Una organización sin fines de lucro presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y contra Inmigración y Control de Aduanas luego de que su solicitud para obtener registros relacionados con los servicios de monitoreo de usuarios de redes sociales por parte de empresas privadas fuera cancelada.
Buscan supervisar labor del Departamento de Seguridad Nacional y de Inmigración y Control de Aduanas
El Centro Brennan para la Justicia de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Nueva York fue quien interpuso la demanda.
El instituto afirma que debido a que las redes sociales exponen información personal confidencial, incluida la religión, las opiniones políticas, la salud, la sexualidad y las asociaciones personales de los usuarios, y que conseguir información sobre el monitoreo realizado por el gobierno a través de terceros es vital para supervisar esta labor de las autoridades de seguridad nacional.
En su demanda, el Centro Brennan afirma que “los registros sobre los esfuerzos de monitoreo de las redes sociales del gobierno buscados por la [solicitud de FOIA] son esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las agencias federales con un mandato amplio y un historial accidentado en lo que respecta a los derechos de los civiles”.
“Dada la intersección entre la supervisión del gobierno y las libertades constitucionales, particularmente para las minorías discretas e insulares, el interés público en juego en la publicación de estos documentos es de suma importancia”, señala también el instituto de política.
Escasa información sobre los proveedores de vigilancia de redes sociales dificulta la supervisión
Cabe recordar que con el objetivo de realizar investigaciones, identificar amenazas potenciales y controlar a los viajeros e inmigrantes que utilizan proveedores externos, el Departamento de Seguridad Nacional monitorea cotidianamente las plataformas de redes sociales.
“Pero la limitada información disponible sobre la relación entre el gobierno y los proveedores de vigilancia de redes sociales dificulta evaluar si los proveedores privados están sujetos a las mismas restricciones que las agencias gubernamentales”, expuso el centro.
Por ello hay un riesgo de que el monitoreo del gobierno pueda suprimir las libertades de expresión, reunión o religión.
“De hecho, el riesgo es aún más significativo para las minorías religiosas y los grupos raciales, ya que muchas agencias que realizan vigilancia en las redes sociales históricamente se han centrado en las minorías y sus movimientos sociales”, destacó el Centro Brennan.
Agregó que los registros disponibles públicamente dan cuenta de que el Departamento de Seguridad Nacional usa proveedores para el monitoreo de las redes sociales, y puso como ejemplo tres contratos que se pueden encontrar en el sitio web federal de adquisiciones usaspending.gov en los que ICE (Inmigración y Control de Aduanas) compró productos a la empresa ShadowDragon que se ubica en Wyoming.
De acuerdo con el Centro, otra de las empresas que aparecen en este registro de adquisiciones es Voyager Labs, con sede en Nueva York, y la cual comercializa sus productos como útiles en áreas como la frontera y la seguridad nacional.
Una nota a pie de página incluida en la demanda del Centro vincula a las páginas del sitio web de la empresa que promocionan los algoritmos de inteligencia artificial “avanzados” y “únicos” de la empresa como útiles para comprender cantidades “masivas” de datos públicos para obtener información sobre “investigaciones avanzadas” e “inteligencia”, señala a su vez información de law360.com.
Seguridad Nacional ha buscado públicamente proveedores externos
Los funcionarios del DHS –según el Centro– también han buscado públicamente proveedores externos para impulsar sus esfuerzos de monitoreo de las redes sociales tras el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio con informes de los medios que revelan conversaciones preliminares con un proveedor, Logically Inc.
“La FOIA requiere que una agencia determine dentro de los 20 días si cumplirá con una solicitud y notifique al solicitante de su determinación y razonamiento por escrito, según la denuncia. En ‘circunstancias inusuales’, la agencia debe responder dentro de los 30 días, dice la denuncia, citando lenguaje de la FOIA”, refiere law360.com.
“Dada la escasa información pública sobre los proveedores con los que el DHS ha contratado, así como el enorme impacto del monitoreo de las redes sociales en la vida y las libertades constitucionales de los estadounidenses comunes que esclarecerán los registros solicitados, los documentos buscados son de la mayor importancia pública”, subrayó finalmente el Centro Brennan.
Es importante apoyar los esfuerzos del Centro Brennan porque toda la información relacionada con los usuarios de redes sociales es muy delicada por lo personal de los datos, así que el Departamento de Seguridad Nacional e Inmigración y Control de Aduanas deben de proporcionar toda la información que este tipo de centros les requieren para que ellos realicen esta labor de vigilancia a las autoridades.
Mucho más cuando se trata de información tan sensible para los inmigrantes que están buscando algún beneficio migratorio, y que la información que hay en sus redes sociales puede ocuparse, en algún momento dado, en su contra por parte de esas autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos.
A los funcionarios de ICE se les dijo que limpiaran los teléfonos celulares
Otra información relevante de law360.com difundida recientemente es que un funcionario de ICE dijo que la agencia, bajo el expresidente Donald Trump, dejó en manos de los empleados preservar cualquier comunicación en sus dispositivos móviles.
“El director de tecnología de ICE, Richard J. Clark, dijo que ICE ‘no tiene una política para preservar datos en teléfonos móviles ni ICE… tiene una capacidad de infraestructura para preservar y/o almacenar datos de los teléfonos celulares de los empleados’”, indicó law360.com.
“La agencia ‘brinda instrucciones a todos los custodios de dispositivos móviles de ICE sobre cómo restablecer o borrar administrativamente el dispositivo móvil antes de devolverlo’, dijo Clark”.
“Si bien ICE había revelado previamente en el litigio que la agencia tenía una “práctica estándar” para restablecer los valores de fábrica y destruir y eliminar todo el contenido de los dispositivos móviles cuando estaban fuera de servicio, la declaración jurada del jueves arroja más luz sobre esa práctica”, señala law360.com.
Distribuye ICE Guía de referencia rápida para borrar datos
“En particular, ICE distribuyó una ‘Guía de referencia rápida para borrar datos de dispositivos iOS’ que detallaba los pasos que los usuarios debían seguir para ‘borrar o borrar todos los datos de su dispositivo móvil antes de devolver el dispositivo a un custodio de propiedad de ICE o a su supervisor’, según el presentación”, expone también law360.com.
“Además, se incluyen instrucciones simples de verificación de borrado para que el custodio de la propiedad las confirme antes de aceptar el dispositivo iOS del usuario”, dijo la agencia en la guía de referencia de 2017.
“La Unión Americana de Libertades Civiles de Massachusetts y American Oversight, un organismo de control del gobierno, presentaron originalmente la demanda en mayo de 2021”, detalló.
Otra práctica preocupante por parte de ICE y en la que nuevamente las organizaciones de la Sociedad Civil se hacen presentes para tratar de defender los derechos de las personas y en este caso de los inmigrantes que llegan a la Unión Americana. Otro asunto al que ponerle lupa para que los derechos de estos exiliados sean respetados por las autoridades de inmigración.
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