Hoy el racismo en Estados Unidos tiñe la ley migratoria. Pero los especialistas analizan que no fue siempre así. ¿Sabes cuándo cambió y por qué?
Desde hace muchos años, los estadounidenses se han acostumbrado a leer tristes noticias sobre distintos acontecimientos ocurridos en la frontera México Estados Unidos. Los arrestos, las detenciones y las deportaciones de personas indocumentadas en el interior del país también son moneda frecuente. Estas historias dominan cualquier discusión sobre política migratoria estadounidense, desde el tema de la seguridad fronteriza hasta la reforma migratoria.
Sin embargo, muchas personas se sorprenden al descubrir que este no siempre fue el caso. La criminalización de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo, y la detención de inmigrantes fueron la excepción y no la norma hasta la década de 1990. De hecho, el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, César Cuauhtémoc García Hernández declara en su libro “Crimmigration Law” que esta forma de proceder está en desacuerdo con gran parte de la historia de la nación.
“No es una coincidencia que la ley de inmigración se criminalizara más justo cuando Estados Unidos cerró muchas de las vías legales para que los mexicanos inmigrasen legalmente; podemos mirar la delincuencia desde un punto de vista racializado en el contexto actual” apunta el profesor.
Básicamente, García Hernández afirma que la ley de inmigración y la ley penal se han fusionado, a menudo en detrimento de los derechos de quienes buscan migrar a los Estados Unidos. Este desarrollo tiene un componente discriminatorio que delata el actual nivel de racismo en Estados Unidos.
“Hay personas de Canadá, Australia y Europa Occidental que vienen aquí legalmente y luego se quedan más tiempo de sus visas. Pero cuando se mira las estadísticas de ICE, las personas que están encerradas o con orden de deportación por visas de más de tiempo son abrumadoramente latinoamericanas”, dijo García Hernández refiriéndose al ampliamente conocido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (USCIS).
El gobierno, agrega, está utilizando sus limitados recursos de inmigración para apuntar a personas de origen centroamericano y latinoamericano que llegan a la frontera México Estados Unidos mucho más que a personas de otras nacionalidades.
¿Qué significa que la Ley de Inmigración se haya vuelto una ley de criminalización?
García Hernández explica que en este caso la criminalización es un concepto que trata de explicar cómo prácticas que durante mucho tiempo fueron comunes para hacer cumplir la ley penal, de repente comenzaron a aparecer en el contexto de la ley de inmigración y viceversa.
Tradicionalmente, los casos de inmigración se consideraban asuntos civiles y se manejaban en el sistema de tribunales de inmigración, mientras que los casos penales eran la arena de los fiscales, abogados defensores y jueces estatales y locales que supervisan los enjuiciamientos penales. Esta distinción, escribe, “se ha convertido sin lugar a dudas en una reliquia histórica”.
Anteriormente, el gobierno tenía una política de no utilizar la detención, excepto en circunstancias inusuales o cerca de la frontera México Estados Unidos. Por el contrario, alrededor de 429.000 personas fueron detenidas en espera de procedimientos de inmigración en el año fiscal 2011.
¿Cuándo empezó a endurecerse la política migratoria de Estados Unidos?
En las últimas décadas, la ley de inmigración se ha volcado cada vez más en los antecedentes penales de un migrante para decidir si la persona es encarcelada o deportada. Entre 1892 y 1984, por ejemplo, unas 14.000 personas fueron excluidas de los Estados Unidos por una condena penal o una infracción de narcóticos, mientras que unas 56.000 fueron deportadas por esos motivos entre 1908 y 1980.
Estas cifras, que abarcan casi un siglo, palidecen frente a las estadísticas contemporáneas. Solo en el año fiscal 2013, ICE deportó a más de 216.000 personas con antecedentes penales.
Según García Hernández, hubo tres fuerzas en juego en los años ochenta y noventa que impulsaron estas tendencias. El número de personas con orden de deportación por haber cometido un delito aumentó debido a que aumentó el número de delitos que podrían resultar en deportación. El Congreso aumentó los poderes de detención de los funcionarios de inmigración y les proporcionó el dinero para ejercerlos. Y el gobierno federal y algunos estados han llegado a depender de un modelo de justicia penal para controlar la inmigración.
¿La justicia es justa en los casos migratorios?
A pesar de que la ley penal está cada vez más implicada en los casos de inmigración, varias protecciones constitucionales que se aplican en casos penales no se aplican o están limitadas en los procedimientos migratorios.
Por ejemplo, García Hernández afirma que las protecciones de la Cuarta Enmienda contra arrestos arbitrarios y registros irrazonables no se aplican en gran medida a los procedimientos de deportación. Tampoco el derecho de la Sexta Enmienda a un abogado (incluido un abogado designado), el derecho a un juicio rápido y el derecho a un juicio con jurado.
Más allá de estas transformaciones históricas, es responsabilidad de cada gobierno que llega al poder profundizar la criminalización migratoria y el racismo en Estados Unidos o proponer una reforma migratoria que apunte a la construcción de un sistema más humano y eficiente.
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