Una propuesta de ley que reiniciaría la construcción del muro fronterizo y realizaría grandes inversiones en tecnología a lo largo de la frontera sur fue presentada por el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes el pasado lunes.
El debate de este proyecto de ley –afirma Law360– se produce en medio de críticas implacables de los republicanos de la Cámara sobre el manejo de la frontera sur por parte del presidente Joe Biden, que incluye un impulso para acusar potencialmente al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas.
Proyecto de ley de la Cámara de Representantes reviviría el Muro fronterizo
“La Ley de Refuerzo Fronterizo de 2023 reforzaría la Protección de Aduanas y Fronteras de EE. UU., agregando otros 3,000 agentes para una meta de 22,000 agentes en total, y prohibiría a los migrantes usar la aplicación CBP One para programar citas en los puertos de entrada para solicitar asilo. La aplicación, que es una pieza central de la reciente política de inmigración de Biden para reprimir los encuentros con migrantes en la frontera sur, se limitaría a fines comerciales según el proyecto de ley”, indica el reporte de By Britain Eakin publicado el 24 de abril.
Desde el pasado 12 de enero la aplicación CBP One le permite a miles de inmigrantes que están varados en la frontera sur de Estados Unidos por no tener documentos migratorios, programar citas para solicitar asilo en ese país basados en una excepción humanitaria al Título 42 en ciertos puertos de entrada terrestres.
La herramienta fue anunciada por el presidente recientemente en la Casa Blanca cuando anunció la ampliación de un programa humanitario de asilo originalmente para inmigrantes venezolanos y que fue ampliado para exiliados de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes a partir de ahora deben contar con un patrocinador en Estados Unidos para poder viajar al país.
El gobierno de EU advirtió que quienes no usen esta aplicación como nuevo mecanismo de entrada al país, serán deportados de manera expedita bajo el Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con la agencia fronteriza, “el uso de CBP One agilizará la experiencia en el puerto de entrada, puede reducir los tiempos de espera, y permite un proceso seguro y ordenado para los puertos de entrada y todos los viajeros”.
Te invitamos a conocer todos los detalles de esta aplicación en el artículo que publicamos para ti en el Blog de la abogada de inmigración, Erika Jurado.
Bloqueos legislativos y más tecnología para CBP
Law360 considera, sin embargo, que esta propuesta de legislación tiene pocas posibilidades de pasar por el Senado controlado por los demócratas, pero resalta que ésta “bloquea las asignaciones de fondos para procesar a los migrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada y prohibiría que el DHS distribuya fondos a organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a dichos migrantes”.
Igualmente destaca que “por el lado de la tecnología, el proyecto de ley exige que los agentes de CBP tengan dispositivos de comunicación adecuados para mantenerse seguros en el campo, y contempla una expansión del ‘sistema integrado de vigilancia y detección de intrusos en los puertos de entrada terrestres a lo largo de las fronteras norte y sur de los Estados Unidos”. Estados’”.
“Los republicanos de la Cámara de Representantes han utilizado su mayoría para destacar los encuentros récord de migrantes en la frontera sur, que atribuyen a las políticas de la administración de Biden que, según afirman, han creado una ‘crisis fronteriza’ al alentar en lugar de disuadir a los migrantes de presentarse para solicitar asilo”, señala.
Arrestos de inmigrantes en frontera sur de EU caen 96%
Cabe señalar, en contraparte, que según “cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DSP) los arrestos de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 96% durante los primeros dos meses de 2023. Durante enero y febrero se registraron 1,231 a comienzos de enero a un promedio de 46 a finales de febrero de este año”, asegura Alonso Calatrava en su reporte para El Diario publicado a mediados de este mes.
De acuerdo con “datos del Departamento de Seguridad Nacional, hasta el 31 de marzo 55,000 cubanos, nicaragüenses y haitianos recibieron autorización de viaje, mientras se registraron a más de 40,000 venezolanos autorizados desde octubre y hasta marzo”, indica Calatrava.
“Además de esos datos, cerca de 15,000 cubanos, más de 18,000 haitianos, más de 7,500 nicaragüenses y más de 32,000 venezolanos ya han llegado legalmente a Estados Unidos a través de estos procesos”, reporta El Diario.
“El pasado mes de marzo las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó una caída de las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos por segundo mes consecutivo, después de que Joe Biden extendiera a comienzos de 2023 las expulsiones bajo el Título 42”, afirma Calatrava.
Republicanos dicen que Biden no tiene el control operativo de la frontera sur
“Entre sus principales críticas, los republicanos se han quejado de que la administración Biden no tiene el control operativo de la frontera sur. Al anunciar el proyecto de ley el lunes, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, republicano por Tennessee, calificó la supuesta crisis fronteriza como ‘una de las mayores amenazas a la seguridad que enfrenta el pueblo estadounidense’”, apunta también la información de Eakin.
EU deja un gran paquete a México en el tema fronterizo de inmigración
“Las administraciones de Trump y Biden han confiado cada vez más en México para frenar un flujo de migrantes que ha convertido a Estados Unidos en el destino más popular del mundo para los solicitantes de asilo desde 2017, según cifras de la ONU”, señaló la agencia AP recientemente.
“Los guatemaltecos fueron el grupo más grande entre los muertos o heridos en el incendio del lunes, según la Procuraduría General de la República de México. Otros eran de Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia y Ecuador”, expuso.
Asimismo, indicó que “los guatemaltecos se han visto afectados de manera desproporcionada por una política estadounidense vigente desde marzo de 2020 de devolver a México a las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos. La práctica suspendió sus derechos de solicitar asilo por motivos de prevención de Covid-19”.
“México acepta de regreso a guatemaltecos y algunas otras nacionalidades, mientras que personas de otros países a menudo son liberadas en los EE. UU. para llevar sus casos a la corte de inmigración. Eso se debe a los costos y desafíos diplomáticos de enviarlos a casa”, explicó también la agencia.
Y como sabes, el gobierno de Biden puso como fecha para terminar con el Título 42 el próximo 11 de mayo para reemplazarla con una nueva política radical que prohíbe en gran medida el asilo para cualquier persona que viaje por México sin primero buscar protección allí.
“El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. recibió más de 11,000 comentarios sobre la nueva política antes de la fecha límite para recibir comentarios del público. La agencia de la ONU para los refugiados dijo que ‘los elementos clave de la propuesta son incompatibles con los principios del derecho internacional de los refugiados’”, acota AP.
Buscan detener todos los cruces ilegales de inmigrantes y la entrada de narcóticos
A su vez, en un comunicado, Green indicó que “esta legislación exige transparencia del DHS y garantiza que CBP y los estados fronterizos tengan la infraestructura, el personal y la tecnología necesarios para recuperar el control de nuestras fronteras soberanas. Es hora de poner a los cárteles en su lugar y poner primero la protección de nuestras comunidades”.
De igual forma subraya que “el proyecto de ley del Comité de Seguridad Nacional viene inmediatamente después de un proyecto de ley fronterizo separado, la Ley de Seguridad y Cumplimiento de la Frontera, que se presentó la semana pasada y fue rechazado por el Comité Judicial de la Cámara. Ese proyecto de ley restringiría la disponibilidad de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y reactivaría y ampliaría la detención familiar”.
“Mientras tanto, el proyecto de ley del lunes requeriría la construcción de un muro y barreras, y el uso de tecnología e infraestructura táctica a lo largo de 900 millas de la frontera sur ‘hasta que se logre la conciencia situacional’ o el conocimiento de los cruces fronterizos ilegales y el control operativo según lo define la Ley de Cercas Seguras de 2006”, señala.
“El control operativo, tal como lo define la Ley de Cercas Seguras, significa detener todos los cruces ilegales de migrantes y la entrada de narcóticos. Los republicanos de la Cámara de Representantes criticaron recientemente a Mayorkas por afirmar anteriormente que EE. UU. tiene el control operativo de la frontera, aunque dijo durante un testimonio reciente en el Congreso que no usa la definición de la Ley de Cercas Seguras, bajo la cual dijo que ninguna administración ha logrado nunca el control operativo”, abundó Law360.
Al mismo tiempo, recalca que “durante una audiencia la semana pasada, Green sugirió que era una admisión de que el testimonio anterior de Mayorkas de que el DHS tiene el control operativo de la frontera era “una mentira bajo juramento”.
“Al reactivar la construcción del muro fronterizo, el proyecto de ley de Seguridad Nacional instruye al DHS a utilizar los fondos que el Congreso ya destinó para eso durante la administración Trump, que Biden detuvo rápidamente mediante una orden ejecutiva poco después de asumir el cargo. El proyecto de ley también requiere un informe sobre si considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y exige un informe sobre los costos en los que incurren los estados para asegurar la frontera y si pueden ser reembolsados”, añade en su análisis.
“El proyecto de ley también contempla un informe sobre los costos en que incurren las comunidades locales en los estados fronterizos por la ‘migración masiva’. Los estados republicanos que han desafiado las políticas de inmigración de Biden en los tribunales y se han puesto de pie argumentando que se ven perjudicados por el aumento de los costos de los servicios sociales para los inmigrantes que terminaron en sus estados debido a las políticas de la administración”, agrega por último.
Con información de Law360.
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