Como “arbitrario y caprichoso” calificó un juez el hecho de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) usen el Título 42 para evitar que las personas accedan al proceso de asilo.
Dictamina juez que el Título 42 es violatorio de la ley
Además, el juez Emmet Sullivan del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington, DC, dictaminó que esta orden de salud de emergencia conocida como Título 42 para expulsar inmediatamente a los migrantes en la frontera sur después de que ingresaron a Estados Unidos, es una violación a la ley porque no fue implementado correctamente.
“No es razonable que la CDC asuma que puede ignorar las consecuencias de cualquier acción que decida tomar en la búsqueda de cumplir sus objetivos, particularmente cuando esas acciones incluyeron la decisión extraordinaria de suspender los derechos procesales y sustantivos codificados de los no ciudadanos que buscan seguridad”, señaló Sullivan.
Por tales motivos, Sullivan suspendió temporalmente el Título 42 el pasado martes 15 de noviembre y ese mismo día por la noche el Departamento de Justicia de EU presentó una solicitud para que a los funcionarios de inmigración se les otorgaran cinco semanas para cumplir con la orden.
La petición fue aceptada por Sullivan y ahora el gobierno tendrá como límite el próximo 21 de diciembre para poner fin al Título 42.
Van 2.4 millones de expulsiones de inmigrantes desde marzo de 2020
Un día antes de esta suspensión, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU publicó estadísticas de aplicación que muestran que los agentes fronterizos detuvieron a 230 mil 678 inmigrantes en octubre a lo largo de la frontera sur de la Unión Americana y expulsaron a más de 78 mil 400 sin darles la oportunidad de defender sus casos.
Las autoridades migratorias han realizado más de 2.4 millones de expulsiones, desde que la administración anterior, encabezada por el magnate republicano Donald Trump, emitió la orden en marzo de 2020.
Los inmigrantes procesados bajo el Título 42 no pueden solicitar asilo estadounidense y, por el contrario, son expulsados a México sin importar si están solicitando asilo.
El antecedente de esta decisión de Sullivan es la demanda que presentó la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) en enero de 2021 bajo el argumento de que el Título 42 violaba las leyes de asilo de EU y que el gobierno de Trump usó la pandemia del Covid-19 sólo como pretexto para invocar el Título 42 y usarlo como una herramienta en la política de inmigración impuesta por el ex presidente republicano.
El largo camino andado por el Título 42
La administración Biden intentó poner fin al uso del Título 42 a inicios de este 2022 e indicó que la mejora en las condiciones de la pandemia era la razón, pero en abril pasado la demanda de una coalición de estados liderados por republicanos convenció a un juez federal en Louisiana para que detuviera la conclusión de esta política de salud y migratoria mayormente.
Otro punto que estos estados argumentaron fue que de terminarse el Título 42 los gobiernos estatales tendrían que gastar el dinero de los contribuyentes proporcionando servicios como atención médica a los migrantes.
A pesar de que el gobierno actual apeló ese fallo, la administración de Biden ha seguido usando el Título 42 como política migratoria en medio de las citadas cifras récord de detenciones de inmigrantes en la frontera sur estadounidense.
Por más de dos años, México solo permitía que fueran deportados a su territorio migrantes mexicanos y centroamericanos. No obstante, en octubre pasado, el país que tiene como presidente a Andrés Manuel López Obrador, anunció que también aceptaría las expulsiones de los hermanos venezolanos.
El Post deja toda la responsabilidad al Congreso para arreglar el “roto” sistema de asilo en EU
Ante tal panorama, el Consejo Editorial del Washington Post indica que si se acaba el Título 42 una consecuencia probable será una oleada de nuevos cruces fronterizos y deja toda la responsabilidad al Congreso estadounidense para reparar el “roto” sistema de asilo.
“El Congreso ha eludido rutinariamente la responsabilidad de abordar la disfunción fronteriza, en gran parte como resultado de un sistema de asilo que los legisladores han dejado roto. A menos que el Congreso actúe, la nación enfrentará las consecuencias de las vacilaciones de los legisladores”, asevera.
“Podría ser cierto, como argumentaron los fiscales generales estatales republicanos al tratar de retener el Título 42, que el fin de las expulsiones masivas bajo la orden alentará a más inmigrantes indocumentados a cruzar la frontera, donde se han detenido números récord en el último año.
“Es igualmente cierto que el uso continuado de la medida es jurídicamente arbitrario y lógicamente injustificable , como concluyó el juez Emmet G. Sullivan del Tribunal de Distrito de EE. UU. en DC. Incluso cuando los agentes fronterizos de EE. UU. prohibieron a los solicitantes de asilo como amenazas para la salud pública, observó el juez, millones de otras personas ingresaron al país en autobús y automóvil, con pocos controles de salud”, contrasta el editorial del Post publicado el 17 de noviembre.
“Ahora esperemos que el resultado previsto de la decisión del juez Sullivan, un aumento en los cruces fronterizos no autorizados, impulse al Congreso a tomarse en serio la revisión del sistema para investigar y procesar las solicitudes de asilo. El objetivo debe ser admitir y adjudicar rápidamente a quienes tienen temores legítimos de persecución en sus países de origen, y deportar rápidamente a quienes no los tienen”, advierte.
“El colapso progresivo del sistema de asilo de este país durante muchos años, y no los mensajes ciertamente turbios de la administración Biden sobre la migración, es la causa principal del acelerado desorden actual en la frontera.
“La mayoría de los 770.000 migrantes que esperan que sus solicitudes de asilo sean revisadas por abrumados tribunales de inmigración ingresaron al país antes de que el presidente asumiera el cargo en enero del año pasado.
“Su tiempo promedio de procesamiento en los tribunales de inmigración, más de tres años en algunos estados, es el resultado de un número lamentablemente insuficiente de jueces de inmigración y oficiales de asilo y una capacidad insuficiente del centro de procesamiento.
“Sólo el Congreso puede abordar esos temas, y la legislación se ha propuesto proporcionar nuevos recursos para hacerlo. Se ha estancado, víctima del enredo de la inmigración en las guerras culturales más amplias de la nación”, sostiene el Washington Post.
“En respuesta al fallo del juez Sullivan, la administración de Biden solicitó un período de gracia de cinco semanas para prepararse para el aumento anticipado de inmigrantes. Se ha preparado para enviar rápidamente recursos a la frontera, incluidas miles de camas para mantener a los detenidos en tiendas de campaña, y está planeando deportaciones más rápidas como medida disuasoria. Sin embargo, en última instancia, la solución y el fracaso recaen en el Congreso”, subraya el editorial del Post.
Este diario tiene toda la razón en señalar que el sistema de asilo estadounidense necesita cirugía mayor, pues seguramente son cientos de miles de inmigrantes los que llegan a la frontera sur de EU con razones suficientes para poderles otorgar asilo, pero quizá la misma inercia que se acumuló en la administración Trump por parte de las autoridades migratorias aún dificulta que sean escuchados y se les brinde un proceso adecuado a sus legítimas demandas de amparo al huir de violencia o hambre en sus países de origen.
Habrá que ver primero las acciones implementadas por el gobierno de Biden luego de que pasen las cinco semanas que le otorgó el juez para poder dar por concluido el Título 42, pero también el Post tiene toda la razón en que el Congreso estadounidense debería hacer más en favor de estos solicitantes de asilo que temen por su futuro o incluso por sus vidas.
Con información del Washington Post.
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