Ante los graves retrasos en el trámite de la Visa U para inmigrantes víctimas de delitos, Ayuda Legal de Carolina del Norte (LANC), el Centro de Justicia de Carolina del Norte (NCJC) y el Centro de Apoyo Legal de Charlotte (CCLA) se han unido para presentar una demanda en contra del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Te contaremos también sobre los más recientes pronunciamientos a favor de que se mantenga el TPS para beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
Las demandas, a nombre de 150 víctimas de delitos y solicitantes de Visa U, fueron interpuestas en Nebraska y Vermont en semanas pasadas para apoyar a los exiliados afectados por las demoras de años.
Igualmente, buscan obligar a USCIS a cumplir con la intención de la ley de proteger efectivamente a los inmigrantes víctimas de delitos, así como proporcionar a las fuerzas del orden herramientas eficaces para investigar y perseguir las actividades delictivas graves.
¿Qué es la Visa U?
Cabe recordar que la Visa U es un estatus de no inmigrante que tiene la finalidad de apoyar a personas que han sufrido cierto tipo de delitos en Estados Unidos y están ayudando con investigaciones o enjuiciamientos.
Los delitos tienen que ser graves, como torturas, violaciones, agresiones graves, violencia doméstica, todo tipo de agresión sexual y explotación sexual, prostitución, tráfico de personas, esclavitud, detenciones falsas, secuestro y chantajes, entre otros.
El Congreso creó la visa de no Inmigrante “U” mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000 para quienes han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias del orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o persecución de actividades criminales.
Esta ley está dirigida a fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y procesar judicialmente los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, a su vez que protege a las víctimas de estos crímenes y están dispuestas a ayudar a las autoridades del orden público en las indagatorias.
La normativa también ayuda a las agencias del orden público a dar mejor servicio a las víctimas de crímenes, pero sobre todo brinda beneficios migratorios a los exiliados que han sido víctimas de estos delitos graves.
Te invitamos a conocer más de esta Visa U en este artículo publicado en el Blog de la abogada de inmigración Erika Jurado, y también te recordamos que en el despacho de abogados de inmigración Jurado-Graham se atienden estos casos de Visa U para víctimas de delitos, toda la información sobre esto te la dejamos aquí.
La Visa U te otorga también un permiso de trabajo
Pero además, si calificas para ser solicitante de la Visa U, tendrías derecho a recibir un permiso de trabajo mientras siga el trámite de tu Visa U, y eso es gracias a la actual administración.
“Hoy primero dan permisos de trabajo. Lo bueno que hizo el gobierno de Biden, es que decidieron dar permisos de trabajo a quienes se encuentren esperando la Visa U, eso es muy bueno”, nos explica Helene Fehlig Tatum, quien es parte del equipo de abogados de inmigración del despacho de la jurista Erika Jurado.
“Los retrasos de años en la tramitación de solicitudes hacen que las víctimas no puedan trabajar y mantenerse a sí mismas y a sus familias. Los demandantes han argumentado que los significativos retrasos en la concesión de los visados U han dejado a las víctimas de delitos sin lograr justicia”, señala un reporte de quepasamedia.com.
“Para la víctima de violencia doméstica que acaba de denunciar delitos de su pareja maltratadora, esa que paga el alquiler, es esencial que la autorización de trabajo esté disponible lo antes posible, no dentro de cinco años”, dijo Rona Karacaova, abogada del Proyecto de Inmigrantes Maltratados de Legal Aid NC.
“Cualquier víctima que se entere de que tardará años en recibir un visado U probablemente se desanime a solicitarlo. Los beneficios potenciales de obtener un estatus legal a través del proceso parecen demasiado remotos”, indicó por su parte Charles Blackwood, sheriff del condado de Orange.
Y agregó que “no son un incentivo eficaz para denunciar cualquier delito o relacionarse voluntariamente con un agente de la ley. La reticencia de cualquier parte de la comunidad a denunciar un delito pone en peligro la seguridad de todos y complica nuestra capacidad para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad”.
Acabar con TPS afectaría a todos los involucrados
Veinte fiscales generales de estados que incluyen Nueva York, Arizona y Colorado le dijeron recientemente al Noveno Circuito que la gran mayoría de los inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán beneficiarios del TPS han llamado a EU su hogar durante décadas, y se han integrado en sus comunidades, formado familias, avanzado en sus títulos y fundado negocios.
Por tales motivos, indicaron que de acabar con el TPS, estos grupos pondrían en peligro sus vidas mientras cojean las economías locales de los estados donde radican.
En su informe, los estados señalaron que “permitir que el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. prosiga con la finalización del TPS, una designación que ofrece temporalmente permisos de trabajo y viaje a los ciudadanos de ciertos países que experimentan condiciones inseguras, como conflictos armados o desastres ambientales, no sólo obligaría a los titulares de TPS a ser separados de sus familias y volver a condiciones que amenazan la vida, pero también daría lugar a “miles de millones de dólares en pérdida de producción económica, recibos de impuestos, contribuciones al Seguro Social y Medicare”.
“Un juez federal de California había emitido laorden judicial preliminar en 2018, que impidió que la administración anterior de Trump pusiera fin al TPS para los ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán y dijo que tenía ‘serias dudas’ sobre si la discriminación era un factor motivador para poner fin a las protecciones”, indica ul reporte de Law360 publicado el pasado 6 de marzo.
“Sin embargo, un panel dividido del Noveno Circuito anuló la medida cautelar en septiembre de 2020, y la jueza de circuito de EE. UU. Consuelo Callahan dijo que no estaba de acuerdo con el juez de distrito de EE. UU. Edward Chen en que los demandantes mostraban una probabilidad de éxito o planteaban preguntas serias. Pero el Noveno Circuito en pleno anuló la decisión de ese panel el mes pasado (febrero) y acordó volver a escuchar el caso alegando violaciones constitucionales si el gobierno federal revocara las protecciones”, agrega Law360.
“Con la vista puesta en si la lucha para revocar las protecciones continuará bajo la administración de Biden, que ha extendido las protecciones de TPS para Sudán y Haití, pero no para El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras, los fiscales generales demócratas le dijeron al Noveno Circuito que poner fin al TPS separar familias y obligar a muchos miembros de las comunidades de sus estados a mudarse a países peligrosos (afectaría sobre todo la vida de los solicitantes)”, destaca también Law360.
Niños ciudadanos estadounidenses se verían afectados
“Dijeron que muchos de los titulares de TPS afectados han vivido y trabajado legalmente en los EE. UU. durante décadas e incluso crecieron allí desde la infancia. Muchos también se han casado con ciudadanos estadounidenses o residentes legales”, añade.
De acuerdo con los fiscales generales, son 192 mil 700 niños los que nacieron de salvadoreños TPS y al menos 53 mil 500 de hondureños TPS.
Y ante ello los fiscales subrayaron que “cada uno de esos niños es ciudadano estadounidense”.
Señalaron también que la sola perspectiva de que un miembro de la familia sea deportado puede provocar que los niños lleguen a tener problemas graves de salud mental como depresión, ansiedad y autolesiones.
“Y cuando las familias terminan siendo separadas, dijeron que esos daños empeoran. Señalaron un estudio que afirma que los niños cuyos padres fueron deportados se negaban a comer, se arrancaban el pelo, experimentaban dolores de cabeza y estómago persistentes, abusaban de sustancias y tenían problemas con las actividades diarias y manteniendo relaciones positivas con un padre que no fue deportado”, dice Law360.
Por ello, los fiscales resaltaron que “estas experiencias traumáticas de la infancia pueden infligir daños duraderos, incluidos daños graves en la autoestima y la capacidad de un niño para formar relaciones cercanas más adelante en la vida, aumento de la ansiedad y depresión”.
“En cuanto a los adultos que fueron separados de sus familias cuando eran niños, los estados dijeron que enfrentaron tasas más altas de enfermedades mentales, abuso de sustancias y enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades cardíacas, entre otros daños”, indican.
Las comunidades estadounidenses también perderían
Y recalcaron que de revocarse las protecciones de TPS, las comunidades también perderían mucho.
“‘Aunque no haya separación familiar, la pérdida de miembros valiosos a largo plazo de las comunidades causaría un daño grave e incalculable, ya que los residentes de los estados de amici pierden a sus amigos, colegas, miembros de la congregación y líderes cívicos’, dijeron, señalando que muchos han contribuido a sus comunidades a través del activismo cívico y el trabajo voluntario”, señala Law360.
Y no hay que olvidar que los peligros en los países de donde son originarios estos beneficiarios de TPS aún permanecen.
“Los estados dijeron que el Departamento de Estado de EE. UU. había advertido en 2017 que no se pusiera fin al estatus de TPS de El Salvador debido a las altas tasas de homicidios, las débiles capacidades de aplicación de la ley y los servicios gubernamentales inadecuados. “El Departamento de Estado también tiene a Nicaragua bajo un aviso de viaje de Nivel 3 debido a los altos niveles de delitos violentos, aplicación de la ley ‘arbitraria’ y ‘disponibilidad limitada de atención médica’”, agrega.
“Obligar a los miembros de las comunidades a regresar a países en condiciones tan peligrosas, violentas y represivas, y obligar a los niños nacidos en Estados Unidos a viajar allí por primera vez, los expondría a graves riesgos de daño”, señala el informe.
Con información de Law360.
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