa de la era de Obama.
Piden anular la regla final de DACA de la administración Biden
También en enero, los estados republicanos en contra del DACA le pidieron a la corte que anulara la regla final de la administración Biden, la cual intentaba resolver elementos de su predecesora que las cortes encontraron ilegales, y que impidiera que procesara renovaciones dos años después de una orden final, argumentando que sería tiempo suficiente para liquidar el programa.
Por su parte, Nueva Jersey presentó un escrito en rechazo al llamado de los estados para poner fin a DACA, y dijo que su argumento de que los costos del programa superan sus beneficios es una “imagen estrecha” que se basa solo en su visión del mercado laboral.
“Los estados ignoran una ‘amplia gama’ de beneficios económicos y sociales proporcionados por beneficiarios autorizados que confían lo suficiente en las fuerzas del orden como para denunciar delitos y cooperar con las investigaciones, así como asistir a escuelas que luego califican para recibir más fondos públicos, dijo el estado”, indica el reporte de Law360.
Nueva Jersey añadió que “los beneficiarios educados contribuyen a una fuerza laboral más saludable, y muchos continúan desempeñando funciones importantes como médicos, abogados, enfermeras, maestros e ingenieros”.
De igual forma, destacó que “las afirmaciones de los estados ignoran las ‘decisiones del mundo real’ que aproximadamente 825,000 beneficiarios de DACA y sus familiares, empleadores, escuelas y comunidades han tomado durante los 10 años de vida del programa. Esos incluyen a más de 250,000 niños estadounidenses que tienen al menos un padre que es beneficiario de DACA, dijo New Jersey, citando una evaluación del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.”, señala Law360.
“Incluso si este tribunal cree que los demandantes tienen derecho a un juicio sumario y que la regla final es ilegal, debe rechazar las demandas correctivas draconianas de los demandantes, que causarían estragos en los beneficiarios de DACA, sus familias, sus hijos ciudadanos estadounidenses, los empleadores y el estado y los gobiernos locales de todo el país, dijo New Jersey”, apuntó también el sitio especializado en temas legales.
El gobierno de Biden da batalla legal para que DACA no termine
Un fallo del Quinto Circuito que afirmó la opinión del juez Hanen de que el memorando de 2012 que creó DACA infringía la Ley de Procedimiento Administrativo, fue reconocido por la administración de Biden y señaló que la regla final se basaba en la supuesta legalidad de ese memorando.
Sin embargo, el gobierno de Biden “alegó que los estados se equivocaron al decir que los aplazamientos de DACA eludieron la INA. Dijo que los estados argumentaron erróneamente que ciertos grupos de no ciudadanos solo podían lograr una presencia legal en el país siguiendo ‘reglas complejas’ establecidas por el Congreso, afirmando que esas mismas reglas le daban al secretario del DHS el poder de determinar quién está legalmente presente”, indica Law360.
Además, “la administración afirmó que el juez Hanen carecía de autoridad para ordenar el fin del programa a nivel nacional, y dijo que solo la Corte Suprema puede evitar que el gobierno federal promulgue una política o ponga fin a una que esté vigente. Agregó que respetuosamente no estaba de acuerdo con la decisión del Quinto Circuito, diciendo que utilizó una suposición incorrecta de que una sección de la Ley de Procedimiento Administrativo le dio al tribunal inferior el poder de revocar el memorando de 2012. El fallo del Quinto Circuito está sujeto a revisión adicional, dijo la administración”, resaltó también Law360.
15 por ciento de miembros del Congreso son inmigrantes o hijos de inmigrantes
Ya hay nuevas cifras sobre la cantidad de inmigrantes o hijos de inmigrantes que hay en ambas cámaras del Congreso actual estadounidense.
De acuerdo con el Pew Research Center, al menos el 15 por ciento de los integrantes del 118º Congreso son inmigrantes o hijos de inmigrantes; es decir, un mínimo de 81 congresistas con derecho a voto han nacido en el extranjero o tienen al menos un progenitor nacido en el extranjero.
La información se obtuvo, señaló el Pew Research Center, de diversas fuentes, como la información biográfica de los miembros, artículos de prensa y oficinas del Capitolio.
En total, hay 18 congresistas con derecho a voto nacidos en el extranjero, 17 de ellos en la Cámara de Representantes y uno en el Senado: juntos representan el 3 por ciento de todos los miembros con derecho a voto de ambas cámaras legislativas de Estados Unidos.
Al menos otros 63 legisladores –47 representantes y 16 senadores– tienen uno o más padres inmigrantes. De tal forma, estos hijos de inmigrantes representan el 12 por ciento de la Cámara y el Senado.
De los 63 legisladores de la Cámara que emigraron a EU o tienen padres inmigrantes, 48 pertenecen al partido demócrata, mientras que los 16 restantes son republicanos.
Cabe señalar que los inmigrantes e hijos de inmigrantes representan a 25 estados en el Congreso. Alrededor de una cuarta parte de ellos, 26 por ciento, representan a California, el mayor porcentaje de todos los estados. El 9 por ciento representa a Florida, el 7 por ciento a Illinois y el 6 a Nueva York.
Casi la mitad de los miembros inmigrantes o hijos de inmigrantes, el 48 por ciento, proceden de Estados occidentales: 39 en total. El Sur es la segunda región más representada por este grupo, con 17 legisladores, seguida del Noreste con 13 y el Medio Oeste con 12.
Con información de Law360.
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