Texas y Luisiana no pudieron contra Biden. La Corte Suprema de EU falló en contra de estos dos estados, quienes buscaban que las la prioridades de deportación del presidente demócrata quedaran sin efecto, pues se centran sólo en los extranjeros que representan una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.
Texas y Luisiana pierden contra Biden, Suprema Corte no se mete con las prioridades de deportación del presidente
El argumento de Texas y Luisiana, ambos estados gobernados por republicanos, era el de los costos “en los que dijeron que incurrirían porque la administración de Biden no estaba siguiendo las leyes que exigen que los funcionarios de inmigración arresten a ciertos no ciudadanos”, expone Law360 en una nota publicada por Britain Eakin.
Sin embargo, con una votación de 8 a 1, el máximo tribunal de justicia de EU dictaminó que “los estados no tienen “potestad” para impugnar decisiones de este tipo tomadas por el gobierno federal cuando se trata del manejo de temas federales, como la ley de inmigración”, explica la información de Jorge Cancino publicada en Univision.
El juez Brett Kavanaugh señaló que “los estados no citan ningún precedente, historia o tradición de cortes federales que entretengan demandas de este tipo”.
“Calificando la demanda de los estados como “extraordinariamente inusual” por pedirle al poder judicial que ordene al poder ejecutivo arrestar a más personas, la mayoría reiteró su antigua prohibición de considerar tales denuncias, diciendo que no hay daño concreto que la corte pueda reparar”, indica el reporte de Law360.
De esta forma, las prioridades de deportación, dictadas por Biden apenas unos días después de su llegada a la Casa Blanca en 2021, seguirán enfocadas en los inmigrantes sin documentos que tienen antecedentes criminales graves.
Derechos de libertad
“Cuando el poder ejecutivo elige no arrestar o enjuiciar a ciertas personas, no está infringiendo los derechos de libertad que los tribunales generalmente tienen la autoridad de proteger, dice la decisión”, subraya Law360.
El juez Kavanaugh también resaltó que aceptar el argumento de Texas y Luisiana “‘implicaría una dirección judicial expansiva’ sobre las políticas de arresto del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU ., y es mejor dejar esas decisiones políticas en manos del Congreso”, apunta Eakin.
Y Kavanaugh abundó al expresar que “si el tribunal da luz verde a esta demanda, podríamos anticipar quejas en los próximos años sobre la supuesta aplicación insuficiente del poder ejecutivo de cualquier ley redactada de manera similar, ya sean leyes de drogas, leyes de armas, leyes de obstrucción de la justicia o similares”.
Sólo un juez estuvo a favor de Luisiana y Texas
El juez Samuel Alito fue el único que no estuvo de acuerdo con la mayoría y hasta dijo, según Law360, que “sus colegas ignoraron las conclusiones de los hechos que cuantifican los costos en los que incurrieron los estados al supervisar penalmente a los no ciudadanos que deberían haber estado bajo la custodia del DHS”.
“La sentencia le otorga una importante victoria Biden frente a dos de los estados gobernados por republicanos que se oponen férreamente a la política migratoria del mandatario, basada en la recuperación del debido proceso migratorio y desarticular la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump”, recalca por su parte el reporte de Univision.
De acuerdo con DHS, durante la primera mitad del año fiscal 2023, este departamento realizó 225 mil 483 deportaciones y retornos, un aumento sobre la cifra de 170 mil 896 durante el mismo periodo del año anterior.
“Esa cifra incluye casi 66 mil deportaciones, 48 mil 381 efectuadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y se suman al millón 079 mil 507 que fueron expulsados por el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) por la frontera suroeste bajo la orden de salud pública del Título 42.
La administración Biden ha argumentado que hay más de 11 millones de inmigrantes no autorizados en EU y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene los recursos para expulsarlos a todos.
Las prioridades de deportación del Gobierno de Biden
Estas son las categorías de prioridades de deportación:
Seguridad nacional. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:
- él o ella ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo o relacionados con actividades terroristas;
- él o ella se ha involucrado o es sospechoso de participar en actividades de espionaje o relacionadas con actividades de espionaje; o
- Su aprehensión, arresto o custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.
Seguridad fronteriza. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:
- Fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba entrar ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; o
- él o ella no estuvo físicamente presente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.
Seguridad pública. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:
- Representa una amenaza para la seguridad pública y;
- Él o ella ha sido condenado por un delito grave según se define en la sección 101 (a) (43) de el INA; o, por último:
- Ha sido condenado por un delito por el que estuvo activa participación en una pandilla criminal callejera, como se define en 18 U.S.C. § 521 (a) no menor de 16 años y participó intencionalmente en un crimen organizado pandilla u organización criminal transnacional para promover la actividad ilegal de la pandilla u organización criminal transnacional.
Con información de Law360 y Univision.
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