El Noveno Circuito en pleno anuló una decisión de panel dividida que podría haber puesto fin a las protecciones migratorias temporales (TPS) para ciudadanos de El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua –indica información de Law360–, y a su vez acordó volver a escuchar el caso alegando violaciones constitucionales si el gobierno federal revocara las protecciones.
Anulan opinión que permitió revocación de TPS
“La votación para que el caso se vuelva a escuchar en pleno, o por todos los jueces no recusados de la corte, se produce después de más de un año de negociaciones fallidas entre la administración de Biden y aquellos con Estatus de Protección Temporal, una designación que ofrece temporalmente permisos de trabajo y viaje a los nacionales de ciertos países que experimentan condiciones inseguras, como conflictos armados o desastres ambientales”, señala.
Ante ello, retoma el posicionamiento de la jueza principal Mary H. Murguia: “Con el voto de la mayoría de los jueces activos no recusados, se ordena que este caso se vuelva a escuchar en pleno de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento de Apelación 35 (a) y la Regla de Circuito 35-3. La opinión del panel de tres jueces queda anulada”.
La disputa por el TPS
“Los beneficiarios de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda en marzo de 2018 tras la decisión de la administración Trump de poner fin a las designaciones de TPS para los cuatro países, lo que, según dijeron, estaba motivado en gran medida por la animosidad racial y de origen nacional. Posteriormente, la administración Trump agregó a Nepal y Honduras a su lista de países a los que apunta la terminación del TPS”, refiere Law360 como parte del contexto sobre este pleito legal.
“El juez de distrito de California, Edward Chen, encontró que los beneficiarios de TPS habían planteado ‘preguntas serias’ sobre si la discriminación fue un factor motivador para poner fin a sus protecciones y razonó que el equilibrio de las dificultades ‘se inclina bruscamente a favor’ de los beneficiarios y sus familias. En octubre de 2018, accedió a la solicitud de los titulares de TPS de una orden judicial preliminar que prohibía al gobierno revocar la designación mientras se desarrollaba la demanda”, señala también este portal especializado en los procesos judiciales.
“Pero un panel del Noveno Circuito 2-1 anuló la medida cautelar en septiembre de 2020, y los jueces de circuito de EE. UU. Consuelo Callahan y Ryan D. Nelson no estuvieron de acuerdo con el tribunal inferior en que los demandantes mostraron una probabilidad de éxito o plantearon preguntas serias”, recuerda en su análisis.
Sin embargo –agrega Law360– el panel acordó en febrero de 2021, un mes después de la juramentación del presidente Joe Biden, pausar el caso para ver si Biden tomaría alguna medida que pudiera afectar el caso.
Fue entonces que “la administración de Biden y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California solicitaron más tarde al Noveno Circuito que remitiera el caso a mediación y ‘explorara la posibilidad de un acuerdo’”.
Asimismo, refiere que los documentos judiciales muestran que los esfuerzos de mediación se “agotaron” en octubre pasado.
Beneficiarios de TPS en riesgo
“La ACLU dijo en un comunicado proporcionado a Law360 que las conversaciones entre la administración de Biden y los beneficiarios de TPS se rompieron después de 16 meses de negociaciones, dejando a más de 300,000 de los beneficiarios en riesgo de ser deportados de los EE. UU. y separados de sus hijos”, señala.
Otra observación importante de Law360 es que “si bien la administración de Biden redesignó el estatus de TPS para Haití y Sudán, no ha hecho lo mismo para El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras”.
Finalmente, en noviembre pasado “el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU . anunció que los beneficiarios de las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, así como aquellos bajo la designación de Haití y Sudán, mantendrían su TPS en espera de una decisión sobre la orden judicial preliminar”, indica el reporte.
Piden que Biden cumpla con su parte
Al respecto, el Codirector de la facultad del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA, Ahilan Arulanantham, dijo en un comunicado que si bien él y sus clientes están satisfechos con la decisión del Noveno Circuito, el caso “nunca debería haber llegado a este punto”.
Arulanantham agregó que “el presidente Biden tuvo, y todavía tiene, todas las oportunidades para cumplir su promesa de proteger a la comunidad de titulares de TPS”.
Por su parte, la directora legal de Unused Workers United, Jessica Bansal, y quien es otra de las abogadas de los demandantes, resaltó que ella y los demandantes todavía se preguntan por qué Biden está “defendiendo los crueles despidos de TPS de la administración Trump en primer lugar”.
Bansal añadió que “los titulares de TPS son miembros valiosos de nuestra comunidad”, y que “la administración de Biden debería apoyarlos, no defender el intento de Trump de separar a las familias”.
A su vez, la abogada sénior de la Fundación ACLU del Norte de California, Emi MacLean, y que también representa a los demandantes, pidió a Biden que “revoque de inmediato las terminaciones racistas de TPS de Trump”.
Y destacó que “cientos de miles de titulares de TPS no deberían vivir en el limbo ni un día más”.
La promesa de Biden en cuanto al TPS
En otro de sus reportes, Law360 subraya que “en la campaña electoral, el entonces candidato Biden prometió proteger a los titulares del estatus de protección temporal, o TPS, de ser enviados de regreso a países inseguros y dijo que a aquellos que han estado en los EE. UU. durante un período prolongado y construyeron vidas en el país se les ofrecerá un camino a la ciudadanía”.
“Pero –recuerda– el Departamento de Justicia de EE. UU. ha estado luchando contra ese objetivo de política en el Noveno Circuito, donde los titulares de TPS y sus familias impugnaron las órdenes de terminación de la administración Trump para ciudadanos de Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador”.
Y aquí retoma nuevamente las palabras de Arulanantham: “si la administración de Biden sintió la necesidad de defender cualquier parte de la decisión del panel a pesar de las promesas de campaña, nada impide que la administración se siente ahora y trate de resolver el caso”.
Arulanantham resaltó también que “no creo que quieran deportar a estas personas que han vivido aquí legalmente durante 20 años, con autorización de trabajo. Y aún así, no están dispuestos a tomar posiciones de litigio que se ajusten al resultado de esa política”.
“La orden en banc del Noveno Circuito el viernes eliminó la decisión dividida del panel de 2020. Las órdenes de despido originales de la administración Trump cubrían a personas de El Salvador, Nicaragua, Nepal, Honduras, Sudán y Haití. La administración Biden ya ha extendido las protecciones de TPS para Sudán y Haití, pero no para los demás países. La orden del viernes extiende la protección de deportación a más de 300.000 titulares de TPS de los otros cuatro países, al menos por ahora”, enfatiza Law360.
El director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Gregory Z. Chen, y que no está involucrado en el caso, consideró que la orden del viernes es “una victoria a corto plazo” para aquellos titulares de TPS que recibieron protección debido a las condiciones inseguras en sus países de origen, “pero se pusieron en riesgo cuando el expresidente intentó deshacer el Designaciones de TPS”.
Y destacó que se trata de otra oportunidad para que la administración Biden vuelva a participar en las conversaciones sobre un acuerdo.
“La revisión en pleno brinda a la administración de Biden una oportunidad renovada para reexaminar su postura legal y finalmente resolver el caso de una manera que sea consistente con sus esfuerzos continuos para garantizar la protección total de las personas cuyos países de origen están asolados por desastres ambientales y conflictos”. En última instancia, el presidente Biden debe ejercer su autoridad y cumplir su promesa de proteger a las personas que ya han recibido TPS y merecen estabilidad en sus vidas”, le dijo Chen a Law360.
Y en esto estamos totalmente de acuerdo con Chen, que la administración actual proteja a los inmigrantes que se ganan la vida honradamente para sacar adelante a sus familias. Y que al mismo tiempo, Biden cumpla su promesa de proteger a los beneficiarios de TPS para otorgarles un camino a la residencia y no vivan sus vidas con esa incertidumbre.
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