Hoy te contaremos de dos noticias que tienen que ver con el tema de la deportación. Se trata de la restitución a los jueces de inmigración de la facultad para cerrar casos, y de una iniciativa de ley que busca ofrecer abogados a menores no acompañados y inmigrantes víctimas de abuso.
Deportación: devuelven a jueces de inmigración facultad para cerrar casos
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, restituyó las facultades a los jueces de inmigración para que cierren, terminen o desestimen casos de deportación en ciertas circunstancias, una decisión que ayudará a miles de inmigrantes que califican para aplicar a un beneficio migratorio.
Entre los beneficiados podrían encontrarse los cubanos con parole o quienes busquen la residencia legal permanente, es decir la llamada green card o tarjeta verde.
Dicha determinación provocó que quedara sin efecto una consideración emitida en 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, que prohibió a los jueces de inmigración cerrar casos administrativos ante sus propios tribunales, inclusive los casos que podrían ser resueltos por otras agencias federales.
Todo ello, en el marco de la política migratoria de tolerancia cero, establecida por la administración del presidente Donald Trump.
Ya en septiembre de 2019, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito había restituido a los jueces de inmigración, pero de sólo cuatro estados, el poder para cerrar administrativamente casos de deportación. Sin embargo hoy, con la determinación de Garland de anular la opinión de Sessions en el caso conocido como Castro-Tun, devuelve en su totalidad a los jueces esa capacidad.
“La decisión de 2018 de Sessions incluso obligó a la reapertura de unos 350 mil expedientes sentenciados en los últimos 20 años y su reprogramación en las cortes de inmigración para reanudar los procesos de deportación”, afirma información publicada por Jorge Cancino en el portal de Univisión el pasado 18 de noviembre.
¿Quiénes serían los beneficiados?
Cónyuges inmigrantes de ciudadanos o residentes legales permanentes que ingresaron ilegalmente al país y califican para un perdón 601-A para salir del país y luego reingresar sin que les afecte la Ley del Castigo serían parte de los beneficiarios gracias a la decisión de Garland.
“También califican inmigrantes cubanos que tienen un “parole” y al año y un día califican para solicitar la residencia legal permanente (LPR) ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)”, indica también la información de Univision.
La Corte de Inmigración (Oficina de Revisión de Casos de Inmigración) señaló que se encontraba esperando el resultado del “proceso de elaboración de normas” para que los jueces de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) “puedan considerar y, cuando corresponda, otorgar la terminación o desestimación de los procedimientos de deportación en ciertos tipos de circunstancias limitadas”.
La EOIR explica en su documento que la determinación de Garland devuelve a los jueces de inmigración la autoridad para poner fin a los procedimientos de deportación, es decir, lo que se conoce como ‘terminar’ o ‘desestimar’ un procedimiento de expulsión.
Es así que el actual fiscal general anuló la decisión tomada por Sessions restituyéndole a los jueces la discrecionalidad para cerrar casos de deportación.
Deportación: pretenden ofrecer abogados a menores no acompañados y otros inmigrantes víctimas de abuso
Un par de legisladores demócratas presentaron recientemente un proyecto de ley que otorgaría abogados pagados por el gobierno a menores no acompañados, víctimas de violencia, abuso, tortura y personas con discapacidades para que defiendan sus derechos de permanencia en EU en los juicios de deportación.
Inclusive contempla que si no hay defensa, no habría juicio.
Los representantes A. Donald McEachin (Virginia) y Zoe Lofgren (California) fueron los encargados de presentar esta iniciativa denominada Ley de Financiamiento de Abogados para Procedimientos de Remoción de Indigentes (FAIR).
McEachin y Lofgren confían en que el proyecto sea debatido y aprobado de aquí en un mes, pues viene el cierre de la actual legislatura y luego el arranque del nuevo período de sesiones, que es a principios de enero y en el que los los republicanos controlarán la Cámara de Representantes.
El proyecto de este par de legisladores también busca garantizar asesoría legal para quienes viven en o por debajo del 200 por ciento del nivel federal de pobreza, es decir, 27 mil 180 dólares.
Y traería más beneficios tanto para estos inmigrantes vulnerables como para las autoridades migratorias
La aprobación de esta iniciativa, dicen sus impulsores, incrementaría las posibilidades de que terminen ganando sus casos, pero no sólo eso, pues a su vez apresuraría la resolución de los casos de deportación y por último desahogaría los casos rezagados en la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración, la cual acumula más de 2 millones de expedientes.
McEachin manifestó mediante un comunicado que “como exabogado, creo que las personas vulnerables deberían tener acceso a un abogado durante sus audiencias”.
Además señaló que “es inconcebible que los niños, las víctimas y las personas con discapacidad se queden sin representación legal durante procedimientos tan impactantes. No podemos permitir que esto continúe”.
Y agregó que esta iniciativa garantizaría procesos con justicia “para brindarles a las personas vulnerables los recursos legales que necesitan mientras presentan su caso en la corte de inmigración”.
En tanto, Zoe Lofgren, que también es el titular del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara Baja, destacó que FAIR “ahorraría dinero al gobierno y garantizaría que los derechos de los niños al debido proceso estén protegidos”.
¿Cómo operaría FAIR?
Tras ser financiados por el gobierno federal, esta ley que se pretende poner en marcha nombraría a un abogado para que represente a este tipo de inmigrantes mencionados, los representantes legales serían designados por el fiscal general, Garland. La ley actual no otorga defensa legal pagada por el Estado a los inmigrantes.
Igualmente, la iniciativa indica que “ningún proceso de deportación podrá avanzar sin que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgue (en ausencia de una exención) una copia completa de todos documentos relevantes mantenidos por el gobierno con respecto a las transacciones, incluyendo el proceso de inmigración (comúnmente conocido como el ‘expediente A’) y cualesquiera otros documentos pertinentes que el DHS haya obtenido de otras agencias gubernamentales”, refiere también Cancino en Univision.
FAIR necesita además que el secretario de Seguridad Nacional asegure que los migrantes “tengan acceso a abogado dentro de todas las instalaciones fronterizas y de inmigración”.
Por último advierte que cuando un inmigrante vulnerable como los que busca apoyar esta iniciativa, no tenga asesoría legal que lo represente durante el proceso de deportación, el juicio no deberá realizarse.
Quedan unas cuantas semanas para que, como confían McEachin y Lofgren, se pueda aprobar en el Congreso estadounidense esta iniciativa de ley. Veremos si es posible por parte de los demócratas o esto quedará de nuevo en sólo buenas intenciones.
Los legisladores, como lo hemos venido repitiendo, deben de pensar más en estos inmigrantes que vienen a aportar tanto a Estados Unidos y que sólo piden una oportunidad para mejorar sus vidas y cumplir sus sueños.
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